“Debe irse toda la cúpula para frenar el golpe”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está sentenciado dentro de la Guardia Civil. Y con él, su secretario de Estado, Rafael Pérez, y la directora de la Institución, María Gámez. El desarrollo de la crisis ha reforzado la unidad interna del Cuerpo frente a las «injerencias políticas». La nota que confirma que el ministro cesó al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por negarse a filtrarle las diligencias judiciales sobre el 8-M deja en el aire la autoridad y el futuro de la cúpula de Interior, desautorizada y deslegitimada al destaparse su intento de utilización política del Instituto Armado.

Intermanente creen que la crisis ha servido para unirles como colectivo porque el comportamiento del alto mando ha dignificado a la institución y ha puesto por delante de todo los «valores, el equipo, la lealtad y el compromiso con la ley». «Esto nos hará levantarnos más fuertes, de ahí el optimismo». El número dos de la Guardia Civil, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, dimitió nada más conocerse la destitución del coronel Pérez de los Cobos. «Los cargos exigen dignidad y esto es lo que hemos demostrado».

La situación de Marlaska y de su equipo es muy comprometida porque si no es por «dignidad política», la dimisión es la única salida que tienen para frenar el procedimiento penal. Después de que el ministro haya mentido en las Cortes, Congreso y Senado, y en rueda de prensa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo tiene esta vía como cortafuegos.

Las dos principales asociaciones judiciales (que representan dos tercios de la carrera judicial), fiscales y la asociación de la escala de suboficiales de la Guardia Civil han reclamado ya esta dimisión. Desde la Benemérita advierten de que lo que está en juego es la separación de poderes y si se admite sentar un precedente que supone autorizar a un cargo político a saltarse lo que establece la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley reguladora de las Fuerzas Armadas, en cuanto al deber de secreto de las actuaciones de la Policía Judicial.

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ya advirtió de que si descubría que el cese suponía una intromisión política en la investigación, tomaría medidas. La magistrada había ordenado a los agentes que sólo reportaran ante ella la investigación abierta por las manifestaciones del 8-M y la presunta responsabilidad del director de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, y de la «mano derecha» de Sánchez en Madrid, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Los hechos conocidos ayer obligarán a la directora de la Guardia Civil a dar explicaciones en el ámbito judicial, igual que al secretario de Estado y al ministro, al ser la máxima autoridad política del equipo de dirección del Ministerio del Interior.

«Marlaska ha quedado desautorizado para seguir al frente de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Él, más que nadie, sabía que estaba dando una orden ilegal. Y esto hay que unirlo a los nombramientos a dedo sin respetar los criterios de escalafón y antigüedad, a la campaña de acoso al poder judicial de Pablo Iglesias o al nombramiento de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado». Podemos y ERC fueron los primeros en celebrar la destitución del coronel Pérez de los Cobos.

Marlaska abre un problema político y penal a Sánchez de muy difícil salida. «Tiene mi absoluto apoyo», aseguró el presidente del Gobierno la última vez que se le preguntó por las destituciones y dimisiones dentro de la Guardia Civil.

Pero en la cúpula judicial y policial ven claro que cuanto más aguanten en el cargo mayor será la agonía del Gobierno. «El ataque a Montesquieu viene esta vez de un juez de carrera, son palabras mayores».