La Fiscalía planteará una condena por sedición o desobediencia a la ex cúpula de los Mossos

La Fiscalía modificará hoy su acusación contra el mayor Josep Lluis Trapero y la ex cúpula de los Mossos d´Esquadra por su papel en el proceso soberanista. Tras casi tres meses interrumpido por la crisis sanitaria del coronavirus, el juicio se reanuda precisamente con el anuncio de las conclusiones definitivas del Ministerio Público, que después de que el Tribunal Supremo rechazara condenar por rebelión a los líderes del "procés" no tiene más remedio que suavizar. Se trata de una de las principales decisiones de calado que tenía pendiente la Fiscalía cuando la ex ministra Dolores Delgado fue designada fiscal general del Estado el pasado febrero.

Y así lo hará, incluso un paso más allá de lo esperado en un principio, pues previsiblemente el teniente fiscal de la Audiencia Nacional propondrá al tribunal que condene a la ex cúpula de los Mossos por sedición, un delito que acarrea igualmente severas penas de prisión, o incluso por desobediencia. Este último no contempla penas de cárcel, sino únicamente de inhabilitación de un máximo de dos años y multa. Eso supondría que, de ser condenado por este último delito, Trapero no iría a prisión, pero si el Tribunal Supremo confirmase la condena sería apartado de los Mossos un mínimo de seis meses.

La Fiscalía llegó al comienzo del juicio con una petición de once años de cárcel para Trapero por rebelión, un delito castigado con una pena mínima de 15 años de prisión. Tras la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, en la que se descartó la rebelión, la acusación pública no tenía más remedio que rebajar su acusación. Sin embargo, no lo hizo en la primera sesión de la vista oral, como pretendían las defensas, y aplazó esa decisión hasta el momento de elevar a definitivo su escrito de calificación.

Ese momento ha llegado, y según las fuentes consultadas la Fiscalía no solo propondrá al tribunal -que preside la magistrada Concepción Espejel- que condene por sedición a Trapero, al ex número dos de la Consejería de Interior César Puig y el ex director de los Mossos Pere Soler -para quienes también pedía once años de cárcel-, sino que ofrecerá la alternativa de condenarles por desobediencia, por no acatar los mandatos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 1-O. Una diferencia sustancial desde el punto de vista de las posibles penas a imponer, dado que el delito de sedición puede suponer una condena de entre ocho y diez años.

Para la cuarta acusada, la intendente Teresa Laplana -la única a la que el fiscal acusaba ya de sedición, por lo que reclamaba una condena de cuatro años de cárcel-, la acusación de desobediencia le garantizaría eludir una posible pena de cárcel.

Los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira centran su acusación en dos momentos clave del desafío soberanista: el asedio a la Consejería de Economía mientras se llevaban a cabo los registros judiciales el 20 de septiembre de 2017 y el referéndum ilegal del 1 de octubre de ese mismo año. Dos escenarios que ya fueron abordado durante meses en el juicio del “procés” por el Tribunal Supremo, precisamente con el máximo responsable político de los Mossos en el banquillo, el ex conseller de Interior del Gobierno de Puigdemont Joaquim Forn.

Así que sobre la acusación definitiva de la Fiscalía pesaban sobre todo dos condicionantes. Por un lado, la condena por sedición del Supremo, en contra precisamente del criterio de la Fiscalía, al considerar el tribunal el desafío soberanista de mera "ensoñación" sin capacidad real de lograr sus objetivos. Y por otro, el hecho de que Forn fuese condenado a diez años y medio de prisión, lo que dada su condición de máxima autoridad de la Policía catalana supone un listón para una hipotética condena por sedición.

En la primera sesión del juicio, el fiscal Carballo afirmó ser "consciente" de que la sentencia de Supremo obliga a rectificar su calificación, pero aplazó esa decisión hasta este momento de la vista oral, cuando toca convertirla en definitiva. Su compañero Pedro Rubira también dejó claro que habría que atenerse a la jurisprudencia del "superior jerárquico", pero para despejar dudas aseguró que su acusación se ceñiría al "principio de legalidad".

La Fiscalía considera en su escrito de calificación provisional que los acusados fueron una "pieza clave" para "impedir o dificultar gravemente" el cumplimiento de las órdenes judiciales para así "llevar a cabo el plan secesionista”. Los Mossos, mantiene, tuvieron un papel "imprescindible" para "proteger" y dar "cobertura efectiva" a los líderes secesionistas en su plan de "imponer por la fuerza de las masas" la independencia. En pos de ese objetivo, añadía, incluso realizaron "seguimientos a otros cuerpos policiales", entorpeciendo su labor y llegando en algunos casos a "oponerse físicamente".

Para los fiscales tanto Trapero como Soler y Puig colaboraron con el plan independentista del Gobierno de Puigdemont “desde su cargo y responsabilidad”, poniendo a los Mossos “al servicio” de sus intereses. A Trapero la Fiscalía le achaca que articulara supuestamente “unos mecanismos de actuación que impidieran” a los agentes cumplir con las órdenes judiciales de impedir el 1-O. Puig habría alertado de la actuación de Policía y Guardia Civil y facilitado información a los impulsores del desafío soberanista “para garantizar el buen fin del mismo”. En cuanto a Soler, la Fiscalía le responsabiliza de dar “cobertura y protección” a los organizadores de la consulta ilegal.

En cuanto a los altercados durante los registros del 20-S en la Conselleria de Economía, los fiscales mantienen que Trapero y Laplana, responsable del operativo, "cooperaron" de forma decisiva con el objetivo de los líderes independentistas de obstaculizar la actuación judicial "propiciando con su deliberada pasividad la concentración durante horas de una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil", lo que obligó a la secretaria judicial a abandonar el edificio de madrugada por la azotea.

Las discrepancias entre Trapero y De los Cobos

En su declaración ante el tribunal, Trapero calificó como "una barbaridad" la resolución del Parlamento de Cataluña que, el 27 de septiembre de 2015, puso en marcha el "proceso constituyente" en pos de la independencia y dijo sentirse "injustamente tratado" por hacer su trabajo lo mejor que pudo. El mayor negó la pasividad de los Mossos el 1-O e insistió una y otra vez en que era al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos -quien le acusó de poner "palos en las ruedas" al operativo para impedir el referéndum ilegal- el encargado de coordinar el dispositivo policial.

Trapero volvió a referirse a un supuesto plan de los Mossos para detener a Puigdemont si se declaraba la independencia, que él mismo se ofreció para ejecutar llegado el caso, una operación que fue ratificada en el juicio por quien fue su sustituto, Ferran López, y a la que De los Cobos no dio ninguna credibilidad.

El coronel de la Guardia Civil -cesado fulminantemente como jefe de la Comandancia de Madrid por el ministro Grande-Marlaska por negarse a facilitar el informe sobre el 8-M- hizo hincapié en su convicción de que, de haber dado la cúpula de los Mossos un ultimátum a Puigdemont, el 1-O “no hubiera salido adelante” dada su “ascendencia considerable” sobre el entonces president, aunque “le hubiera costado el cese”.

Para De los Cobos no hay duda de que el plan diseñado por los Mossos “parecía más un dispositivo para cubrir un evento legal, unas elecciones normales, y no para impedir una actividad ilegal”.