Ferrol desmiente al Estado: no pagó la contribución del Pazo de Meirás

Una de las alegaciones que la Abogacía del Estado iba a presentar como prueba en el juicio que comienza el próximo lunes en La Coruña sobre la propiedad del Pazo de Meirás acaba de quedar en evidencia. En la audiencia previa celebrada el pasado mes de enero, el letrado de la Administración de Justicia sorprendió con el dato de que el Ayuntamiento de Ferrol fue el que pagó, hasta mediados de los años setenta, el impuesto de contribución urbana de la finca situada en el término municipal de Sada, a casi 50 kilómetros de Ferrol, usada como residencia de verano por Francisco Franco.

La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de La Coruña admitió las alegaciones del representante del Estado para tratar de demostrar que la adquisición del pazo fue para un fin público y que, en consecuencia, eso es determinante para que sea devuelto al patrimonio estatal. No fue tenida en cuenta por la magistrada la relativa a la documentación de que hubo aportaciones económicas por parte de otras instituciones.

El abogado del Estado pidió el 5 de febrero al Ayuntamiento de Ferrol que aportara «en el plazo de un mes» el contenido de «las actas o documentos que obren en su archivo sobre el pago de las contribuciones relativas al Pazo de Meirás o el momento en que ese pago se dejó de hacer» por parte del consistorio. La alcaldía reclamó más tiempo a la espera de una respuesta del catastro y, finalmente, presentó el pasado día 23 el resultado de sus pesquisas en el Archivo Municipal, donde los funcionarios cotejaron hasta 27 libros de actas y diarios de «intervención de pagos» desde el año 1937, en el caso del más antiguo, hasta el más reciente periodo entre 1975 y 1986, sin que en ningún caso «se encontraran ni anotaciones contables relativas al pago de la contribución del Pazo de Meirás por el Concello de Ferrol ni acuerdos sobre el momento en que ese pago empezó o dejó de hacerse por parte del Concello». Añade que no ha recibido hasta esa fecha respuesta del Centro de Gestión Catastral, dado que al ser la contribución un impuesto estatal, el Concello sería «sujeto pasivo de ese tributo».

El letrado de la familia Martínez-Bordiú Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, muestra su extrañeza por la «errónea» pretensión de la Abogacía del Estado. En la audiencia previa «nos quedamos asombrados, yo estaba seguro de que eso no era así, y que debía ser una confusión con la casa natal de Franco, que en su día se habló de que la corporación se la quedase como museo», asegura. El Ayuntamiento de Ferrol abonó la luz, el agua y un conserje de la casa natal hasta 1979. «Pero del pazo no pagaba nada. Y Ferrol está además a 50 kilómetros, no tenía ningún sentido salvo para una argumentación basada en que a Franco se lo pagaban todo», afirma a LA RAZÓN el abogado de J.Y. Hernández-Canut, que lleva el litigio junto a Antonio Gil Evangelista, socio del mismo despacho. El también portavoz, que acompañó a la familia el día del traslado del Valle de los Caídos a Mingorrubio, alude para explicar el error a «algún artículo y al libro de [Carlos] Babío [«Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio»] donde se dice que ese gasto lo sufragaba Ferrol».

«Tenemos todos los recibos girados a nombre de Francisco Franco Bahamonde y tenemos también los justificantes de pago, de modo que nos extrañaba», insiste. «Estábamos razonablemente convencidos de que era así, y se acaba de reconocer que no hay rastro de ningún pago ni de ningún acuerdo al respecto», afirma Luis Felipe Utrera-Molina, que dice haber «buceado personalmente en los archivos del ayuntamiento» y que «no había absolutamente nada».

Considera «relevante» que este sea uno de los «elementos probatorios» que se van a valorar en el juicio, un argumento propuesto por el Gobierno que se ha vuelto en su contra. «No es que sea algo definitivo pero hay muchas sentencias del Tribunal Supremo» al respecto. «Por sí sola no basta, pero es una prueba de que Franco sí se consideraba dueño del Pazo de Meirás, porque pagaba la contribución y así lo declaraba en todas sus declaraciones de la renta», que han sido aportadas a la causa desde los años 50.