Decenas de guardias piden al País Vasco y Navarra que les reconozcan como víctimas

El mundo al revés. Tal y como informaba LA RAZÓN días pasados, la familia del etarra Echevarrieta, que asesinó al guardia José Pardines, primer caído del Cuerpo bajo las balas de la banda criminal, solicitaba que se le reconociera como víctima, en función de una ley del Parlamento vasco, ya que, según ellos, fue acribillado en el suelo.

Los hechos son bien diferentes. Hubo un forcejeo con una patrulla que le interceptó después del crimen y, de hecho, fueron los propios agentes los que le trasladaron al hospital para trataran de salvarle la vida.

Decenas de agentes, al promulgarse la citada ley y otra similar en Navarra, han dirigido escritos en los que piden que se les dé la condición de víctimas por las condiciones en las que tuvieron que desarrollar su trabajo, en un ambiente de odio y hostilidad, con el acecho permanente del atentado, no sólo para ellos sino también para sus familias.

Ahora, el Estado Mayor de la Guardia Civil ha dirigido un escrito a las unidades afectadas y alos agentes en el que, entre otras cosas, dice que “en relación con las solicitudes o instancias que hayan sido presentadas por miembros del Cuerpo en que se solicite el abono de la compensación económica a que se refieren la Ley Foral de Navarra 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos; y la Ley 12/2016 del Parlamento Vasco, de 28 de julio de reconocimiento y reparación de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, se solicita que se remita a esta unidad, a la mayor brevedad posible la siguiente información (el plazo concluía hoy):

1º Instancias presentadas por los interesados en que se solicite alguna de las indemnizaciones referidas.

2º En caso de haberse realizado o requerido alguna contestación, gestión o certificación relacionada con las referidas instancias, se proceda igualmente a la remisión de las mismas”.

Se entiende, que la Dirección General de la Guardia Civil trata de dinamizar las peticiones formuladas, ya que, desde que se conocieron los citados textos legales, se adivinaba que sólo pretendían amparar a las supuestas “víctimas” causadas por las Fuerzas de Seguridad y no a los que auténticamente sufrieron el zarpazo del terrorismo.

Asimismo, en el escrito se enfatiza “que cualquier solicitud que sea presentada a este respecto por miembros del Cuerpo deberá ser remitida a esta unidad a la mayor brevedad, absteniéndose de realizar actuación alguna mientras no se reciban instrucciones al respecto”.

La Asociación Pro Guardia Civil comenzó una campaña el 27 de enero pasado, en la que informaba,y animaba a los guardias civiles y sus familiares a solicitar ser reconocidos víctimas de derechos humanos en el País Vasco, entre los años 1978 y 1999, así como a otros colectivos, como funcionarios de prisiones, jueces, periodistas......