La Guardia Civil ve indicios “contundentes” para imputar a Illa y Simón

La Guardia Civil ve indicios suficientes para investigar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por avalar las concentraciones del 8-M. Según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, el informe elaborado por la unidad de Policía Judicial del Instituto Armado y remitido a la juez de Madrid que investiga posibles responsabilidades penales en la autorización de esas marchas feministas, es «contundente» al señalar al ministro y a Simón por instar solo unos días antes del 8-M a la comunidad evangélica a suspender un congreso previsto para la segunda quincena de marzo en Madrid para evitar contagios y permitir, sin embargo, las marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer, el mitin de Vox en Vistalegre o el Atlético de Madrid-Sevilla en el Wanda ese mismo fin de semana.

Rodríguez-Medel reclamó a la Comandancia de Madrid que elaborase un atestado para intentar esclarecer a qué órgano oficial se dirigió el informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, del pasado 2 de marzo, que aconsejaba evitar aglomeraciones multitudinarias, «y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid».

Del mismo modo, el Instituto Armado debía determinar si por parte de las autoridades «se remitieron recomendaciones sanitarias» a la Delegación del Gobierno en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante o si «se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna».

La instructora encargó asimismo a la Guardia Civil que dilucidase si la Delegación del Gobierno o las autoridades sanitarias hicieron «advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios que conllevaba acudir» a esas concentraciones y si «se suministraron medidas de prevención a los asistentes de estas reuniones o manifestaciones» como guantes o mascarillas.

Los hechos que concluyeron con el cese del jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, coronel Diego Pérez de los Cobos, se iniciaron el domingo. Desde el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, se requirió información precisa al mando de la Benemérita sobre las diligencias que la Unidad de Policía Judicial de dicha Comandancia realiza por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Plaza de Castilla sobre determinadas actuaciones de autoridades antes de que se decretase el confinamiento. Esa unidad investiga las posibles responsabilidades del delegado del Gobierno en Madrid y de las autoridades sanitaria por autorizar la celebración de algunos actos masivos.

La contestación de Pérez de los Cobos fue rotunda al señalar que no podía aportar dato alguno, dado que las investigaciones, de las que no tenía por qué tener un conocimiento puntual, las estaban llevando la referida unidad, que trabaja bajo las órdenes de la magistrada.

El coronel se habría referido al contenido del artículo 15 del Real Decreto 769/97 de Policía Judicial, que obliga a los funcionarios de las unidades de Policía Judicial a guardar «rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas».

Ante la falta de información por parte del coronel la decisión del ministro fue la de cesarle de manera fulminante. Al filtrase la noticia de su destitución, la sorpresa fue mayúscula en el seno de la Guardia Civil. Ni siquiera los canales oficiales de información sabían del cese. Un portavoz de Interior, consultado por LA RAZÓN, se limitó a decir que la destitución se debía a una «pérdida de confianza», aunque negaron que tuviera que ver con el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil ha montado en el chalet de el vicepresidente Iglesias y la ministra Montero en Galapagar (Madrid).