La Fiscalía investiga a 109 residencias de ancianos

Las fiscalías de las distintas comunidades autónomas tienen abiertas más de un centenar de investigaciones penales sobre otras tantas residencias de ancianos, tanto públicas como privadas, principalmente para determinar la posible existencia de delitos de homicidios imprudentes o lesiones, relacionados con fallecimientos o lesiones sufridas por residentes a causa principalmente del coronavirus. En concreto, son 109 las diligencias abiertas por la Fiscalía en todo el territorio nacional respecto a centros de mayores, además de otros 12 procedimientos que ya investigan distintos juzgados de Madrid, Castila-La Mancha, Castilla y León y Galicia, según datos facilitados hoy por la Fiscalía General del Estado. Y, junto a ellas, hay otras 176 diligencias civiles, abiertas en el ámbito de protección de derechos de las personas. Con estos datos, son un total de 119 las residencias que son objeto de investigación penal, de las casi cinco mil que hay en España. Junto a las residencias, el Ministerio Público también ha iniciado distintas investigaciones sobre hospitales y centros para personas con discapacidad y en un caso también por la situación de riesgo derivada de la reubicación en una residencia de personas que procedían del hospital, así como de otra en la que realizó un seguimiento y control telemático de un total de 63 residencias de la provincia de Cáceres. Estos datos son sensiblemente superiores en materia penal a los aportados la semana pasada, cuando la Fiscalía elevó hasta 86 el número de residencias investigadas penalmente.

Por comunidades, son las residencias ubicadas Madrid y Cataluña son las que están más bajo la lupa de investigación, aunque obviamente también son donde hay más centros de ese tipo. Así, en la comunidad de Madrid son 39 las residencias respecto a las cuales la Fiscalía tiene abiertas diligencias penales y sobre las que tendrá que decidir si archiva las mismas o las remite al juzgado correspondiente si tras la investigación determina que hay indicios de la comisión de algún delito. Esto último es lo que ha sucedido con cinco diligencias que se abrieron en su momento y donde se determinó que había que trasladar las mismas a los juzgados porque aparecieron indicios de responsabilidad penal.

En Cataluña, por su parte, las diligencias de investigación penal afectan a 24 residencias de las que 10 están situadas en Barcelona y el resto repartidas en la comunidad autónoma. De esta forma, en las comunidades de Madrid y Cataluña son 66 las residencias investigadas en estos momentos por la Fiscalía, lo que representa el 62 por ciento del total a nivel nacional.

Tras Madrid y Cataluña, el mayor número de diligencias abiertas se sitúan en residencias de Galicia (11), Castilla-La Mancha, y Catilla y León (10). En Extramadura son cuatro los centros sujetos a investigación; tres en Aragón, dos en Canarias y una en Cantabria y la Comunidad Valenciana. En las demás comunidades no hay abiertas investigación penal alguna sobre ninguna de sus residencias.

Junto a estas diligencias penales hay otras cuatro civiles abiertas. En este punto, el Ministerio señala que los fiscales especialistas en toda España se encuentran en “permanente contacto” con las autoridades sanitarias para facilitar la respuesta a aquellas incidencias que, en el marco de sus competencias, pudieran plantearse en torno a las residencias de personas de la tercera edad.