Los dos alemanes que se saltaron un control y arrollaron a tres agentes seguirán en prisión

La Audiencia Provincial de Huesca ha ratificado la situación de prisión incondicional de dos ciudadanos alemanes que el pasado 21 de marzo se saltaron varios controles fronterizos con un BMW 325CI tras pasar a España por el Puerto de Somport (Huesca) y embistieron a una patrulla y a varios guardias civiles, causando heridas leves a tres de ellos. Durante la persecución, que se prolongó cerca de 80 kilómetros entre las localidades oscenses de Canfranc y Nueno, el copiloto llegó a arrojar botellas de agua y cajas a dos agentes motorizados para intentar hacerles perder el equilibrio. Los dos investigados, Christina A. F. B. y Thomas G., ya habían intentado entrar sin éxito en España 48 horas antes por el paso de la Junquera (Gerona).

La Audiencia de Huesca desestima así los recursos interpuestos por los dos imputados contra la decisión de la juez de Jaca Mercedes González, que acordó la medida el pasado 6 de abril, ratificando la privación de libertad acordada tras su detención por el Juzgado de Guardia de la capital oscense. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce el letrado de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) Jorge Piedrafita habían solicitado a la Audiencia que mantuviese en prisión a los dos investigados.

En su resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Serena, la Sala esgrime tanto el “alto riesgo de fuga” como la gravedad de los delitos que se imputan a ambos para avalar la prisión. “En el estado actual de la investigación, apenas comenzada”, argumenta, “no procede modificar la situación personal” de los dos investigados “dada la gravedad de las imputaciones” y la “falta de arraigo en territorio nacional, lo que sugiere un alto riesgo de fuga”.

Asimismo, el tribunal recuerda que el Código Penal contempla penas de tres meses a tres años para los autores de un delito de lesiones; de dos a cinco años para quienes cometan un delito contra la seguridad vial; de uno a cuatro por atentado a la autoridad y de uno a tres años por el de daños.

Pero la Sala también apunta otra razón para mantener la privación de libertad: “Desde otra perspectiva, atendidos los hechos investigados, se nos antoja que la instrucción y, por ende, el enjuiciamiento no se va a dilatar excesivamente en el tiempo” pese a la situación creada en los juzgados durante la vigencia del estado de alarma.

Tras embestir por segunda vez a una patrulla en su huida, un agente se vio obligado a efectuar dos disparos que impactaron en una de las ruedas del coche. Sus ocupantes no pudieron ser detenidos hasta que en el kilómetro 373 de la A-23, a la altura de la localidad de Nueno, la rueda delantera derecha del vehículo se desprendió y la conductora perdió el control del coche, saliéndose de la vía y chocando contra el guardarraíl. La mujer afirmó que “antes de conducir había consumido vodka”.

La acusación particular ha mostrado su satisfacción por la ratificación de la medida “habida cuenta de la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga por no tener domicilio ni medios económicos en España que impediría el curso del proceso y la ejecución de la pena, así como la reiteración delictiva con riesgo para la seguridad vial”. El letrado Jorge Piedrafita asegura que la acusación que ejerce persigue la imposición de “la pena máxima” para evitar un “resquicio de impunidad” ante unos hechos que, subraya, “ocasionaron lesiones y daños graves a tres servidores públicos cuando estaban garantizando el cumplimiento del estado de alarma y que pudieron costar la vida a los tres guardias civiles”.