La Fiscalía del Supremo no prevé citar a Don Juan Carlos

El tribunal investiga si hubo irregularidades en los contratos para el AVE a La Meca. Zarzuela guarda silencio y remite al comunicado donde Felipe VI renunció a la herencia

A las 12:21 de ayer saltaba la noticia desde la Fiscalía General del Estado: la Fiscalía del Tribunal Supremo asumía la investigación de las Diligencias abiertas por Anticorrupción en el año 2018, «al resultar de las mismas que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces Rey, hoy Rey emérito, D. Juan Carlos de Borbón». Una noticia que sorprendió a propios y extraños, al menos en estos momentos. Esta investigación pretende esclarecer todo lo relacionado con el supuesto pago de comisiones derivadas de la construcción del AVE que une Medina y La Meca, en Arabia Saudí. Será el fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos quien asuma la principal dirección de esta investigación, por orden expresa de la fiscal general, Dolores Delgado, quien argumenta esa designación en el «conocimiento exhaustivo de lo que se denomina Derecho penal económico» y su dilatada experiencia como Fiscal Jefe de una de las secciones penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación.

Esta investigación se refiere a la Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado «AVE del desierto» que une las dos ciudades citadas de ciudades de Arabia Saudí; y se centra, precisamente, en «delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado». A partir del momento de su abdicación como Rey y Jefe del Estado no está ya exento de que se le puedan exigir responsabilidad jurídica por hechos acaecidos desde esa fecha.

En un principio, estas diligencias de investigación corrían a cargo de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón, pero dado que en las misma se hace necesario también practicar diligencias que afectan al Rey emérito es por lo que se remiten a la Fiscalía del Tribunal Supremo, órgano competente para llevarlas a cabo al afectar a un aforado, como es el caso.

Como paso previo, Anticorrupción remitió todas las pesquisas a la Fiscalía General del Estado, en las que se contienen una relación de hechos presuntamente delictivos, algunos de los cuales podrían, supuestamente, afectar a Don Juan Carlos. Esos hechos estarían relacionados con el pago de comisiones a empresas españolas que resultaron beneficarias de la realización de esa importante obra. Antocorrrupción, según fuentes jurídicas, no especifica ningún delito concreto que se le pudiese imputar al Rey emérito, pero en la relación de hechos se apunta a un presunto delito de fraude fiscal y otro de blanqueo derivado de ese supuesto cobro de comisiones de esa obra, aunque éstas, en todo caso y de haberse producido, no se investigarían porque quedarían dentro de los años de su reinado y, por tanto, estaba protegido por la inviolabilidad. Por ello, lo que se investigaría serían los hechos posteriores, es decir, lo que hubiese sucedido con esas comisiones, si es que se comprueba que las recibió, algo que está pendiente de determinarse.

La Fiscalía se centrará ahora principalmente en pruebas documentales y aunque legalmente podría citar a declarar a Don Juan Carlos, no parece que ello vaya a ocurrir, «por prudencia».El pasado mes de marzo, la Fiscalía Anticorrupción reclamó a las autoridades suizas todo lo relacionado con la investigación abierta en el país helvético relaciada también sobre el supueto pago de comisiones millonarias pagadas por Arabia Saudí y entre cuyos beneficiarios podría estar Don Juan Carlos, quien, a su vez, habria realizado también una supuesta donación de 65 millones de euros a su amiga Corinna zu-Sayn-Wittgenstein, según señaló entonces el abogado de esta.