Las 49 preguntas que el Gobierno tendrá que responder sobre Iglesias y el “caso Dina”

El Gobierno tendrá que responder en el Congreso de los Diputados por el “caso Dina” y la implicación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el robo de la tarjeta SIM de su ex asesora. El líder de Podemos está “acorralado” por la oposición y, mientras los partidos exigen que dé explicaciones, él busca una comisión de investigación sobre las “cloacas del Estado” donde se parapeta en la condición de “víctima”, la que el juez ya le ha retirado.

Después de que Iglesias haya descalificado a varios periodistas y medios de comunicación por informar sobre el “caso Dina”, el PP y Ciudadanos han registrado en el Congreso una batería de 46 preguntas con las que pretenden clarificar lo ocurrido y saber si el Gobierno conocía o está de acuerdo con varias de las cuestiones que le afectan directamente al vicepresidente. Mientras, el Gobierno evita el “caso Dina” e insisten en que ellos no son los intérpretes de Iglesias.

El PP quiere conocer la opinión del Gobierno sobre el ataque de Podemos a los medios de comunicación, también que reconozca si el “caso Dina” está afectando a la credibilidad del Ejecutivo o si valoran que existen “cloacas” con una dimensión “mediática”, entre otras. Preguntan también a la ministra de Igualdad si piensa que “el vicepresidente segundo podría haber incurrido en un caso de violencia contra la mujer”. El partido liberal en el Congreso también pregunta sobre si el Gobierno tuvo conocimiento del tiempo que tuvo en su poder Pablo Iglesias la tarjeta móvil de su asesora.

Del mismo modo, el PP quiere que el Ejecutivo diga si considera que las declaraciones sobre determinados medios de comunicación y periodistas de su vicepresidente son propias de un cargo institucional, además de especificar si “las considera una clara amenaza a la libertad de prensa”.

El Grupo Parlamentario Popular pide al Gobierno que valore si comparte las declaraciones de su vicepresidente segundo, cuando tacha de “gentuza” a los profesionales de tres medios de comunicación que han ido publicando diariamente información sobre el “caso Dina”, en concreto El Mundo, OK Diario y el Confidencial.

¿Qué grado de veracidad concede el Ejecutivo al mensaje publicado por los medios de comunicación en relación con la instrucción que, hasta diciembre de 2018, dirigía el juez De Egea, en el que Marta Flor, abogada de Bousselham e Iglesias escribió: “Me ha escrito Ironman diciéndome que él fue quien filtró y que quería cerrarlo todo”?

¿Comparte las declaraciones de Iglesias cuando critica la decisión del Magistrado García Castellón al retirarle su condición de perjudicado en el “caso Dina”?

Preguntan también al Gobierno por las declaraciones de Iglesias cuando indicaba en una reciente entrevista que no devolvió la tarjeta del teléfono supuestamente sustraída a Bousselham para “protegerla”. “¿Comparte el gobierno la opinión del vicepresidente de que es necesario proteger a las mujeres adultas mayores de edad sin su conocimiento y sin su consentimiento?

El móvil y la seguridad nacional

Los populares hacen referencia a la manifestación de Pablo Iglesias en una entrevista en RNE cuando indicó que el móvil sustraído a Dina contenía imágenes íntimas de la asesora. Por ello piden explicaciones de si “¿está reconociendo que tuvo acceso al mismo y a pesar de ello no se las devolvió a su legítima propietaria?”

Después de que Iglesias haya reconocido haber tenido acceso al contenido de la tarjeta móvil: “¿Puede garantizarnos que no existe en dicha tarjeta de memoria contenido comprometedor para el señor Iglesias dado que es miembro de la comisión delegada del CNI y como tal tiene acceso a documentos clasificados?

¿Garantiza el Gobierno que el contenido de la tarjeta sustraído a Bousselham no supone un riesgo ni abre una brecha de seguridad nacional dado que, según parece, compromete al vicepresidente segundo? Sobre la posible destrucción de la tarjeta SIM de la asesora, que investiga la Audiencia Nacional, Ciudadanos pregunta al Gobierno si era conocedor del estado de de deterioro de la misma y sí conocen la razón que explica el deterioro de la tarjeta.

