Sánchez limitará el mando único al orden público

Moncloa ata los números para mantener en vigor el estado de alarma. Con un decreto «light», en el que se avance en la cogobernanza hasta reducir el mando único a las competencias exclusivas que tiene el Ministerio del Interior en el control de la Guardia Civil y de la Policía. Territorialmente ven con muy buenos ojos que se vaya cediendo poderes del mando único a las comunidades, pero que Madrid mantenga el control del orden público. En las comunidades admiten que hay tres derechos que sólo pueden estar sometidos al estado de alarma: el personal de movimiento, que puedas o no salir de casa; el de circulación, que puedas moverte fuera de tu provincia; y el de reunión.

Salvo aquellas comunidades que tienen policías autonómicas, Cataluña y País Vasco, todos los demás presidentes autonómicos están «vendidos» para mantener el orden en la desescalada si no cuentan con el apoyo de la Policía y de la Guardia Civil. No tienen competencias para dar instrucciones a estos dos cuerpos nacionales, y la solución de que, ante cualquier incidente, tengan que dirigirse a la Delegación del Gobierno, para que ella gestione y dé respuesta a sus necesidades, les parece una «frivolidad» en la situación actual.

Ésta es la principal fuerza que tiene Moncloa para justificar su voluntad de seguir prorrogando el estado de alarma: la necesidad de los presidentes autonómicos de contar con su apoyo para mantener la obligada restricción de movimientos para ajustarse a los criterios sanitarios frente a la pandemia. Con más test y más capacidad de hacer el trazado de los contagios, estas limitaciones no serían tan severas, como ocurre en otros países. Pero la situación es la que es, y en las comunidades necesitan una solución eficaz para ir avanzando en el desconfinamiento.

Moncloa negocia la letra del decreto a aprobar el próximo martes por el Consejo de Ministros, y que tendrá que ser convalidado al día siguiente en las Cortes. Sin que haya confirmación por las otras partes, dan por hecho el voto a favor del PNV y que ERC volverá a la abstención, después de haber votado «no» en la última prórroga.

En el caso del PNV, ya cuenta en su «saco» con la desescalada «a la carta» que le permitió el Gobierno para facilitarle que pase de la Fase 0 a la Fase 1, a pesar de que Vizcaya no cumplía los criterios técnicos.

ERC ve con buenos ojos que se diluya el mando único en favor de las comunidades autónomas. Pero en sus exigencias figura también la de que se retome la negociación sobre la «mesa de partidos» y, por supuesto, en favor de los dirigentes secesionistas condenados por el Tribunal Supremo. Esta agenda ha volado por la aires con la crisis sanitaria, de la misma manera que lo ha hecho la agenda social de gasto expansionista que había pactado el Gobierno de coalición.

Pero Moncloa puede verse obligada a hacer gestos a favor de retomar el asumido «conflicto catalán» para intentar salvar la mayoría de la investidura, y a sabiendas de que la tragedia económica y social que está provocando la pandemia deja fuera de lugar el pulso independentista, incluso dentro de la propia agenda de prioridades catalanas.

A pesar de que el último voto a favor del estado de alarma por parte de Ciudadanos ha hecho correr ríos de tinta y ha suscitado todo tipo de especulaciones sobre su condición de socio sustituto de ERC, la realidad es que para Moncloa la prioridad sigue siendo, a poder ser, atar a su alianza de investidura.

Ciudadanos es una «carta» útil para tapar circunstancialmente la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno con el mantra de la geometría variable. Pero Moncloa sabe que la formación naranja es «manifiestamente incompatible con Podemos». Y en Cs manejan esta situación «al día», es decir, que negociarán cada acuerdo por separado, y valorando si les suma para dar relevancia a sus diez escaños sin caer en la incoherencia con su programa y su electorado.

Cs ha puesto pegas a la idea de que la próxima prórroga del estado de alarma tenga una vigencia de 30 días, pero se ha manifestado claramente a favor de negociar y de mantener su voto positivo en lo que presentan como una decisión a favor del interés general. El Partido Popular ya confirmó esta semana su voto en contra.

La clave de la negociación de la «letra» de la nueva prórroga es que el Gobierno se reserve la potestad de recuperar competencias plenas para hacer frente a un posible rebrote de la pandemia. Mientras, el compromiso es que las consejerías autonómicas dejen de ser meras correas de transmisión de las decisiones adoptadas en Madrid.

ERC asegura que Moncloa está estudiando todas sus exigencias y que confía en que se produzcan los gestos necesarios como para que puedan reconsiderar su «no» y volver a la abstención.

Aunque el presidente del Gobierno intenta no renunciar a nada y mantener un complicado equilibrio entre sus socios y el acercamiento táctico a Ciudadanos, lo cierto es que hasta ahora se ha mostrado siempre fiel a los principios del programa de investidura que pactó con Podemos.