La Fiscalía recurrirá el tercer grado a los presos del «procés»

Las juntas de tratamiento de las prisiones donde cumplen condena los líderes independentistas catalanes por su relación directa con el referéndum ilegal del 1-O propusieron el pase al tercer grado de todos ellos, pese a que sólo tres de ellos, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, han cumplido la cuarta parte de la condena. Ahora, para ser ejecutivo ese régimen de semilibertad que les permitirá ir a prisión, o a un centro de régimen abierto, a pernoctar entre semana y disfrutar de 48 días de permisos al año, sólo resta que el Servicio de Clasificación de la Generalitat avale esa propuesta, para la cual tiene un plazo de dos meses. Sin embargo, todo hace indicar que esa decisión no se prolongará mucho tiempo y en pocos días es previsible que los nueve condenados -que fueron sancionados a penas de entre 9 y 13 años de prisión- comiencen su nueva vida y a disfrutar en completa libertad todos los fines de semana.

La sentencia del Tribunal Supremo suscitó algunas críticas porque decidió no estimar la petición del fiscal de que se recogiese de forma taxativa la aplicabilidad del artículo 36.2 del Código Penal, lo que hubiese garantizado el cumplimento de la mitad de la pena para acceder al tercer grado. Sin embargo, los magistrados argumentaron que se estaba ante competencias que corresponden al terreno penitenciario. «Esa facultad no puede ser interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria que no se consideren acordes con la gravedad de la pena», señalaba al respecto la sentencia del Supremo.

Y, en todo caso, como tribunal sentenciador siempre tendrá la última palabra sobre la progresión de grados de Oriol Junqueras y el resto de condenados, siempre, claro está, que la Fiscalía recurra la decisión de la Generalitat, toda vez que se la única parte que tiene esa facultad.

En este sentido, fuentes fiscales aseguraron a LA RAZÓN que la Fiscalía recurrirá el tercer grado de forma casi inmediata a que al Servicio de Clasificación de la Generalitat lo refrende. «Si se pidió en su momento la aplicación del 36.2 del Código Penal para que cumpliesen al menos la mitad de la condena y se han recurrido todas las concesiones de aplicación del artículo 100.2 –el que actualmente disfrutan los presos del «procés»– parece que lo más congruente es que se recurra la progresión en grado», pues lo contrario «sería contradictorio» con la actitud mantenida hasta ahora por la Fiscalía.

En primer lugar, se interpondría un recurso de alzada ante los jueces de vigilancia penitenciaria correspondientes –los de Tarragona, Girona y Barcelona–. Sin embargo, esta impugnación no tiene efectos suspensivos y los condenados podrían seguir disfrutando de las condiciones que les otorga el tercer grado. Si estos recursos fuesen rechazados, la Fiscalía acudirá al Tribunal Supremo y, en este caso, según fuentes fiscales, los recursos «tendrían efectos suspensivos», ya que todos han sido condenados a penas graves. De esta forma, volverían a estar clasificados en segundo grado con aplicación del 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Antes de todo ello, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre si la aplicación del citado 100.2 a Carme Forcadell constituye un tercer grado encubierto. El juez de Vigilancia Penitenciaria de Tarragona remitió al Supremo el recurso de la Fiscalía, pese a que iba dirigido a la Audiencia Provincial .