Irene Montero deberá contestar si Iglesias incurrió en “un caso de violencia contra la mujer”

Otra de las preguntas hace referencia a la campaña publicitaria que el ministerio de Igualdad puso en marcha marzo de 2017 bajo el lema: “Espiar el móvil de tu pareja es violencia de género”, y en otras fechas con el lema “si tu chico te controla el móvil, cuéntalo- hay salida para la violencia de género”. Por ello preguntan si “¿considera el Gobierno que el vicepresidente podría haber incurrido en un caso de violencia contra la mujer?”; y si por ello, “¿actuará el ministerio de la Irene Montero contra el vicepresidente segundo del Gobierno por el supuesto caso de violencia contra la mujer en el que podría haber incurrido?”

La ministra de Igualdad también deberá responder a varias preguntas escritas, a petición del PP, sobre si “la violencia contra la mujer en el ámbito laboral es una preocupación del ministerio de Igualdad”, o sobre sí su gabinete tiene previsto llevar a cabo alguna campaña de sensibilización durante el año 2020. “¿Contempla el Ministerio alguna acción en relación a la lucha contra la violencia de género ejercida mediante el control de dispositivos móviles y electrónicos?”, le preguntan.

También deberá valorar como ministra qué le parece “el control de la tarjeta telefónica de un móvil de una asesora, sin consentimiento, con la que se mantiene una relación laboral cuando el contenido afecta a su intimidad”. “¿Cree que la violencia laboral tiene dimensión social y colectiva; o por el contrario es un problema individual y puntual?”. Además, deberá explicar si el Ministerio de Igualdad y el Estado deben “colaborar para erradicar estas perniciosas prácticas y conseguir un entorno laboral exento de violencia”.

Otra de las preguntas hace referencia a cómo valora Irene Montero las declaraciones de Iglesias “reconociendo públicamente haber visionado y retenido sin consentimiento imágenes íntimas de una mujer”. En este caso, la interrogan sobre si estas declaraciones “otorgan una sensación de impunidad a los agresores y de indefensión a las potenciales víctimas”. Por último, en este bloque, interpelan los populares sobre si los planes de Igualdad “deben recoger medidas concretas para prevenir el acoso laboral a través de dispositivos móviles y dispositivos electrónicos”.

En respuesta oral en la comisión de Igualdad, el PP pregunta si la ministra de Igualdad ve importante luchar contra el Ciberacoso y sobre las medidas que se proponen desde el Gobierno para luchar contra el mismo asunto.

Ataques de Echenique a la prensa

Los de Casado apuntan a las publicaciones de los medios en los que Dina Bousselham dice pertenecer al movimiento del centro derecha marroquí filo monárquico, el Partido Autenticidad y Modernidad fundado por Foud Ali el Himma, aunque, destacan, “no se tiene la certeza de que Dina militar en él”, sin embargo, ella misma ha reconocido haber trabajado como asesora en la celebración de su primer congreso. Por ello el PP pregunta al Gobierno: “¿considera el Gobierno que ésta situación es compatible con la presencia de Iglesias en la comisión del CNI donde tiene acceso a documentos clasificados?”

También los populares se fijan en los ataques de Podemos y su diputado Pablo Echenique contra tres periodistas: Ana Rosa Quintana, Susana Griso y Vicente Valle y le pregunta si el Gobierno los comparte dado que la formación morada sustenta al Gobierno. Más preguntas sobre la libertad de prensa: “ ¿Considera el Gobierno que las declaraciones del vicepresidente en las que descalifica a determinados medios y profesionales son compatibles con la libertad de prensa en nuestro país?”, se preguntan.

El Gobierno también deberá pronunciarse sobre si Iglesias debería o no retratarse de las declaraciones en las que pidió “imputar” al director de Ok Diario, Eduardo Inda.

“¿Comparte el Gobierno las declaraciones de Iglesias en la que califica a Vicente Vallés como supuesto periodista?”, ¿comparte las declaraciones en la que llama a Eduardo Inda “tipejo?”, “¿considera que las declaraciones contra determinados medios y periodistas son propias de un cargo institucional y una clara amenaza a la libertad de prensa?”. “¿Comparte el Gobierno la opinión de Iglesias cuando afirma que ha habido connivencia entre Policía Nacional y el medio OK diario para difamar a su persona?” “¿Actuó Iglesias en connivencia con el fiscal Stampa para perjudicar a Inda?”

Los chats de Podemos

El PP también pregunta por la veracidad que concede el Gobierno al mensaje publicado por varios medios de comunicación, en relación con la instrucción que, hasta diciembre de 2018 dirigía el juez De Egea, y en el que la abogada de Podemos, Marta Flor, escribía: “Stampa me dijo que lo que habían hecho ellos fue “parado”, porque “está divulgando el secreto a Villarejo y a Big (García Castaño “El Gordo”)” y que “vienen asuntos más feos y que este J (juez De Egea) no debería llevarlos? Ciudadanos también se interesa por si Iglesias “ha tratado o no de recibir información privilegiada, procedente del Ministerio Fiscal, respecto de las investigaciones sobre el caso.

