Salvar la prórroga: cogobernanza real o diálogo

«El estado de alarma ha funcionado». El mantra repetido una y otra vez en Moncloa desde hace ya diez días anticipaba el temor del Gobierno de Sánchez a la votación de hoy en el Congreso. Las negociaciones de las últimas horas con PNV, ERC y Ciudadanos han tratado de evitar que descarrile una cuarta prórroga de las medidas excepcionales aparajedas al estado de alarma, extremo que, de producirse, obligaría a la coalición PSOE-Podemos a replantearse su estrategia de lucha contra el virus.

¿Que implicación práctica tendría que el Congreso no autorizase esta cuarta prórroga?

La declaración del estado de alarma permitió a Sánchez asumir el mando único de la gestión sanitaria de la crisis, lo que obligó a los gobiernos autonómicos a seguir las directrices marcadas desde los ministerios a pesar de que muchas de las competencias centralizadas en ese momento, singularmente las de Sanidad, están transferidas a los ejecutivos regionales. Junto a ello, se establecieron fuertes limitaciones a la libertad de movimientos de las personas, que se han suavizado en estos últimos días. Si el estado de alarma decae, el Gobierno de Sánchez se vería sin instrumentos legales para continuar ejerciendo como mando único y sin capacidad para mantener confinada a la población.

¿Qué elementos de la gestión del Gobierno critican aquellos partidos que han pasado de apoyar, e incluso de exigir, el estado de alarma a pedir su fin?

La mayoría de las críticas se centran en la incapacidad negociadora del Ejecutivo. Los partidos nacionalistas e independentistas –algunos de ellos, socios de investidura de Sánchez, como el PNV o ERC– han puesto sobre la mesa la necesidad de que la desescalada sea ejecutada por las propias comunidades al tratarse de administraciones más cercanas al ciudadano y con un mayor conocimiento de las singularidades de cada territorio. Desde el Partido Popular, la enmienda a la gestión del Gobierno es prácticamente total y lamentan otras cuestiones como la suspensión del Portal de Transparencia, la «opacidad» de algunas contrataciones de material médico o que se haya «aprovechado» el actual escenario para aprobar medidas como la incorporación del vicepresidente Pablo Iglesias a la comisión del CNI.

¿Qué iniciativas podría incorporar el Gobierno en esta cuarta prórroga para satisfacer algunas de las demandas realizadas desde las comunidades y los grupos de oposición?

El pasado día 3, el Gobierno llevó al Boletín Oficial del Estado su compromiso de cogobernanza en el proceso de desescalada. Este primer paso en la descentralización de la gestión de la crisis implica que el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos colaborarían en la transición a la nueva normalidad: serían las comunidades las llamadas a proponer qué provincias podrían pasar de fase, pero seguiría siendo el Ministerio de Sanidad el que toma la decisión final. No se trata, por tanto, de un «cogobierno» real, según vienen demandando algunas comunidades. Una solución intermedia entre el actual estado de alarma y estas exigencias pasaría por incorporar mecanismos de cogobernanza efectiva en esta nueva prórroga, bien mediante la cesión de algunas competencias o bien regulando cómo compartir las decisiones en la desescalada. Algo así como pasar del mando único al mando único compartido. Este giro suavizaría la transición de cara al momento en el que sean las comunidades las que deban volver a asumir las competencias sanitarias y permitiría incorporar propuestas de algunas regiones, como la posibilidad de que el paso de una fase a otra de la desescalada pueda ejecutarse por áreas sanitarias en lugar de por provincias. En materia económica, un paso en el camino de lo que demandan el PP y Cs pasaría por desvincular del estado de alarma iniciativas como la regulación de los ERTE o las ayudas a los colectivos más vulnerables. Estos posibles cambios en el estado de alarma, de hecho, harían que se ajustase más a lo previsto en su propia regulación, desarollada en la Ley Orgánica 4/1981, en donde se establece que debe ser el Congreso –no el Gobierno– el que fije las la «condiciones vigentes durante la prórroga».

Si finalmente decae el estado de alarma, ¿existen leyes que permitirían al Gobierno mantener el confinamiento de la población?

No. Algunos expertos destacan que la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (1986) podría ser el instrumento más preciso en combinación con otras leyes sanitarias y de protección civil. En ellas, sin embargo, las medidas que podría tomar el Ejecutivo se limitan a los enfermos o afectados, lo que le vetaría la vía de prorrogar el confinamiento. O al menos, no a nivel nacional. La Ley de Seguridad Nacional deja claro que no puede suspender derechos fundamentales, lo que también la invalidaría para mantener el confinamiento.