El Gobierno aprueba un Ingreso Mínimo Vital de entre 462 y 1.015 euros para 850.000 hogares

El Gobierno ha aprobado este viernes 29 de mayo en un Consejo de Ministros Extraordinario el ingreso mínimo vital (IMV) que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 850.000 hogares (un 16% de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 462 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha calificado de “histórico” el día de hoy: “Nuestra patria cuenta desde hoy con una medida que no es coyuntural porque la pobreza es estructural”. A juicio de Iglesias, con esta medida el Gobierno demuestra que su “opción es la Justicia Social”, por poner en marcha el mayor avance social desde la ley de dependencia: “La crisis sanitaria nos ha obligado a acelerar: era una compromiso de programa pero se ha convertido en una necesidad urgente”. En este contexto, el líder de Podemos ha querido recordar que fue él quien ha impulsado esta implantación anticipada de la medida: “El presidente atendió la urgencia que le reclamé”.

El vicepresidente de Derechos Sociales ha señalado que se trata de una prestación no contributiva de la Seguridad Social, que supone el reconocimiento de un derecho subjetivo de la ciudadanía. Este Ingreso Mínimo garantizará una renta en toda España, con un umbral mínimo de 462 euros al mes para una persona que viva sola. En el caso de una unidad de convivencia, la prestación se verá incrementada en 139 euros al mes por cada persona adicional ya sea niño o adulto, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Existirá asimismo un complemento de 100 al mes para los hogares monoparentales.

Será compatible con otros ingresos incluidos los ingresos laborales, de forma que, según Iglesias, se evite la trampa de la pobreza, esto es, tener que “elegir entre tener un empleo o mantener una prestación”. En este sentido, se incentiva a que las personas que reciban esta prestación consigan ingresos laborales. Se establecerá un estímulo específico al empleo, que quedará definido en un reglamento similar al existente en el País Vasco y Navarra, de manera que una parte de los ingresos no computen.

Los requisitos para solicitar la prestación serán tener entre 23 y 65 años. Lo podrán pedir aquellas personas que, desde los 18 años, tengan menores a su cargo, siempre que lleven un año de residencia legal en España. El acceso al IMV dependerá del nivel de ingresos y del patrimonio. Podrán solicitarlo aquellos con unos ingresos en el año anterior inferiores a la renta garantizada anual. Para cubrir situaciones de pobreza sobrevenida, también podrán solicitarlo aquellas personas con unos ingresos en el año actual que estén también por debajo de la renta garantizada. En el cómputo del patrimonio neto se restarán las deudas y la vivienda habitual. El límite de patrimonio variará en función de las personas y estará fijado entre los 16.614 euros para una persona que viva sola y un máximo de 43.196 euros, teniendo en cuenta que ese umbral se incrementa por cada miembro de la unidad de convivencia.

Será necesario que el solicitante esté “dado de alto como demandante de empleo”, aunque se establecerán excepciones para las víctimas de explotación sexual, de trata de personas y de violencia de género. El IMV será compatible con las que conceden las comunidades autónomas. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con el PNV por el cual el País Vasco y Navarra asumirán los trámites de esta prestación. A raíz de conocerse este pacto, otras comunidades han pedido que también se les transfiera la gestión del ingreso mínimo vital, como Cataluña o Galicia, o han pedido la “cogestión” del mismo, como en el caso de la Generalitat Valenciana.

Iglesias ha avanzado que se reconocerá de oficio a todas las personas con prestaciones con hijo a cargo. Los trámites se realizarán de manera telemática a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, únicamente presentando los documentos que acrediten los requisitos de edad y de tiempo de residencia legal en España. La Seguridad Social comprobará el resto de los datos. Se abonará mensualmente en doce pagas. Podrá pedirse a partir del 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen hasta el 15 de septiembre, se cobrarán de forma retroactiva desde el 1 de junio.