Borràs niega que adjudicara contratos a dedo y dice que actuó de forma ”ética” y “escrupulosa”

Su defensa esgrime ante el Supremo que el último informe de la Sindicatura de Cuentas catalana no aprecia “ningún delito ni falta administrativa”

Pleno del Congreso para prorrogar el Estado de alarma
Laura Borrás, durante su intervención en el pleno del Congreso en el que se autorizó la última prórroga del estado de alarma FOTO: J.J. Guillén EFE

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, asegura que su actuación en la supuesta adjudicación a dedo de 18 contratos, entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), fue “absolutamente ética, escrupulosa y legal”. La defensa de la diputada catalana, a quien el Tribunal Supremo investiga por prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad documental, ha remitido un escrito al instructor del procedimiento, el magistrado Eduardo de Porres, en el que afirma que esos contratos de programación informática bajo sospecha, por un importe total de 259.863 euros, “no son constitutivos de ningún delito ni de ninguna falta administrativa”.

Su letrado, Gonzalo Boye, esgrime el último informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, que ha auditado el ejercicio 2018 y la totalidad de los contratos menores adjudicados por la ILC en 2016 y 2017. La institución concluyó que el organismo que presidió Borràs entre enero de 2013 y enero de 2018 adjudicó, en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, a cinco empresarios “contratos menores sucesivos” en los que, según la Sindicatura, se incumplió la Ley de Contratos del Sector Público y que, en consecuencia, “hubo un fraccionamiento de la contratación”. Pero la defensa de Borrás incide en su escrito en que el Pleno del órgano fiscalizador de las cuentas del sector público en Cataluña certificó “la inexistencia de ninguna irregularidad que sea perseguible ni administrativa ni penalmente”.

Borràs aporta ese informe del pasado marzo en el que, recalca, no se aprecia apropiación indebida, exceso en el gasto o desviación de fondos públicos. “Si el Pleno de la Sindicatura de Cuentas hubiese tenido la más mínima duda sobre la posible existencia de una irregularidad constitutiva de una actuación perseguible en vía administrativa o penal así lo habría hecho constar en su informe”, asegura.

Asimismo, su defensa hace hincapié en que "de todos los contratos que son objeto del presente procedimiento solo en dos la Sindicatura entiende que habría algún tipo de discrepancia de criterio entre el seguido por el ILC y el que considera más adecuado" al apreciar "una reiteración del objeto de los contratos".

De hecho, la institución que preside Jaume Amat aboga en su informe porque la ILC revise sus necesidades de adquisición de bienes y servicios y cómo tramitarlas y le recuerda que la utilización de contratos menores (de cuantía inferior a 18.000 euros, con los que se elude la adjudicación mediante concurso) "suponen una excepción de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad".

Su letrado insiste en que el fraccionamiento de contratos “no implica comisión de delito alguno” y precisa que por fraccionamiento “se entiende, también, la reiteración en la contratación en ejercicios sucesivos sin que ello implique la comisión de delito”. Al mismo tiempo, hace hincapié en que de los contratos presuntamente fraccionados por la ILC en los años 2016 y 2017, “solo uno de ellos coincide en todos sus conceptos con los hechos que se investigan en la presente causa”. Pero la defensa de Borrás recalca que de apreciar una reiteración del objeto de los contratos y a su “criminalización” hay “un trecho tan grande que la propia Sindicatura ni tan siquiera se ha planteado cruzar”, por lo que considera “una temeridad” mantener la comisión de un comportamiento delictivo por parte de la actual portavoz de JxCat.

“Solo uno de los contratos objeto de la presente investigación ha sido calificado como fraccionado por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña”, un fraccionamiento que, reitera, “no es, bajo ningún concepto, constitutivo de infracción ni administrativa ni penal” dado que, según asegura, el propio organismo fiscalizados recurre a esas prácticas (reiteración en el objeto y del sujeto con el que se contrata) en sus contratos menores. Así consta, mantiene, en el Portal de Transparencia de Cataluña, “donde, por ejemplo, constan en diversos ejercicios los contratos menores de papelería adjudicados a un mismo proveedor por la Sindicatura de Cuentas”.

“El dinero se destinó al uso comprometido”

El abogado de Borrás mantiene que hasta el momento ni la Guardia Civil -que en mayo de 2019 detalló las adjudicaciones bajo sospecha de la ILC- ni la Fiscalía han aportado “indicio o evidencia que lleve a pensar que el trabajo contratado no llegó a realizarse ni que éste se remuneró en exceso, con evidente perjuicio patrimonial para las arcas públicas”. “Partiendo de que, efectivamente, el dinero se destinó al uso comprometido y aprobado legalmente, ¿dónde se encuentra la conducta malversadora en su modalidad de apropiación indebida?”, se pregunta.

Por último, su defensa trae a colación un anterior informe del Síndico catalán en relación a los ejercicios 2015 y 2016 que también fiscalizó las cuentas de la ILC y que, subraya, "ni tan siquiera consideró necesario realizar ningún tipo de recomendación sobre las cuentas", estableciendo "la inexistencia de cualquier indicio de actuaciones perseguibles administrativa o judicialmente".

En la exposición razonada que en noviembre del pasado año elevó al Supremo una juez de Barcelona, y a consecuencia de la cual el Alto Tribunal asumió la investigación, la magistrada concluía que la portavoz de JxCat «abusando de sus funciones» como directora del ILC y «contraviniendo los principios de imparcialidad y objetividad que como órgano de contratación debía respetar, adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria todos los contratos de programación informática relativos a la página web de dicha institución» a su amigo Isaías Herrero. Actuaron, defendió, "de común acuerdo para defraudar» al ILC mediante el «fraccionamiento ilegal de los mismos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes».