Vizcaya vs Granada: prueba del trato de favor a Urkullu

A principios del mes de marzo, el País Vasco –junto con Madrid– eran considerados los principales focos del coronavirus en España. En esta comunidad el incremento de contagios diarios se multiplicaba por dos y los brotes asociados al personal sanitarios generaban una enorme preocupación. Prueba de la incidencia del virus en la comunidad vasca es que fue allí donde falleció la primera enfermera por la Covid-19 de España. Murió en el hospital de Galdakao en Vicaya, provincia que ayer registró 10 contagiados y tres fallecidos. Con los datos y el historial en la mano, la comunidad vasca presenta un inquietante panorama que pone en duda su pase a la fase 1 de la desescalada si se compara con otras comunidades o provincias que no lo lograron.

De hecho, con la puesta en marcha ayer de la fase 1 en el País Vasco se hizo todavía más evidente que la comunidad gobernada por Íñigo Urkullu recibió un trato especial por parte del Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa. Pese a que oficialmente, entró en la fase 1 de la desescalada, en la práctica no lo hizo en plenas condiciones ya que mantuvo algunas restricciones propias de la fase anterior como la prohibición de reuniones de diez personas en lugares cerrados. Estas limitaciones –que el resto de Comunidades Autónomas que sí pasaron de fase no aplicaron– generaron preocupación entre los ciudadanos y críticas de la oposición y de otras comunidades, que pese a contar con mejores datos no lograron el visto bueno de Sanidad.

Entre las más críticas está la Junta de Andalucía que aseguró ayer que hubo un criterio político para no permitir pasar a toda Andalucía a la fase 1. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ofreció un análisis de las ciudades que cambian de fase. «Andalucía acepta cualquier decisión siempre que no haya ningún agravio comparativo», señaló. De hecho, solicitó «las actas de la reunión y reclama que se revise la decisión» de dejar fuera a Málaga y Granada de la fase 1. «No queremos pensar que haya un trasfondo que no sea un criterio sanitario, por el que Granada sea tratada de forma diferente a Vizcaya», dijo Marín, a pesar de tener una mejor tasa. Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, recordó que Málaga tiene 3,9 casos por 100.000 habitantes y Granada «algo más». Por el contrario, Aragón, Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja, con peores datos de pruebas PCR pasan de fase. «En el País Vasco hay más ingresados en hospitales que en Andalucía, donde viven seis millones más de españoles», recordó también.

Críticas desde Podemos

Las críticas no solo llegan desde comunidades como la andaluza, la valenciana o la de Madrid, también la oposición vasca cuestiona el pase de fase del País Vasco. La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, cree que pudo haber «un arreglo» para que la comunidad vasca pase a la fase 1 de desescalada porque «no está en condiciones» para hacerlo. En su opinión, la mayoría de la sociedad vasca «no puede entender por qué somos 0,5».

Con ese índice –0,5– es como se refieren en el País Vasco a la fase que están atravesando en estos momentos, una intermedia entre la 0 y la 1 de la que ninguna otra comunidad puede disfrutar. En el documento publicado ayer por el departamento vasco de Seguridad en colaboración con la Ertzaintza figura que no se pueden hacer fiestas familiares o de amigos en domicilios, ni grupos en la calle, ni se puede acudir a sociedades o lonjas juveniles, porque –explican– aún hay que mantener el distanciamiento social. Se trata de única comunidad que dispone de estas libertad para modificar lo establecido por el gobierno central.

Esta carta blanca de la que dispone el gobierno autonómico vasco pudo tener su origen en el apoyo a última hora del PNV a la cuarta prórroga del estado de alarma. Un sí que no solo le permitiría una mayor cogobernanza que al resto de comunidades autónomas sino que además le serviría para que el Gobierno introdujera en el Real Decreto que autoriza la extensión del estado de alarma un artículo en el que se autorizaba la celebración de las elecciones vascas y gallegas.

No en vano, desde hace unas semanas, la principal preocupación del lendakari Urkullu es poner cuanto antes una fecha a las elecciones autonómicas que se suspendieron por la Covid-19 en marzo. Su horizonte es la primera quincena de julio y para que se celebren entonces debería convocarlas esta semana para cumplir con los plazos de la ley electoral.