Sanidad incluyó en los informes datos y medidas posteriores al día de su firma

Los informes técnicos en los que el Ministerio de Sanidad basó sus decisiones para permitir o no la desescalada de todas las autonomías y que este departamento colgó la noche del pasado lunes en su página web están repletos de contradicciones y son, en algunos casos, inconsistentes. La fundamental irregularidad fue adelantada por LA RAZÓN y tiene a Madrid como principal perjudicada. En concreto, el documento que impedía el avance de esta comunidad autónoma a la fase 1, manteniendo así bajo el confinamiento durante una semana extra a 6,6 millones de habitantes, es el único de todos los elaborados por el Ministerio que lleva firma electrónica de la directora general de Salud Pública del Ministerio, Pilar Aparicio. Los demás, no. ¿Qué significa que lleve este tipo de firma? Que acredita que el informe, datado el 15 de mayo, fue concluido alrededor de tres horas después de que el «no» fuera comunicado públicamente en rueda de prensa por el Gobierno, un hecho que fue denunciado por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que llevó a la Comunidad a anunciar incluso un recurso ante el Tribunal Supremo. Como se recordará, dicho informe fue filtrado al día siguiente a un medio de comunicación y, tres minutos después, fue notificado de forma oficial a la Comunidad, provocando la ira de las autoridades regionales. Ayer, los empresarios madrileños agrupados en CEIM demandaron al Gobierno que aclare si la decisión trasladada a la Comunidad tuvo en realidad una motivación política en lugar de un fundamento basado en la protección de la salud pública.

No se trata, sin embargo, de la única incoherencia encontrada en los documentos hechos públicos por el Ministerio. En el informe elaborado en respuesta a Aragón el pasado 8 de mayo, se incluyen datos erróneos como la incidencia acumulada de casos en los 14 días anteriores, ya que en realidad era mayor que la consignada, de 28,65 casos por cada 100.000 habitantes. En la fecha en la que el Gobierno regional de Aragón envió su solicitud para pasar a la fase 1 al Ministerio de Sanidad –dos días antes de la elaboración del informe– esa incidencia acumulada estaba situada en los 35,63 casos por cada 100.000 habitantes. Únicamente en los días posteriores a la elaboración del informe, la incidencia acumulada se situó por debajo de los 28 casos a los que hacía referencia el documento del ministerio.

En el caso del informe que permitió pasar a la fase 1 a la isla de Formentera, en Baleares, se incluye otro error difícilmente explicable. El citado documento está firmado por la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio, el pasado 2 de mayo. Se autorizaba en el mismo el pase de fase a Formentera y se mantenía en fase cero a Ibiza y Menorca. Lo sorprendente del caso es que argumenta parte de las decisiones adoptadas en la orden que regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para la transición hacia una nueva normalidad (SND/387/2020), que fue aprobada un día más tarde de esa firma, es decir, el 3 de mayo. De hecho, es el Boletín Oficial del Estado de ese mismo día, el 3 de mayo, el que recoge esta normativa. Se da la circunstancia añadida de que el informe menciona hasta en dos ocasiones esta orden firmada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa: la primera, en el arranque del documento; y la segunda, al explicar su decisión de que Formentera pase de fase y Menorca e Ibiza no lo hagan.

En las últimas semanas, comunidades como Andalucía y Madrid han lamentado que el Ministerio de Sanidad haya utilizado distintas varas de medir a la hora de decidir qué regiones deben pasar de fase y cuáles no. La publicación de los informes ha confirmado ahora que esas críticas tenían su fundamento ya que algunas provincias con datos positivos en su evolución epidemiológica han visto retrasada su incorporación a la fase 1 con respecto a otras. Es el caso, por ejemplo, de Málaga y Granada. Son las dos únicas provincias andaluzas que permanecieron en fase cero al comienzo de la desescalada, mientras el resto de la comunidad evolucionó a la fase 1. Sanidad justificó esta decisión en su informe del 8 de mayo en los datos que ambas provincias presentaban respecto a la tasa de incidencia de casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. En el caso de Granada, el informe señala que esa tasa de incidencia es de 21,1 por fecha de notificación. Y alerta de ese dato de manera especial en dos áreas de la provincia: en el distrito sanitario Granada, «con una tasa de incidencia de 40»; y en el distrito sanitario Metropolitano de Granada, con una tasa de incidencia de 19,4. En lo que concierne a Málaga, esa tasa de incidencia por fecha de notificación era –a fecha de 8 de mayo– de 7,2 por cada 100.000 habitantes, elevándose esta cifra al 15,1 en un distrito sanitario. Sanidad consideró esas cifras «elevadas» para que Granada y Málaga pasaran de fase.

En esa misma fecha, y en virtud de un informe del 8 de mayo, La Rioja logró pasar a la fase 1 a pesar de que presentaba una incidencia acumulada de 87,12 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días por fecha de notificación. Esa semana, Madrid, que entonces no pasó de fase, tenía una incidencia acumulada menor que la riojana, en concreto de 63,48 casos por cada 100.000 habitantes.

Algo similar sucede si se comparan las cifras incorporadas en los informes del País Vasco y de la Comunidad Valenciana del 8 de mayo. Respecto a la comunidad vasca se subraya que «el número promedio diario de casos sospechosos detectados en Atención Primaria es de 1.309 al día (tasa de 60 por 100.000 al día)». Ese promedio de 1.309 casos sospechosos diarios supone la existencia de más de 9.000 casos sospechosos a la semana. En virtud de ese informe, se permitió al País Vasco pasar a la fase 1. Por contra, a la Comunidad Valenciana se le denegó pasar en esa misma fecha a la fase 1, salvo a algunos distritos sanitarios como Vinaroz y Xátiva. Y esa negativa se concretó a pesar de que, tal y como recoge el informe, el número de casos sospechosos a la semana en la región se situaba por debajo de la barrera de los 3.000, en concreto en 2.969.