CDC

El juez del “caso 3%” imputa por cohecho al ex director de Infraestructuras de la Generalitat

De la Mata rechaza volver a investigar al Defensor del Pueblo catalán por la invitación a la final de la Champions de 2015 que costeó un empresario que financió a Convergència

El ex director de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell
El ex director de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Roselllarazon

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el “caso del 3%” de supuesta financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), ha citado como investigado el próximo 2 de julio por un delito de cohecho al ex director de Infraestructuras de la Generalitat Josep Antoni Rosell al considerar que el empresario Jordi Soler -quien también tendrá que declarar como imputado ese mismo día- le invitó a la final de la Champions de 2015 en Berlín entre el Fútbol Club Barcelona y la Juventus de Turín en función del cargo que desempeñaba.

Sin embargo, el instructor confirma, en contra de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación por estos mismos hechos contra el Síndic de Greuges Rafael Ribó, el Defensor del Pueblo catalán, que también fue invitado por el empresario junto a su familia.

En su resolución, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 del citado tribunal recuerda que presuntamente Rosell fue uno de los altos cargos de la Generalitat que contribuyó a poner en marcha la supuesta estructura para financiar ilegalmente a CDC, en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos con la finalidad de “dirigir” los mismos hacia las empresas que colaboraban con donaciones a la formación nacionalista.

Con ese objetivo, añade, “mantenía reuniones frecuentes con los representantes de las empresas en fechas próximas a publicación de licitaciones y otros hitos claves en el proceso de adjudicación, así como con otros cargos públicos ligados a CDC, e intervenía seguidamente en los indicados procesos”.

El juez señala que Soler participaba con sus empresas en licitaciones de obra pública que adjudicaba precisamente Infraestructuras “ y a lo largo de los años mantuvo múltiples encuentros y reuniones con Rosell en relación con distintas adjudicaciones, habiéndose producido donaciones de Soler a las fundaciones anejas a CDC”.

El instructor asegura que la relación entre ambos se remonta “años atrás” de 2012, cuando consta una donación de 50.000 euros de Soler Constructores a la Fundación Forum Barcelona, vinculada a Convergència, y que “se mantuvo en el tiempo, continuando en el período en que se produjo el desplazamiento futbolístico” investigado. El instructor considera que el objetivo de esa invitación fue tener “una atención comercial” con Rosell por razón del cargo que ocupaba. Además, subraya, envió “al menos un mensaje mediante el que trata que nadie sepa de él”.

En otra resolución, De la Mata rechaza el recurso de reforma que interpuso la Fiscalía contra la decisión de arvchivar la causa respecto a Ribó. Para el Ministerio Público sí existe un vínculo entre el Síndic y el empresario puesto que Soler fue quien pagó el desplazamiento y “decidió” las personas que viajarían en el avión. Esta decisión, insiste, no fue casual ni se tomó sobre la marcha, como ocurrió en otro viaje similar en 2009 a otra final de la Champions, sino que fue “premeditada y planificada”.

El magistrado explica que, sin discutir que Soler fue quien pagó el avión y decidió qué personas viajarían, sin embargo no ha quedado acreditada la existencia de relaciones comerciales, empresariales o contractuales de clase alguna entre Soler y sus empresas y el Síndic de Greuges, “de modo que tampoco resulta razonable atribuir a cálculos económicos sobre futuros retornos o a intereses empresariales la aceptación por parte de Soler de estos pasajeros en su vuelo a Berlín”.

Para De la Mata los elementos aportados por el fiscal no permiten acordar su imputación con el rigor y seriedad exigibles, por lo que descarta revocar su auto del pasado 21 de abril en el que acordó el sobreseimiento respecto a Ribó.