Querella contra “Kichi” por prevaricación por izar la bandera gay en el Ayuntamiento de Cádiz

La decisión del alcalde de Cádiz, José María González, “Kichi”, de colgar de la fachada del Ayuntamiento la bandera gay para celebrar la Semana del Orgullo ha llegado a los tribunales. La Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado en los juzgados de instrucción de Cádiz una querella por prevaricación contra el regidor gaditano por ignorar la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que considera incompatible “con el marco constitucional y legal vigente” el uso de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos.

En su denuncia, la asociación que preside Polonia Castellanos reclama además a la Justicia que de forma cautelar obligue a “Kichi” a retirar la bandera. Idéntica medida que solicita, en otra denuncia ante los juzgados de Valladolid, con respecto a Conrado Íscar (PP), presidente de la Diputación de Valladolid, que también ha hecho ondear la bandera arcoíris de la sede de este organismo y contra el que también se querella.

Abogados Cristianos reclama la retirada cautelarísima de la bandera argumentando que “es evidente que el incumplimiento de la ley por parte de una Administración Pública generaría la percepción de que se permite que las administraciones públicas incumplan la ley, cuando son precisamente las administraciones públicas las que deberían ser ejemplo y garantía del cumplimiento de la ley, más aún en un país democrático”.

En la querella se llama la atención sobre el hecho de que “Kichi” “ha llegado hasta a presumir y hacer alarde de su descarado incumplimiento de la ley, dando publicidad y difusión a su conducta incumplidora”. La asociación denunciante pide que se le cite a declarar como investigado con la advertencia de que, si no comparece, se emitirá una orden de detención

En un comunicado Castellanos recuerda que una reciente sentencia del Supremo “prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos” y equipara lo sucedido con las banderas independentistas en algunos edificios públicos de Cataluña. “No se puede permitir que una administración coloque una bandera que sólo representa a una parte de la ciudadanía”, se queja.

En la resolución en la que anula un acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que avaló que el Ayuntamiento izara en su fachada la “bandera nacional de Canarias” (de siete estrellas verdes), el Alto Tribunal determinó el pasado 26 de mayo que, además de ir en contra de la legalidad, resulta “incompatible” con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas “la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.

Además, la asociación querellante hace referencia a que la Ley de Banderas de 1981 “prohíbe expresamente la colocación en edificios públicos (que son de todos) la colocación de banderas no oficiales, y en este caso, además, con marcado sesgo ideológico”.

La presidenta de la asociación querellante reclama que los responsables públicos que "incumplen a sabiendas la ley" al impulsar estas iniciativas sean inhabilitados. "Muchos políticos hacen con la bandera arcoíris lo que ellos mismos criticaban con las esteladas en Cataluña o las ikurriñas en Navarra", denuncia Castellanos, para quien "las banderas no oficiales no deben estar en los edificios públicos y así lo acaba de sentenciar claramente el Tribunal Supremo".

En esa sentencia, el Tribunal Supremo da la razón a la Abogacía del Estado (que había recurrido la decisión municipal) y esgrime que esa bandera “nacional” canaria “no es la bandera oficial y, por tanto, no se la puede atribuir la representación del pueblo canario como defiende el Ayuntamiento”.

En cuanto a Íscar, Abogados Cristianos recuerda en su denuncia que el pasado lunes “se procedió a colocar en la sede de la Diputación de Valladolid una bandera no oficial”, contraviniendo con ello, según su criterio, lo dispuesto en la Ley de Banderas de 1981.