Primera denuncia colectiva contra el Gobierno por el coronavirus

Las familias de 3.268 de los 26.744 fallecidos por Covid-19 reconocidos hasta ahora por las estadísticas oficiales –un 12,2% del total– han comunicado su intención de sumarse a la querella interpuesta ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por once abogados de toda España y una procuradora, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los cuatro vicepresidentes –Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera–, y los 18 ministros del Ejecutivo por un supuesto delito de homicidio imprudente, según informó la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, que se ha sumado a la iniciativa impulsada por los propios abogados y por la plataforma El Día Después. En la querella se imputa a Sánchez y a todos los miembros de su gabinete por la supuesta comisión de este delito por cada una de las víctimas que han decidido sumarse.

De momento, 116 familiares de víctimas ya se han personado, y las demás se irán sumando a medida que vayan recibiendo el Certificado Médico de Defunción de sus familiares, necesario para interponer la acción, un proceso que llevará meses. La Fundación tiene como uno de sus objetivos promover, participar e intervenir en todo tipo de iniciativas de carácter social en materia jurídica y, en general, que se asegure el goce de los derechos que la Constitución nos garantiza, «con el fin de potenciar y desarrollar una sociedad más justa». La Fundación la preside la abogada Emilia Zaballos.

De hecho, en la querella, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se señala que «a efectos informativos», son 3.268 las personas, cuyas familias han perdido a 3.274 familiares» por el coronavirus las que «han encargado la presentación de la querella», aunque en estos momentos «sólo» se hace en representación de esas 116, ya que las demás personaciones se realizarán cuando cumplimenten la documentación necesaria.

Además desde la citada Fundación no se descarta ampliar la querella: «Actualmente, el equipo jurídico estudia si amplía esta querella contra Fernando Simón, como director del gabinete técnico de lucha contra el Covid-19 y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios».

En la querella se relata que los familiares de quienes ejercitan esta acción penal –y los que se sumarán– , murieron «en condiciones ciertamente indignas de un ser humano» debido «al vituperable comportamiento y actuaciones de los querellados», es decir, los miembros del Gobierno.

En este sentido, se incide en la querella en que incumplieron sus obligaciones como órgano colegiado «por la tardía adopción de las medidas adoptadas y, en su caso, de la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia del Coronavirus Covid-19».

De esta forma, pese a que ya en enero se tuvo conocimiento del primer infectado en España y en febrero falleció la primera persona por este virus, el Ejecutivo «no había adoptado medida alguna de prevención durante más de un mes desde que tuviera conocimiento de la emergencia sanitaria declarada por la OMS sino que, más bien y al contrario, negó su propagación en nuestro país».

Advertencias

Tras aludir a las manifestaciones y concentraciones que tuvieron lugar en marzo, como las «mascletás», la marcha del día 8-M o el acto de Vox en Vistalegre y la incidencia que pudo tener en la propagación del virus, se llegó al día 11 de marzo, fecha en la que la OMS declaró la pandemia. Sin embargo, el Gobierno continuó en su «actitud pasiva y sin adoptar medida alguna hasta el 14 de marzo, cuando acordó el estado de alarma». Es decir, «tres días después de la declaración de pandemia por la OMS», cuando «ya hacía un mes y medio que la propia OMS había declarado el estado de Emergencia de salud pública de importancia internacional, sin que el Gobierno español le prestara la más mínima atención».

Sobre esta acción penal, Emilia Zaballos manifestó a LA RAZÓN que no existe ninguna intencionalidad política detrás de la misma, que sería la primera «macroquerella» por Covid-19 en España. «Si hubiera estado un Gobierno de distinto signo la habríamos presentado también», afirmó.

En este sentido, añadió que igual que los sanitarios y los militares «hicieron su trabajo, es el momento de que nosotros, los abogados, hagamos el nuestro, ya que lo que ha ocurrido es muy grave».

Nueva denuncia

Por otro lado, la Asociación Justicia por la Sanidad, que preside el médico de Granada Jesús Candel Fábregas, conocido en las redes sociales como «Spiriman», presentará también una denuncia ante la Fiscalía contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un delito contra los trabajadores, al entender que desde su Departamento no se adoptaron «las suficientes medidas para proteger la salud de los profesionales» sanitarios pese a las advertencias realizadas desde semanas atrás por parte de la Organización Mundial de la Salud de que se tomaran medidas contra el Covid-19