La juez del 8-M tendrá que decidir si imputa a Simón por desobediencia o denegación de auxilio

La juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga si la autorización de la manifestación del 8-M en Madrid obvió las advertencias del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades de evitar concentraciones multitudinarias, tendrá que decidir si cita como investigado a Fernando Simón por delitos de desobediencia o denegación de auxilio.

La Asociación contra la Gestión del Coronavirus (AGC), impulsada por el abogado que presentó la denuncia contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha remitido un escrito a la magistrada en el que atribuye al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) la supuesta comisión de un delito de desobediencia “al no informar acerca de la peligrosidad de la infección del coronavirus en reuniones tumultuarias ni manifestaciones ni impedir la celebración de la manifestación feminista del 8 de marzo, incluso alentando a la participación en la misma”. La desobediencia está castigada con penas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público de seis meses a dos años y multa.

Según su criterio, como responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Simón “ostenta la categoría de funcionario a efectos penales”, y con su gestión de la crisis del coronavirus habría incumplido “de modo manifiesto” la orden ministerial de 2004 que regula sus funciones, entre ellas “mantener un sistema rápido de detección, comunicación, evaluación y respuesta frente a alertas sanitarias”.

Alternativamente, los denunciantes consideran que Simón pudo incurrir en un delito de denegación de auxilio, que castiga con la suspensión de cargo público de seis meses a dos años y pena de multa al funcionario que, "requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público".

En el escrito se solicita a la instructora que reclame “todas las comunicaciones” entre el Ministerio de Sanidad y el organismo que dirige Simón entre el 30 de enero y el 15 de marzo “con el fin de acreditar la existencia o no de requerimiento por parte del Ministerio de Sanidad al CCAES solicitando el auxilio al que viene obligado en virtud de lo dispuesto en la orden ministerial”. Y si no existiera, pide que se investigue la presunta responsabilidad penal del ministro Salvador Illa por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Víctor Valladares, que además amplía la denuncia contra el delegado del Gobierno, esgrime el informe remitido por la Guardia Civil a la instructora y que ha soliviantado a la Abogacía del Estado, que pide su nulidad al considerar el procedimiento una "causa general" contra la gestión del Gobierno de la crisis sanitaria del Covid-19.

En ese informe se constata, recuerda, que Simón se opuso por “causas de salud pública” a que se celebraran “eventos multitudinarios en las fechas objeto de investigación” mientras por otro lado “no solo es que permitiera, sino que alentaba a acudir a manifestaciones multitudinarias” como el 8-M, “contraviniendo por ello sus funciones y obligaciones” recogidas en la citada orden ministerial, entre ellas, subraya, “colaborar con los organismos correspondientes para responder ante una amenaza contra la salud pública”.

Los denunciantes -que han solicitado a la juez que acepte su personación como acusación popular en la causa- afirman desconocer si se produjo alguna advertencia a los convocantes de la concentración feminista, "puesto que estos se han negado a aportar documentación alguna", como lamenta la Guardia Civil en su informe, al igual que ha hecho hasta ahora el propio organismo que dirige Simón, según reseñaba el documento policial.

En el escrito se recuerda que el mismo día que Simón, 24 horas antes del 8-M, aseguró que si su hijo le preguntara si podía ir a la manifestación le diría "que haga lo que quiera", al mismo tiempo "suspendió la maratón de Barcelona por suponer un riesgo" de contagio por coronavirus.

Para los denunciantes la actuación de Simón supone “una flagrante dejación en sus funciones” así como de las obligaciones contenidas en la orden ministerial que regula sus atribuciones, “poniendo en peligro la salud pública e integridad física de todos los españoles” al animar a la asistencia al 8-M “pese a que el coronavirus en España se encontraba desbocado”.