Luz verde al contrato para fabricar 348 blindados 8x8 para el Ejército de Tierra

El Consejo de Ministros autoriza el primer tramo de producción del total de 1.000 unidades comprometidas de vehículos de combate sobre ruedas "Dragón"

La pasada semana, el ya ex secretario de Estado de Defensa Ángel Olivares dejaba claro que el programa del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 “Dragón” era “un objetivo estratégico e irrenunciable para España”. Al mismo tiempo, anunciaba que en agosto tendría lugar la firma del contrato para su fabricación después de que el Ministerio de Defensa autorizase la constitución de una nueva sociedad, formada por las empresas Indra Sistemas, Santa Bárbara Sistemas, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering. Una rúbrica a la que el Consejo de Ministros ha dado hoy el visto bueno, tal y como ha confirmado durante la rueda de prensa posterior la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

En concreto, ha explicado que lo que se ha autorizado es el contrato para el primer tramo de producción de estos blindados, valorado en cerca de 2.100 millones de euros, que incluye la fabricación de 348 de las 1.000 unidades comprometidas. Unos vehículos que irán fabricándose a lo largo de los próximos 10 años, aunque las previsiones más optimistas hablan de que las primeras unidades estarán operativas en la primera mitad de 2022. Según explica Moncloa, los vehículos “serán entregados progresivamente conforme a un calendario de entregas distribuido en 10 anualidades, hasta el año 2030″.

La portavoz del Ejecutivo ha aprovechado para señalar los efectos derivados de este contrato, destacando la incidencia en el empleo en diferentes regiones españolas. “La fabricación de estos vehículos recae en un 70% sobre la industria de producción nacional”, ha señalado para hacer hincapié en “la importancia de impulsarlo”. Al mismo tiempo, ha recordado que donde más se notará será en Asturias, Sevilla, Guipúzcoa y Madrid, con la creación de unos 650 puestos de trabajo directos, asociados a su fabricación, y otros 1.000 indirectos. Es un programa “de especial importancia para nuestro país en lo que significa la preservación de los puestos de trabajo”, ha apuntado Montero. Según el Ejecutivo, el objetivo es “mantener una base tecnológica e industrial avanzada en el ámbito del equipamiento de Defensa”, dando con este programa “continuidad a las inversiones realizadas en los programas Leopardo y Pizarro, y con ello, desarrollar un producto propio”.

De esta forma, si en esta ocasión los plazos se mantienen y no vuelve a haber retrasos, las fechas que se barajan ahora son: en julio, primeras pruebas de tiro en el campo de Maniobras de San Gregorio (Zaragoza); en agosto, la firma del contrato con las empresas; a finales de octubre, certificación de la protección contra minas, y a finales de año o principios de 2021, entrega a la Legión de los cinco primeros demostradores para probarlos durante unos cinco meses y corregir posibles fallos. Este último hito tenía que haber arrancado este mes, pero la crisis del coronavirus lo aplazó por enésima vez.

Estas 348 primeras unidades que fabricará la nueva sociedad son parte de un programa que incluye un total de 1.000 vehículos con 13 configuraciones. En una segunda fase (que en principio estaba prevista a partir de 2022) se recibirán otros 365 blindados “Dragón” y en la última, aún por determinar, otros 287. En su conjunto, el programa ronda los 4.000 millones de euros.

El objetivo de este programa, una prioridad para el Ejército de Tierra desde que arrancó en 2007, es sustituir a la ya anticuada flota de Blindados Medios sobre Ruedas (BMR), con más de 40 años y que no garantizaba la mínima protección de los militares. “El contrato nos va a permitir sustituir unos vehículos que tienen ya un ciclo de vida ampliamente superado, mejorando la seguridad y la capacidad de defensa autónoma”, ha destacado la portavoz del Ejecutivo. Además, el Gobierno hace hincapié en que “la incorporación de estos vehículos permitirá avanzar decididamente en la convergencia con los objetivos de defensa establecidos por la OTAN y recomendados por el Parlamento Europeo, como parte de un necesario reparto de responsabilidades, esfuerzos económicos y recursos demandados entre los aliados”.

Se trata de un programa que, como han recordado en numerosas ocasiones la ministra, “es una prioridad” de la que el Ejército de Tierra “no puede prescindir”, llegando a afear en alguna ocasión las críticas vertidas desde otros partidos o incluso las del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien dijo que “no es una prioridad gastar en tanques o aviones”.