Elecciones autonómicas: El 13-J complica una negociación PP-PSOE

No fue ni mucho menos casual la elección del 16 de julio por parte del presidente del Gobierno como fecha en la que España rendirá homenaje a las decenas de miles de víctimas del coronavirus en una ceremonia presidida por el Rey. Un acto ante el que se presupone que los partidos políticos deberán, al menos, escenificar un cierto ritual de unidad, aparcar la bronca y ceder el protagonismo a los fallecidos. El 16 de julio, esto es, cuatro días después de que se celebren los comicios autonómicos en el País Vasco y en Galicia. Con esa elección, el presidente Sánchez vino implícitamente a reconocer las dificultades de representar esa unidad en las semanas previas, en un contexto en el que, superado el estado de alarma, a la crispación generada por la gestión de la crisis sanitaria se una la habitual pugna electoral y partidista.

De lo que viene en la arena política desde ahora y hasta ese 12 de julio vimos ayer una primera muestra con el arranque de la precampaña. Tanto socialistas como populares se dirigieron críticas y reproches mutuos en sus respectivos actos de partido, ambos en Galicia. Un escenario que complica y hace altamente improbable que pueda fructificar la petición que ha venido formulando Sánchez en las últimas semanas del estado de alarma para que se concreten acuerdos entre el PSOE y el primer partido de la oposición o los planteamientos del presidente del PP para tejer acuerdos de Estado, previa salida de Podemos de la coalición.

El líder del PP, Pablo Casado, que arropó ayer en Santiago al candidato Alberto Núñez Feijóo, insistió en reivindicar a su partido como el de la «mano tendida al Gobierno». La campaña electoral, sin embargo, estará monopolizada por la gestión del coronavirus llevada a cabo por Sánchez y los gobiernos autonómicos. Y esa dinámica de confrontación, unida a la evidente distancia que socialistas y populares han escenificado desde que los de Casado dejaran de apoyar a principios de mayo las prórrogas del estado de alarma, impedirá, a priori, cualquier tipo de acuerdo.

Casado acusó ayer a Sánchez y a su equipo de «ocultar información», de demostrar evidentes «carencias» en la gestión de la crisis y de «reaccionar con tardanza» pese a las alertas existentes. Reprochó asimismo a Moncloa haber «descuidado la salud de los españoles» y de «descuidar» ahora «la prosperidad y las recetas eficaces» que permitirían al país empezar a dar pasos frente a la crisis económica y social posterior al pico de la pandemia. Cuestionó el «rigor» de un Gobierno que, a su juicio, «cuida mucho la estética». Frente a esto, Casado subrayó que a los populares les «importa la ética, la ética de la responsabilidad».

Desde el PSOE, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, también tendió, como Casado, la mano a su contrincante político: «España necesita el concurso de todos, también de la derecha, también del PP». Acto seguido, lanzó duras acusaciones contra la formación a la que invita a pactar. Montero afeó a los dirigentes populares que hayan «aprovechado» la pandemia «para que el Gobierno sea débil o se desgaste». Criticó que Casado participe «del juego de insultos y de mentiras» que mantienen con «la ultraderecha» de Vox: «El que dice una barbaridad, el otro dice una barbaridad más grande». Como colofón, encuadró el discurso de Casado y de Feijóo en la categoría del «patriotismo de hojalata».

Al margen de la escenografía electoral, la mano que unos y otros se tienden también difiere respecto al foro en el que deben concretarse los acuerdos. Los socialistas –y sus socios de Gobierno de Podemos– llaman a que sea en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social creada en el Congreso dentro de un pacto en el que participe el mayor número de fuerzas parlamentarias. Casado, por su parte, invitó ayer a Sánchez a alcanzar acuerdos concretos, en reivindicación de la «política útil», y que conciernan por ejemplo a la creación de una oficina nacional para víctimas de la Covid-19, «una especie de Pacto de Toledo por la salud», la formación en el Senado de una comisión para evaluar la atención social y a los mayores, el impulso de un plan de choque económico y la adaptación del marco jurídico para que declarar la alarma no sea la única vía de actuación en caso de rebrote. Las llamadas a los acuerdos están sobre la mesa, pero la realidad deja claro que no podrán concretarse hasta, al menos, el 13 de julio.