Tezanos adjudica a dedo por 90.000 euros los CIS de la Covid

Presenta hoy un segundo sondeo encargado a la empresa Intercampo sin concurso. La entidad trabaja para la «Fundación Sistemas», presidida por él mismo y afín al PSOE

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hará público hoy al mediodía el barómetro especial del mes de mayo sobre el coronavirus. Será el segundo estudio del Gobierno sobre la opinión de los españoles en torno a la actual crisis sanitaria y a la respuesta dada desde el Gobierno para contener la epidemia. Y como ya ocurrió con el publicado en abril, no será el propio CIS el encargado de efectuar el trabajo de campo debido a las circunstancias impuestas por el estado de alarma. En su lugar, ha sido una empresa privada, Intercampo, la que lo ha llevado a cabo.

Esta empresa ya fue la adjudicataria del controvertido barómetro especial de abril, en el que se incluyó una pregunta sobre los límites a la libertad de información. LA RAZÓN preguntó entonces a la institución presidida por el socialista José Félix Tezanos el coste de esa externalización sin recibir contestación hasta la fecha. Ayer, sin embargo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la adjudicación del contrato cuyo objeto es la realización de los «barómetros especiales sobre las medidas adoptadas respecto al Covid-19». El importe de la licitación adjudicada a Intercampo S.A. es de 90.000 euros –74.380,17 euros sin impuestos–. Según la documentación que figura en la Plataforma de Contratación, se trata de un contrato cuyo procedimiento ha sido el de negociado sin publicidad con una única oferta recibida. Esto implica que el CIS ha optado por una adjudicación a dedo. Además, el anuncio de dicha adjudicación precisa que la tramitación ha sido de emergencia. No figuran en la Plataforma de Contratación las condiciones concretas del Gobierno lo que impide conocer cuántos barómetros están incluidos en esta adjudicación de 90.000 euros, aunque del plazo de dos meses de ejecución incluidos en el anuncio de formalización del contrato –suscrito el pasado día 11– se desprende que será dos los estudios demoscópicos en cuestión, que son los que autorizó el Consejo de Ministros a finales de abril. Quedarán incluidos, por tanto, en este contrato tanto el barómetro de abril como el que se publica hoy.

La empresa Intercampo colabora habitualmente con la revista de la Fundación Sistema, que está presidida por el propio Tezanos y está vinculada al PSOE. Esas encuestas elaboradas por Intercampo han sido publicadas por la revista «Temas para el debate», también dirigida por el presidente del CIS.

Se da la circunstancia de que el CIS ha hecho coincidir esta publicación con la comparecencia que Tezanos realizará hoy por la tarde en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Acude Tezanos a la Cámara Baja a contestar a los grupos parlamentarios en torno a la polémica que provocó precisamente el primero de los barómetros especiales sobre el Covid-19, el publicado a mediados de abril. En aquel estudio, se incluyó una pregunta sobre la conveniencia de establecer límites al derecho a la información así como de controlar a los medios de comunicación. La pregunta de la polémica fue la siguiente: «¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?». A lo controvertido del enunciado se añadió el hecho de que hasta un 66% de los encuestados se mostró a favor de «restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente de información oficial».

Tras la publicación de este barómetro en abril, un abogado denunció a Tezanos ante la Justicia por un presunto delito contra los derechos individuales y otro de malversación. Argumentaba esta denuncia que el CIS incluía preguntas capciosas cuyos resultados, por ejemplo en lo que afectaba al establecimiento de límites a los medios comunicación, hacen poner en entredicho o conculcar el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz. El titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, sin embargo, no apreció delito en este estudio. Pese a ello, remitió la denuncia al Tribunal de Cuentas con el fin de que éste dilucidara la existencia de algún tipo de irregularidad contable en la adjudicación.