Desmontando la excusa independentista del Estatut

Fueron necesarios cuatro años de deliberaciones de los magistrados antes de que se pronunciaran sobre la Ley orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña. Fue hace ahora diez años, cuando el Tribunal Constitucional avaló la mayor parte del Estatut aunque recortó 14 artículosy sometió a interpretación otros 27, en un fallo que mantuvo el término nación en el preámbulo dejando claro que éste no tiene ninguna validez jurídica y señalando reiterativamente la «indisoluble unidad de la nación española, consagrada en la Constitución». El fallo supuso un duro varapalo para las pretensiones catalanas de declarar «preferente» la lengua catalana, tener un Poder Judicial autónomo y ampliar sus competencias fiscales.

El fallo del Constitucional marcó un antes y un después tanto en el independentismo catalán como en la imagen de imparcialidad que tenía el Tribunal Constitucional antes de dictarse la sentencia. Tras el fallo, los independentistas crearon un nuevo conflicto y un nuevo agravio que consistió en contraponer al pueblo catalán contra la Constitución Española. Cabe recordar, que este reglamento jurídico no fue votado ni por la mayoría de los catalanes ya que votaron poco más de dos millones y medio de personas, el 48,85% del censo. No obstante, el texto fue aprobado con el 73,9% de votos afirmativos y un 20,76% de votos en contra. Por otro lado, esta sentencia de 2010 es uno de los motivos esgrimidos de forma habitual por el nacionalismo catalán como detonante del «procés», del referéndum del 1-O y de las dos declaraciones de secesión de octubre de 2017 en el Parlamento autonómico. En lo que respecta al Tribunal Constitucional, el fallo supuso la ruptura del acuerdo entre sus magistrados y su división en bloques.

Expertos constitucionalistas analizan para LA RAZÓN qué supuso esa sentencia y qué consecuencias tuvo para el independenstismo. Carlos Sánchez de Pazos Peigneux profesor de Derecho Constitucional de la URJC asegura que «el independentismo obtuvo básicamente lo que buscaba, es decir, crear un conflicto donde no lo había en 2005 y 2006». En su opinión, la idea era aprobar una reforma del estatuto pero en realidad lo que se presentó fue un estatuto nuevo. «Se podría haber hecho porque la CE permite aumentar las competencias vigentes y aprobar gran parte de los que aprobó sin generar ningún conflicto, pero eso no fue lo que se buscó desde el principio. La norma incluía revisiones que eran claramente anticonstitucionales y se sabía donde iba a acabar el asunto», sostiene.

En en fallo de junio de 2010, el TC prohibió que la lengua catalana tuviera trato «preferente», algo estaba incluido en uno de los artículos más polémicos del texto, el 6.1. A la cabeza de aquella Cataluña estaba el presidente José Montilla, del PSC y lo que hizo fue contraponer la voluntad de una parte de los catalanes expresada democráticamente a través de un referéndum con la CE. «El fallo le permitió decir que no nos entiende y que no respetan», explica.

Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Cardenal Cisneros, asegura que sentencia que tumbó buena parte de la reforma del Estatuto de Cataluña hace hoy diez años, «supuso una victoria del Estado de Derecho frente a la imposición por una minoría de un régimen jurídico privilegiado que no tiene cabida en nuestro orden constitucional». En su opinión, el fallo «no pudo resolver la fractura política y social interesada por muchos, derivada de la frustración de las promesas de un obstinado Presidente del Gobierno que pretendió otorgar facultades ilusorias al pueblo catalán afirmando que el Estatuto que votaran sería el que finalmente se aprobaría». Según señala al ser palmariamente inconstitucional la consecuencia fue que el máximo intérprete de la Constitución «tuvo que enmendar la torticera norma. Sin duda, es un antecedente de la triste situación que hoy subyace en Cataluña». Para el experto no hay ninguna duda «podemos afirmar que hemos aprendido, dado que el poder legislativo tomó nota y volvió a regular el recurso previo de inconstitucionalidad en relación con las reformas de los Estatutos, instrumento que evitará que en el futuro un dislate así vuelva a suceder».

Por otro lado, el abogado y profesor de deontología profesional y normativa en Universidad Rey Juan Carlos insiste en que el Tribunal Constitucional y los ponentes de la Constitución, “tenían muy claro que España no podía volver a la desintegración política de la II República. La democracia actual se construyó superando los errores de pasado; los ponentes fueron inteligentes, la clase política actual, no lo es”.

Precisamente, los líderes independentistas usaron el aniversario de la publicación de la sentencia ayer para volver a izar la bandera independentista y defender su autodeterminación basándose en la idea, tan repetida, de que con la sentencia del TC «empezó todo».