Illa subleva a las autonomías con su “no” plan de desescalada

Pocos avances en la primera reunión formal entre Sanidad y las comunidades para diseñar el proceso de desescalada. Volverán a verse la próxima semana a nivel técnico y en el Consejo Interterritorial. Ayer Sanidad se limitó a hacerles llegar un informe, a modo de índice, con generalidades sobre los marcadores que será necesario cumplir en cuanto a tasa de hospitalización, capacidad de camas UCI, previsión de medios de protección colectiva o de pruebas para los que muestren síntomas leves. La recomendación del Gobierno apunta que para empezar a realizar la desescalada los servicios sanitarios deben tener capacidad de realizar PCR de todos los sintomáticos, que en casos leves podrían hacerse en sus domicilios o en puntos de diagnóstico con cita previa.

El Ministerio acepta que la desescalada sea asimétrica, pero por territorios, que no tienen necesariamente que coincidir con las comunidades porque hay que tener en cuenta las zonas de influencia y los flujos de relaciones laborales y económicas que condicionan los movimientos de población. Sanidad se enfrenta a la división autonómica y al pulso que plantean ya algunos Gobiernos, como el de Quim Torra, para forzar desconfinamientos «a la carta».

Hay comunidades más partidarias de que haya un criterio o un método común para todas, aunque luego se flexibilice en función de las caraterísticas particulares de cada territorio. Es el caso, por ejemplo, de Castilla y León o Castilla-La Mancha, que defienden que se apliquen criterios epidemiológicos y sanitarios y se eviten los reinos de Taifas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reclamó la competencia del «mando único» para ordenar el proceso, incluso dentro de la asimetría. Algunas de las comunidades presionaron ya ayer con sus propios planes para orientar esa desescalada en dirección a que progresivamente se recuperen actividades como hacer deporte al aire libre, empiecen a abrirse algunos comercios y también se materialice una vuelta gradual a las aulas. De partida, el Gobierno se opone a que no haya un plan único en relación a este último punto.

Por cierto, no será necesario que haya una tasa de transmisión cero para iniciar la desescalada, pero sí se tendrán en cuenta otros factores como las capacidades sanitarias para poder responder en caso de rebrote, así como los sistemas de vigilancia para la detección precoz de los casos.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, advirtió de que en la propuesta planteada por Sanidad hay que «ser más ambicioso y hay que ir más allá». También defendió que debe realizarse una toma de decisiones homogénea y según cada territorio, con más medios para trazar el mapa de la población con respecto al virus, incluyendo las posibilidades que ofrece la tecnología. Madrid ha empezado el estudio de seroprevalencia en los profesionales.

Canarias, que es uno de los territorios con menos casos, presentó un plan completamente detallado y que consiste en cuatro fases e incluye medidas como que mayores y niños salgan en franjas horarios distintas y que los ciudadanos salgan en días pares o impares, en función del número en el que viva. El País Vasco pidió el regreso de la actividad educativa presencial desde 4 º de ESO a 1º y 2º de Bachillerato y Formación Profesional, la apertura limitada de pequeños comercios (incluidas las peluquerías), pero no bares, restaurantes ni locales de ocio, y la apertura de museos, teatros y centros culturales con medidas de distanciamiento.

El «lendakari», Íñigo Urkullu, se plantea que las elecciones vascas puedan celebrarse antes de agosto, para evitar que puedan volver a verse afectadas por un posible rebrote de la pandemia en septiembre.

La propuesta de Galicia apunta a que se permita salir a los ciudadanos como mínimo una hora para hacer ejercicio de modo individual, y aperturas comerciales controladas.

Por su parte, la Generalitat volvió ayer a exigir libertad total en la gestión de su desescalada con un plan que aprobará previsiblemente hoy. Contempla una apertura en cinco fases, con test masivos, y con la posibilidad de abrir la puerta a la creación de un certificado de inmunidad. Sobre este último punto no hay acuerdo entre los socios de gobierno, JxCat y ERC.