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España extraditará a México a Lozoya, ex director de Pemex, para que sea juzgado por corrupción

El país azteca le imputa delitos de asociación ilícita, blanqueo y cohecho por varias adjudicaciones bajo sospecha y por el supuesto cobro de comisiones millonarias

FILE PHOTO: Former chief executive of Mexico's state oil firm Pemex, Emilio Lozoya, is escorted by Spanish police officers as he leaves a court after appeared in Spain's High Court via video conference, after his detention in southern Spain on Wednesday,
Emilio Lozoya (dcha.), tras ser detenido en Marbella por la Policía española en febrero de 2020Jon NazcaReuters

La Audiencia Nacional extraditará a México al ex director general de la petrolera Pemex Emilio Lozoya -detenido en Marbella (Málaga) el pasado febrero y desde entonces en prisión provisional- para que sea juzgado en dos causas por delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recurso de procedencia ilícita (blanqueo según la legislación penal española). Así lo ha acordado la Sección Segunda de la Sala de lo Penal del citado tribunal después de que el pasado 29 de junio el propio Lozoya aceptara por escrito ser entregado a las autoridades de su país.

El tribunal español aplica así el artículo 19 bis del Tratado bilateral entre ambos países, que señala que "si el reclamado manifiesta a las autoridades competentes de la parte requerida que consiente en ser extraditado, dicha parte podrá conceder su extradición sin mayores trámites y tomará todas las medidas permitidas por sus leyes para expeditar la extradición, no siendo aplicable en estos casos la regla de especialidad", por el que la persona reclamada no puede ser perseguida por hechos distintos de los que hayan motivado la solicitud de extradición.

En la primera de las causas que tiene abiertas en su país, Lozoya está investigado por comprometerse -antes de ocupar el cargo de director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) propiedad del Gobierno- con la empresa Altos Hornos de México (Ahmsa), representada por Alonso Ancira, “a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país, a cambio de una cantidad de dinero, que posteriormente el reclamado utilizó para la compra de un inmueble”.

Así, entre junio y noviembre de 2012 -recuerdan los magistrados en su resolución- Ahmsa efectuó cinco transferencias por un total de 3,4 millones de dólares a una cuenta bancaria en Suiza a nombre de la sociedad Tochos Holding Limited, cuyo beneficiario era el mismo Lozoya, si bien sus acciones y activos los había traspasado a su hermana Gilda.

Esas transferencias de Ahmsa a Tochos, con la que no mantenía relaciones comerciales, se efectuaron el 12 de junio y el 1, 9, 16 y 28 de noviembre de ese año. De acuerdo con la solicitud de México, desde el 4 de septiembre hasta el 20 de noviembre Lozoya formó parte del gabinete de transición del nuevo presidente electo, Enrique Peña Nieto.

Además, entre noviembre de 2010 y diciembre de 2011 Tochos Holding ingresó en distintas cuentas bancarias cuya titularidad correspondía a Lozoya un total de 60.000 dólares “sin causa que justificase dichos pagos”. Posteriormente, entre el 7 y el 13 de noviembre de 2012 la misma empresa ingresó en una cuenta a nombre de María del Carmen Ampudia un importe de 2,5 millones de dólares señalando como concepto “Ladera num 20 casa 11 Col. Lomas de Bezares”, un inmueble que el ex director general de Pemex adquirió 24 horas después a la supuesta testaferro por idéntica cantidad.

La actuación de Lozoya está en entredicho porque en diciembre de 2013, ya como director de la petrolera mexicana, propuso al Consejo de Administración que la filial de Pemex Pro Agroindustria comprase los activos de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, representada por Alonso Ancira, el “rey del acero” mexicano -cuya extradición también fue acordada por la Audiencia Nacional el pasado mayo tras ser detenido en Palma de Mallorca- “pese a que los diversos informes desaconsejaban la compra, dado que la planta había permanecido inactiva durante 14 años, por lo que era necesario invertir una gran cantidad de dinero para que volviese a operar con normalidad”.

La compra se llevó a cabo estableciéndose como precio, excluyendo el valor del inmueble, la cantidad de 264 millones de dólares, una operación que, debido a la deteriorada situación económica de la sociedad, obligó a llevar a cabo inversiones por valor de 450 millones de dólares, según las autoridades mexicanas.

Además, Lozoya tiene abierta un segundo procedimiento en su país natal por aconsejar en 2009, cuando ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina, a Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la constructora Norberto Odebrecht en México, sobre la manera de invertir en negocios en México. Posteriormente y hasta 2012, desempeñó el cargo de “consultor” para estructurar los programas de esa sociedad, “a la que facilitaba contactos con empresarios de distintos estados”, lo que redundó supuestamente en la adjudicación de diversos contratos de obra para la constructora.

“A cambio de la ayuda prestada” para su posicionamiento empresarial en los estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, se hace hincapié en la resolución, en marzo de 2012 Lozoya solicitó al constructor que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del PRI. Una petición que se tradujo, entre abril y noviembre de 2012 en ocho transferencias por un total de cuatro millones de dólares a las empresas Latin América Asia Capital Holding LTD y Zecapan, vinculadas a Lozoya o a su familia.

Parte de dicha cantidad se destinó el 23 de agosto de 2013 a la compra de un inmueble -por parte de la esposa de Lozoya, Marielle Helen Eckers- por 1,9 millones de dólares en el estado de Guerrero, tal y como consta en la documentación remitida por México en su solicitud de extradición.

En esa misma causa se investiga la supuesta adjudicación a dedo en 2013 por parte del entonces director de Pemex a la empresa Odebretch de un contrato por 1.436 millones de pesos mexicanos para la reforma de una antigua refinería de Tula, que debería haberse licitado pública e internacionalmente. A cambio, esta empresa se habría comprometido a pagarle seis millones de dólares. Finalmente, Odebretch resulto adjudicataria y el contrato de obra se firmó en febrero de 2014. La constructora abonó un total de cinco millones de dólares a la empresa Zecapan, que las autoridades mexicanas vinculan a Lozoya, a través de cinco transferencias efectuadas los días 6 y 12 de diciembre de 2013 y 24 de febrero, 11 y 20 de marzo de 2014.