El juez De la Mata se queda fuera de las listas para cubrir las vacantes de la Sala Penal del Tribunal Supremo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata parece que ha perdido fuelle en su intento de obtener una de las tres plazas vacantes en la Sala Penal del Tribunal Supremo, las correspondientes a Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, todas ellas producidas por jubilación. En la lista de candidatos que ha aprobado hoy la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que se someterán a debate y votación en  el Pleno que se celebrará el próximo día 24. Estas listas se han aprobado con seis de los votos a favor de los vocales integrantes de la citada comisión, toda vez que los “progresistas” Álvaro Cuesta y Rafael Mozo votaron en blanco y, además, renunciaron a las ponencias que tenía asignadas.

De hecho, Álvaro Cuesta retiró sus propuestas y pidió, además, que se dejase para una nueva reunión de la Comisión Permanente la aprobación de esas listas. Posteriormente, Mozo se sumó y optó igualmente por no presentar a candidato alguno.

En ninguna de estas aparece José de la Mata, pero ello no quita en absoluto para que durante el Pleno su candidatura sea propuesta por un vocal y pueda ser refrendada por la mayoría del órgano de Gobierno de los jueces de Gobierno. Ninguno de los vocales que presentó candidatos a cubrir esas vacantes propuso al instructor, entre otras causas, del procedimiento donde se investiga el patrimonio de la familia del ex presidente catalán Jordi Pujol. Uno de los motivos que ha planeado en esa circunstancia, según señalaron a LA RAZÓN fuentes del propio CGPJ, es el hecho de que De la Mata “sólo lleva 12 años de ejercicio judicial –al margen del tiempo que estuvo en el Ministerio de Justicia cuando lo dirigía Francisco Caamaño y Juan Carlos Campo era secretario de Estado- y nunca ha estado en órganos colegiados, lo que significa que no ha dictado ninguna sentencia” formando parte de un tribunal.

En todo caso, el debate fue un tanto “confuso” hasta el extremo que Álvaro Cuesta y Rafael Mozo decidieron no presentar candidatos por lo que finalmente “se ha optado, para zanjar las discusiones, por recuperar las ternas que ya se habían pactado en diciembre pasado, cuando Juan Carlos Campo no era todavía ministro y nadie postulaba por De la Mata”,

En total, la Comisión Permanente ha decidido proponer a 14 candidatospara las tres plazas: 13 son los mismos para las tres plazas, a las que se añaden las de Manuela Fernández y Juan Ramón Sáez, quienes concursaron sólo para una de las vacantes. Las listas se han aprobado sin orden de preferencia. Entre ellos figuran, entre otros, los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de Cataluña y Andalucía, Jesús María Barrientos y Lorenzo del Río, respectivamente, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, así como los magistrados de esta misma sede jurisdiccional Concepción Espejel, Ángel Hurtado –quien emitió el voto particular discrepante de la sentencia del “caso Gürtel-, Teresa Palacios, Manuela Fernández de Prado y José Ramón Sáez, artífice de que en la citada sentencia se aludiera a la posible “caja B” del PP que determinó la moción de censura que acabó con la presidencia de Mariano Rajoy.

ç. . En el “camino” se han quedado otros 14 aspirantes.

“Más que una posibilidad de que no haya nombramientos”

Por otro lado, la actitud mantenida por los vocales Álvaro Cuesta y Rafael Mozo es entendida por un sector del Consejo como “más que indicativa” de la dificultad que habrá para realizar esos nombramientos. “Será difícil que pueda haberlos porque parece que hay reticencias en algunos vocales que parece que no quieren que se realicen”, y no hay que olvidar que para esas designaciones se requiere que el candidato obtenga 13 votos, algo imposible si  no hay consenso entre los dos “grupos” del Consejo.

Pero, junto a ello, un amplio número de vocales defiende que deben producirse esos nombramientos por la sencilla razón de que el CGPJ, pese a que esté en funciones, “debe cumplir con sus obligaciones, con sus funciones, porque las instituciones deben seguir cumpliendo con su deber”.