Sánchez busca atraer al PNV, cediéndole la gestión del Ingreso Mínimo Vital

El Gobierno busca reconstruir a marchas forzadas los puentes que voló con sus socios hace una semana con la “dinamita” del pacto con EH Bildu para derogar “íntegramente” la reforma laboral. El Ejecutivo ha iniciado los contactos con los grupos parlamentarios para sondear los apoyos que recabaría ante una eventual sexta prórroga del estado de alarma y en las posibilidades de que prospere vuelve a ser clave el aval del PNV. La relación con los nacionalistas vascos se ha deteriorado a raíz del acuerdo con los abertzales, que el propio lendakari Iñigo Urkullu calificó de “desconcertante”. En plena antesala de los comicios en la región, le permitía a la formación de Arnaldo Otegi reivindicarse ante los vascos, rentabilizando una demanda tradicional de la izquierda, como es la eliminación de la legislación laboral del PP de 2012. Para enmendar el error y atraer de nuevo al PNV a la senda de entendimiento con el Ejecutivo, Pedro Sánchez ha optado por sacrificar una de sus medidas estrella.

Gobierno central y PNV acordaron ayer ceder a País Vasco y Navarra la gestión exclusiva del Ingreso Mínimo Vital que el Consejo de Ministros aprobará mañana. Esta renta ya había sido caballo de batalla en las negociaciones entre el Ejecutivo y los nacionalistas, que habían pedido que su entrada en vigor se retrasara hasta después de los comicios previstos para el 12 de julio. Este retraso no se aceptó, pero a cambio -también del apoyo del PNV a su convalidación- pasará a engrosar la cartera de traspasos que Estado y País Vasco negocian actualmente. El anuncio corrió a cargo de los nacionalistas a través de un comunicado, en el que explicaban que la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra asumirán las funciones y los servicios correspondientes al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) en relación al Ingreso Mínimo Vital “en razón de la especificidad que supone la existencia de Haciendas Forales” en esas comunidades autónomas. La fecha límite para efectuar el traspaso es el 31 de octubre de 2020.

El PNV, que se compromete a votar a favor de la convalidación del real decreto en el Congreso de los Diputados, capitaliza el acuerdo como “un logro político en un contexto de tentaciones recentralizadoras” y les permite demostrar ante sus votantes “la eficacia” del partido “en la defensa de los intereses de las vascas y de los vascos en Madrid". Una importante baza electoral que refuerza además “la bilateralidad” entre el Estado y estas comunidades autónomas, así como el “autogobierno de los territorios históricos". Los nacionalistas valoran positivamente, además, que con lo pactado se encauzan los posibles conflictos jurídicos que podían surgir “de la colisión” del Ingreso Mínimo Vital con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca o la Renta Garantizada navarra.“Así, el IMV será una renta base no complementaria a la que puedan implementar la CAV y Nafarroa en ejercicio de sus competencias”, explican en un comunicado. Tras rubricar el acuerdo, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que el depósito de confianza de su partido en el Gobierno está “un poco más lleno” tras el traspaso, de cara a la aprobación de una sexta prórroga del estado de alarma.

El acercamiento a los socios de la investidura no es exclusivo hacia el PNV, el presidente del Gobierno también intentó durante la sesión de control en el Congreso restañar los afectos con los independentistas de ERC a quienes agradeció su “abstención en la investidura” y su “actitud constructiva” durante el estado de alarma, permitiendo la convalidación de varios decretos. Sin embargo, los republicanos se han adherido al bloque del “no” en las últimas prórrogas del estado de alarma y ayer mostraron su perplejidad - “alucino”, dijo Gabriel Rufián- por que el Ejecutivo haya optado por Ciudadanos en dichas votaciones.