Justicia prevé que todos los jueces y fiscales vuelvan a la “normalidad” la última semana de mayo

Las asociaciones de jueces y fiscales vuelven a denunciar la falta de consenso en las medidas que adopta el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo

Manuel Almenar (primero por la derecha), asistió a la reunión como presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura
Manuel Almenar (primero por la derecha), asistió a la reunión como presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura

Para la última semana de este mes está previsto que la totalidad de jueces, magistrados y fiscales se hayan reincorporado a sus puestos de trabajo y antes de ello se levantará la suspensión de los plazos procesales y celebración de vistas, según han podido conocer hoy las asociaciones judiciales y fiscales por el Ministerio de Justicia las distintas fases de la “desescalada judicial”. La primera fase se iniciará el próximo martes, con la incorporación de un porcentaje que oscilará entre el 30 y 40 por ciento de las plantillas, para entrar la siguientes semanas en una nueva fase donde la reincorporación será ya de entre el 60 y 70 por ciento, para llegar a la totalidad en la última semana de mayo.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión mantenida hoy, por medio de videoconferencia, entre el Secretario de Estado y el Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministro de Justicia con las cuatro asociaciones judiciales –Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- y las tres de fiscales –Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- para presentar el documento “Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante la COVID-19”.

Ene l transcurso de esa reunión, las asociaciones judiciales y fiscales mostraron de nuevo su “malestar” por la falta de información por parte del Ministerio de Justicia y de la ausencia de consenso en las medidas que adopta, tal como sucedió con el Decreto Ley de medidas para la Agilización; a la vez que insistieron en los temas de seguridad, especialmente en algunas sedes judiciales y en las oficinas de los registros civiles, así como en la necesidad de potenciar las herramientas tecnológicas.

Respecto a la guía de salud laboral elaborada por el Ministerio, la misma prevé que se proporcionen EPIs a todo el personal de Justicia, que serán obligatorios, según informaron a los representantes de jueces y fiscales, lo establezcan las autoridades sanitarias, algo que no sucede en estos momentos, al igual que suceden con los tests. En todo caso según los representantes de Justicia en la reunión “se trata de bienes escasos y no está demostrada la inmunidad de todos los que han superado la enfermedad”.

Además, según señalan todas las asociaciones en un comunicado conjunto, el Ministerio de Justicia también advirtió de las consecuencias negativas que puede tener si no se ratifica en el Congreso el Decreto Ley aprobado el pasado día 28 de abril sobre Medidas de Agilización, con el que se pretende hacer frente al aluvión de nuevas causas que recibirán los juzgados derivadas de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Si ello llegara a suceder” se tratarán de cumplir más dificultosamente los objetivos propuestos” en el Decreto.