En cuanto a las filtraciones de chats internos de la formación morada, los populares también se preguntan por la veracidad sobre el hecho de que la abogada considerara como “un triunfo” su reunión con los fiscales”. En relación a estos mismos chats, se pregunta por la valoración del Gobierno sobre las afirmaciones de Alejandro Gómez de que los fiscales “han reiterado con ‘mantequilla’ varias veces que han sido unos kamikazes dirigiéndose tan a las bravas contra toda la cúpula policial y la mitad de los periodistas más influyentes de este país”. Concluyen la tanda sobre los chats de Podemos lanzando la cuestión sobre si el Gobierno deduce connivencia entre la Fiscalía y los abogados morados.

El vicepresidente también tendrá que contestar sobre sí conocía, de antemano, que la Fiscalía estaba “preparando un registro a Ok Diario” y si los responsables del equipo jurídico de su partido también tenían conocimiento de ello, un registro que finalmente el magistrado no autorizó. Otra de las preguntas es si el vicepresidente conocía el contenido de una conversación mantenida por los responsables del equipo jurídico de Podemos en la que se afirma que lo del robo de la tarjeta “no tenía ningún sentido y que si había una operación es dentro de Podemos y no contra el partido sino contra Iglesias”

“¿Usó Iglesias la investigación del caso Dina en beneficio político?

De la misma manera, el Gobierno tendrá que dar cuentas sobre si Pablo Iglesias “utilizó la investigación judicial del “caso Dina” en beneficio político propio al presentarse como víctima” del caso. Otra de las preguntas hace referencia a sí el Ejecutivo cree que el caso que se juzga en la Audiencia Nacional “está afectando a la credibilidad del ejecutivo español”. Interpelan los populares también sobre si creen que el vicepresidente “engañó a la autoridad judicial fingiendo ser la víctima de una conspiración policial” cuando, aseguran, “fue él quien utilizó las instituciones”. Se basa el PP en esta afirmación, tras que los medios publicaran una conversación de la abogada de Podemos con el responsable de los equipos jurídicos de Podemos, José Luis Calvente, en la que le decía que " el partido quiere montar la película del robo del móvil de Dina”.

El Gobierno deberá contestar sobre sí cree que Podemos tiene o no una estrategia que se basa “en abrir una causa general contra el Estado”, basándose en que los chats de los responsables del equipo jurídico de Podemos se manifiesta lo siguiente: “El partido se ha dado cuenta de que el caso Tándem es la gallina de los huevos de oro para montar una causa general contra el Estado”. “Van a decir que hubo una operación de las cloacas del Estado y ahí van a meter a todo el mundo: ¿la pata política, la financiera y la mediática?”

En cuanto a la explicación de Iglesias de que no devolvió en un primer momento la SIM a su asesora para “protegerla”, al albergar en ella fotos íntimas de la misma, el Gobierno deberá responder si esas manifestaciones del vicepresidente son “contrarias a las políticas de Igualdad del Gobierno”.

El Partido Popular también se interesa sobre si el Ministerio de Trabajo cree que las declaraciones del vicepresidente reconociendo haber visionado y retenido sin consentimiento imágenes íntimas de su asesora “otorga una sensación de impunidad a los agresores y de indefensión a las potenciales víctimas”. La ministra Yolanda Díaz deberá también responder sobre sí cree que debe colaborar con el Estado para “erradicar estas perniciosas prácticas y conseguir un entorno laboral exento de violencia o por el contrario exceden al ámbito de sus competencias”.

Las últimas preguntas hacen referencia a si el control de los dispositivos móviles sin consentimiento ni conocimiento de una trabajadora “afecta al derecho de los trabajadores al respeto a su intimidad en el ámbito laboral”. También sobre si deben las empresas en el marco de la Prevención de Riesgos Laborales iniciar expediente en relación a hechos que supongan el control de archivos de contenido íntimo por parte de una trabajadora si tiene conocimiento de los mismos”. Deberá responder ante si la proliferación de “comportamientos violentos en el ámbito de las relaciones laborales otorga una sensación de impunidad a los agresores y de indefensión a las potenciales víctimas” y, por último, sí Trabajo considera que la violencia “tiene dimensión social y colectiva o por el contrario es un problema individual y puntual”.