El Gobierno de Pedro Sánchez

Sánchez se aferra a los socios de la investidura para salvar la prórroga

El Ejecutivo negocia la abstención de los partidos independentistas JxCAT y ERC, tras la negativa de Ciudadanos a permitir seis semanas más de estado de alarma

Poco le ha durado al Gobierno su pretendida geometría variable. Cuando el horizonte se complica, en Moncloa huyen de los grandes consensos y se refugian en el salvavidas que suponen los socios de la investidura, aunque –a cambio– los independentistas les exijan un alto precio por su apoyo. El objetivo de consolidar los votos que Pedro Sánchez obtuvo para ser presidente y ampliar esta mayoría sumando a partidos como Ciudadanos, se ha quedado en este primer paso en las horas decisivas que restan hasta la votación de mañana en el Congreso.

El Gobierno está encontrando serias dificultades para lograr su deseo de prorrogar por última vez y hasta el 5 de julio el estado de alarma, por lo que no se descarta que finalmente se opte por extender la excepcionalidad hasta finales de junio. Un margen amplio de seis semanas que permitiría al Ejecutivo pilotar, bajo el mando único de Sanidad, lo que queda de desescalada en los territorios más retrasados en sus progresos sanitarios. Sin embargo, en Moncloa han tenido que recurrir de nuevo a la calculadora, una vez que desde Ciudadanos –su nuevo e insospechado socio– les han negado el apoyo a una prórroga tan extensa. Ante esta negativa –aún por concretar si en un «no» o una abstención–, Sánchez se ha volcado en los partidos que permitieron no solo la investidura, sino también la moción de censura.

Los nacionalistas catalanes y vascos están en el foco de las negociaciones. Aunque en los últimos días en Moncloa se daba por cerrado el apoyo del PNV y ERC, por la cesión a sus demandas de desarticular el mando único de Interior, reintegrándoles sus competencias en seguridad pública bajo el mando de sus policías autonómicas, lo cierto es que desde Esquerra se aseguró ayer que siguen en el «no», reiterando sus tres condiciones: más descentralización, ayudas sociales a la conciliación y que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit.

También la vuelta a la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, una exigencia que Moncloa suspende hasta que se supere la crisis sanitaria actual. La negociación sigue, con el objetivo de atraer a ERC a la abstención, una posición a la que también quieren acercar a Junts per Catalunya, con los que también se negocia en las últimas horas en este sentido. Esto supone una novedad respecto a las prórrogas anteriores y ayudaría a «adelgazar» el bloque del «no». Recordemos que Sánchez necesita más votos a favor que en contra para superar el trámite parlamentario.

En este sentido del voto favorable al estado de alarma se espera al PNV, que sí valora los esfuerzos del Gobierno en el ejercicio de la «cogobernanza». Faltaría, entonces, por dirimir qué ocurre con el resto de partidos nacionalistas que se postularon a favor de la última prórroga, pero que en días precedentes han condicionado su apoyo ahora a un reparto inmediato y justo del fondo para la recuperación, dotado con 16.000 millones de euros que había anunciado el Gobierno.

En el bloque del «no» continuarán Vox y la CUP y a ellos se sumará esta vez el PP. Que en este frente no se incluyan ni ERC ni Ciudadanos, le permitiría al Gobierno respirar y afrontar con cierta tranquilidad la votación. No se espera un cambio tan radical –del «sí» de hace dos semanas, al «no»– de Inés Arrimadas, ahora que ha vuelto a recuperar el empuje de partido en la centralidad. En todo caso, la apreciación de los naranjas de que la prórroga es demasiado extensa, podría tener su efecto y que el Gobierno se planteara reducirla solo a cuatro semanas, al menos hasta finales de junio.

En todo caso, esto se resolverá hoy en la reunión del Consejo de Ministros, en la que se tiene que aprobar la propuesta que se elevará para su aval en el Congreso y en la que tiene que figurar la extensión concreta del periodo de excepcionalidad, que –si es inferior a las seis semanas– no abarcaría la desescalada completa de Madrid, Barcelona y algunos distritos sanitarios de Castilla y León actualmente en fase 0.