El real decreto ley, la vacuna de Sánchez en la pandemia

Parece que finalmente Pedro Sánchez ya ha encontrado el mecanismo legislativo o el «plan b» para avanzar hacia la «nueva normalidad» y poner fin, tras seis prórrogas, a la situación de excepcionalidad del estado de alarma. El presidente anunció ayer que el Congreso de Ministros aprobará un real decreto ley que tendrá que convalidar en el Congreso de los Diputados que aunará en una sola norma todas las medidas sanitarias que regirán en el nuevo escenario post-pandemia. Lejos de desarrollar una ley orgánica por la vía de urgencia, que necesitaría del consenso y debate de todo el arco parlamentario, Sánchez lo hará a través del real decreto ley, una fórmula que recoge la Constitución para casos de «extraordinaria y urgente necesidad» y que permite que la norma entre en vigor de manera inmediata una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado sin tramitación y con la convalidación del Congreso a posteriori.

¿Qué pasa cuando decae el estado de alarma?

Cuando expira el estado de alarma hay un vacío legal. Se acaba de la noche a la mañana con todas las medidas previstas en el decreto del 14 de marzo, así como con todas las normativas reguladas en otros decretos posteriores y que han vinculado su vigencia al estado de alarma. Por lo tanto, limitaciones de desplazamiento, la obligatoriedad de usar mascarillas o la regulación de los movimientos en franjas horarias, entre otros, dejarían de estar en vigor de inmediato.

¿Qué regulará el real decreto ley del Gobierno?

El real decreto ley aglutinará «todas las medidas de prevención, contención y coordinación» para avanzar en la desescalada cuando decaiga el estado de alarma. Entre las medidas que incluirá estará el uso de mascarillas obligatorio que el Gobierno aprobó bajo orden ministerial dictada por Sanidad y que si decae el decreto de estado de alarma lo hace también, al igual que todas sus normas de desarrollo. Además, también se prevé que incluya algunas medidas para el sector de transporte o comercio.

¿Necesita ser convalidado por el Congreso de los Diputados?

Sí. Los real decreto ley tienen carácter de «provisionalidad» y se completa con una doble intervención parlamentaria: para su convalidación o derogación, por el Congreso de los Diputados y la posibilidad de su tramitación como proyecto de ley. La convalidación se hace por mayoría.

¿Es normal el uso de esta figura para legislar?

Absolutamente todos los gobiernos los usan, aunque con distinta asiduidad. Si comparamos los primeros 19 meses en el poder de los últimos tres últimos ex presidentes, los datos no dejan lugar a la duda. Sánchez es el rey del Decreto. Entre junio de 2018 a diciembre de 2019, solo se aprobaron 50 leyes, de la cuales 42 son reales decretos frente a ocho leyes orgánicas, es decir un 83% fueron reales decretos. Como líder de la oposición, Sánchez se quejó en reiteradas ocasiones del «abuso» que el Ejecutivo de Mariano Rajoy hacía a su entender de este instrumento que faculta al Gobierno para aplicar leyes sin tener el aval previo de las Cortes. Ya instalado en la Moncloa, sin sonrojarse, ha batido todos los récords. Rajoy aprobó 35 durante los 19 primeros meses de gobierno; el popular José María Aznar, entre el 5 marzo de 1996 y el 5 diciembre de 1997, firmó 35 decretos mientras que José Luis Rodríguez Zapatero, entre el 17 de abril y el 17 noviembre, firmó 16 en total.

Durante el estado de alarma, el Gobierno ¿ha aprobado algún real decreto ley?

Hasta fecha de ayer, el gobierno aprobó un total de 14 real decreto leyes, que van desde el real decreto que aprueba el Ingreso Mínimo Vital o de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, así como el que recoge determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

¿Sirve el decreto ley para confinar a la población?

El decreto ley no sirve para restringir un derecho fundamental como la libertad de circulación. En caso de que se necesitase confinar a una población determinada, sin estado de alarma la decisión correspondería al Gobierno autonómico, con el aval de un juez, como ocurrió en el caso de la cuarentena impuesta a todo un hotel en Tenerife en febrero pasado o con el confinamiento de la ciudad de Igualada.