La teoría de las cloacas del Estado: ¿bumerán contra Iglesias?

De ser «víctima» a estar en el punto de mira. El ahora vicepresidente segundo del Gobierno orquestó en 2019 toda una campaña electoral denunciando el intento de las «cloacas del Estado» de destruir políticamente a Podemos en las elecciones generales de 2016, cuando el partido pasaba por su mejor momento electoral. Lo hacía para denunciar el supuesto espionaje a su partido por parte del ex comisario Villarejo, al que vinculaba con el robo de la tarjeta SIM de su asesora Dina Bousselham en 2015, con contenido que, posteriormente fue difundido en los medios, como el conocido mensaje de «la azotaría hasta que sangrase» en referencia a la periodista Mariló Montero.

Para la campaña del 28-A Podemos utilizó este discurso en el que se presentaba como víctima de una trama policial y en cada mitin aseguraba que, cuando su formación entrase en el Gobierno, centraría sus esfuerzos en utilizar la ley para acabar con la corrupción política. Ya bajo el cargo de vicepresidente segundo, sigue incidiendo en la misma idea e incluso ha amenazado con cárcel a «los responsables políticos, policiales y mediáticos de la cloaca». De hecho, esta misma semana afirmaba que en España hay poderes políticos y mediáticos que no aceptan a los morados en el Gobierno y recomendaba a quienes «les de urticaria» verle en Moncloa, «pomadita».

Sin embargo, el caso investigado ha dado un giro de 360 grados después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón haya encontrado contradicciones en el mismo tras los tres cambios de versión de la principal, hasta ahora perjudicada, Dina Bousselham. El juez le quitaba esta semana a Pablo Iglesias su condición de perjudicado dentro del caso Tándem, después de que en 2019 se hubiese personado como tal al descubrirse en los medios mensajes suyos privados. La ex asesora, en su última declaración del 18 de mayo confirmaba que ella misma había capturado pantallazos de las conversaciones –que posteriormente aparecieron publicadas en OKDIARIO– y que «las había enviado a terceras personas desde su propio teléfono móvil». Unas revelaciones que no había hecho en sus dos primeras declaraciones juradas en 2015 y 2016. También reconoció que cuando Iglesias en junio o julio de 2016 le dio la tarjeta MicroSD que le había sido sustraída, estaba dañada físicamente y no pudo recuperar los datos. Afirmó que mandó la tarjeta a una empresa especializada en recuperación de datos en Alemania. Tras analizar el juez los correos con la empresa para ratificar el encargo, García Castellón asegura que no concuerdan con ninguno de los datos aportados por ella en su última declaración. El juez sostiene ahora que «no se puede inferir ilicitud» por parte del diario digital o de sus responsables. Es decir, que el juez descarta que la única vía por la que fueron transferidos estos mensajes fueran por el digital por medio de Villarejo, como sostenía Iglesias. Para García-Castellón existen dudas sobre cuándo se materializa la entrega de la SIM, apuntando a que el vicepresidente pudo tardar entre 5 y 39 meses en dársela. Además, «las declaraciones de quien entregó y de quien recibió la tarjeta no han permitido esclarecer quién causó los daños materiales».

Ello supone un varapalo para el líder morado, después de haber vendido a la opinión pública que contra su partido existía una campaña orquestada por las cloacas del estado para desprestigiar a la formación. Ahora el juez se prepara para trasladar el procedimiento al Tribunal Supremo –por la condición del Iglesias de aforado– y trata de conocer si tuvo algo que ver con la destrucción de la SIM antes de entregársela.

Ante la gravedad de las circunstancias, que señalan hacia la figura de Pablo Iglesias, la ex asesora ha vuelto a cambiar su versión y remitió este jueves una carta al juez en la que exculpa al vicepresidente de los daños de su tarjeta. Según el escrito al que ha tenido acceso Efe, Bousselham asegura que cuando Iglesias se la entregó tras recuperarla de manos del presidente del Grupo Zeta con quien comprobó los archivos de la SIM, la tarjeta funcionaba y que luego dejó de hacerlo. Ante las contradicciones que sí ve el juez en las versiones de la ex asesora, ésta respalda que si no contó estos detalles, es porque «tratando de recordar hechos tan convulsos y problemáticos para mi personalmente, he indicado que nunca pude acceder a dicha tarjeta, en la medida en que nunca tuve conocimiento o acceso sobre la totalidad del contenido de ésta». No ve la asesora, «declaraciones contradictorias» y asegura que no ha podido revisar la última «por no estar a disposición de las partes aún». En su nuevo escrito, no concreta ya cuando le entregó Iglesias la tarjeta. Otra vuelta más en un caso que dejaba en una posición jurídica delicada al vicepresidente. De momento el juez no se ha pronunicado y la credibilidad de Bousselham continúa en entredicho.