El Gobierno no esperará a ERC para tramitar los Presupuestos

La pérdida de peso de ERC como «socio preferente» del Gobierno, tras la entrada en juego de Ciudadanos, queda ya patente en los planes de futuro de Moncloa. El calendario catalán que hasta ahora había marcado el ritmo de la política nacional y de un Ejecutivo que modulaba su agenda en función del margen de maniobra que tuvieran los republicanos para apoyarla –en su pugna dentro del independentismo–, ha quedado ahora relegado.

La irrupción de la formación de Inés Arrimadas ha permitido a Pedro Sánchez liberarse de la dependencia de los soberanistas y recuperar las riendas de las negociaciones. Los tiempos se marcan ahora en Madrid y serán los socios quienes decidan si se suman o no a los acuerdos. El cambio se ha percibido en la actitud misma del Ejecutivo. Si en enero aseguraban que no presentarían los Presupuestos hasta tener asegurados los apoyos suficientes para sacarlos adelante, ahora se deja a un lado la calculadora y se argumenta que «los apoyos solo se pueden contabilizar cuando están ya cerrados».

En el Ejecutivo no están, por tanto, dispuestos a esperar para conjugar el calendario presupuestario con el catalán siempre convulso y aún por definir. «Este país necesita unas cuentas públicas y las necesita ya», señalan desde Moncloa, apuntando más allá, a que se presentarán «en tiempo y forma», esto es, en el mes de septiembre u octubre. Estas previsiones chocan de lleno con la expectativa de un eventual adelanto de los comicios en Cataluña, que Carles Puigdemont quiere fijar para el 27 de septiembre o el 4 de octubre. Sin embargo, en el Gobierno despachan esta coincidencia, asegurando que «no hay certeza de que se vayan a producir estas elecciones catalanas».

El cambio de actitud respecto a ERC es total, pues desde el sector soberanista se habría pedido al Gobierno esperar a que se dilucide este escenario electoral, con el fin de darles cierto margen de maniobra para que puedan aprobar las cuentas sin sufrir por ello un perjuicio en las urnas. Pero en Moncloa no están dispuestos a alterar sus planes y entienden que la urgencia de aprobar unos nuevos presupuestos está «por encima de contiendas electorales». «Hay que tener en cuenta el pulso del país», un pulso que se va debilitando si no hay una inyección de recursos y un nuevo proyecto. «España no se puede reconstruir con unos Presupuestos de 2018», aseguran ante la eventualidad de seguir con las cuentas de Cristóbal Montoro mientras ERC resuelve su sudoku electoral.

Las dos «incógnitas» que el Gobierno quiere desvelar antes de comenzar a trabajar sobre el esqueleto presupuestario no tienen que ver con el escenario en Cataluña, sino en Bruselas. Desde Hacienda, la ministra María Jesús Montero, asegura que antes de poner en marcha la maquinaria necesitan saber concretamente la aportación europea en forma de ayudas y tener unas previsiones económicas más certeras. «Cuando tengamos los datos sobre la aportación europea y bajo qué condiciones se da o si es en forma de préstamos, empezaremos a hablar con los grupos. También necesitamos saber de cuánto será la caída definitiva del PIB», señaló. Montero «espera tener pronto la información de Bruselas», una información que llegaría en julio, cuando hay previstas varias reuniones entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión para negociar estas dotaciones, con lo que los contactos con el resto de partidos se abordarían ya en agosto.

En Moncloa otorgan máxima trascendencia a las cuentas de la reconstrucción y las entienden como una suerte de «operación salvamento» para «levantar la economía del país» después de la «catástrofe» del coronavirus. Desde el Ejecutivo se agradece la «disposición» de Ciudadanos, pero se asegura que hay que ir más allá de la «buena voluntad», porque estos presupuestos son la «herramienta» para ejecutar la recuperación. Desde Hacienda reconocen que esta negociación con los partidos será ardua, «ninguno nos ha dicho ya que sí», bromean; aunque no esconden que tienen «esperanzas» porque muchas formaciones han mostrado que quieren aportar. En este punto, vuelven a tender la mano al PP para que no se «autoexcluya», poniendo «líneas rojas» en las subidas de impuestos.