El PSOE tendría que ir a elecciones para limitar el fuero del Rey

El Gobierno sigue «marcando perfil», mientras pone a la Corona en el centro de la diana. Si el miércoles Pedro Sánchez se descolgaba ante el mandatario italiano Guiseppe Conte con unas duras aseveraciones, asegurando que las informaciones que se estaban publicando en los medios de comunicación sobre Don Juan Carlos eran «inquietantes» y «nos perturban a todos, también a mí»; el presidente ahonda ahora en esta línea poniendo en cuestión la inviolabilidad del Rey, que recoge el artículo 56.3 de la Constitución y que rige actualmente para el jefe del Estado. Un precepto que impediría, además, que Don Juan Carlos pudiera ser juzgado en España por los delitos que se investigan contra él en otros países.

En una entrevista para «Infolibre» y «eldiario.es», Sánchez aseguraba ayer que «los aforamientos de cargos públicos deben circunscribirse a su actividad y defiendo lo mismo para el jefe del Estado». En su opinión, la cuestión de los aforamientos es claramente «uno de los preceptos sobre el que todos deberíamos reflexionar y ver qué solución le damos». En una acción coordinada en Moncloa, tanto la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, como la vicepresidenta Carmen Calvo, se expresaron en sendas intervenciones públicas en términos similares, asegurando esta última que en las actuaciones que no tengan que ver con su cargo, el monarca deberá «rendir cuentas como cualquier ciudadano».

«La Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades», reflexionaba Sánchez, pero la solución que demanda es infinitamente más compleja de lo que plantea, lo que hace –a todas luces– percibir su propuesta como un globo sonda, que cabe entenderse más en clave electoral –a escasos días de los comicios vascos y gallegos– que como una intención real.

No en vano, para cambiar el artículo 56.3 de la Carta Magna, en el que se regula la inviolabilidad del Rey, es preciso una reforma agravada de la Constitución. Este mecanismo de modificación implica la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, así como de un referéndum de ratificación posterior. Por lo que Sánchez, que reitera insistentemente que su legislatura va a durar cuatro años, se vería obligado a acudir a las urnas para acometer tamaño cambio en el Título II de la Carta Magna, el que rige todo lo referente a la Corona. Un riesgo político –por no calificarlo de sacrificio– no menor.

Esta posición contrasta con la que el PSOE ha venido sosteniendo hasta ahora, que como el propio Sánchez recordaba en la citada entrevista, «ha planteado antes y después de las elecciones, una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos para que estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no a otra». Lo que el presidente parece olvidar es que a la reforma a la que se refiere no era tal, sino una modificación simple y rápida que, una vez aprobada por el Consejo de Ministros y tras recibir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, se podría tramitar en el plazo de algo más de dos meses en Congreso y Senado.

Pero la contradicción de Sánchez va más allá, pues cuando el presidente –recién llegado a la Moncloa– propuso en 2018 esta limitación de los aforamientos para cargos públicos, el PSOE se opuso a la reclamación del PNV de que se hiciera extensible también al jefe del Estado. Entonces, los socialistas, comandados por su portavoz Adriana Lastra en el Congreso, se negaron a tocar el título II de la Constitución y emplazaban al resto de grupos parlamentarios a buscar un punto intermedio, en el que se pudiera llegar a un acuerdo.

Y es precisamente la falta de acuerdo lo que torpedearía la nueva apuesta del Ejecutivo, en caso de que Sánchez estuviera dispuesto a jugarse la Moncloa en las urnas por semejante empresa. Para promoverlo, además de lo citado anteriormente es preciso recabar el apoyo de dos tercios del Congreso y del Senado, lo que en la Cámara Baja supone contar con el apoyo de 233 diputados. Con la actual fragmentación parlamentaria, esto exigiría que no voten en contra más de 117 diputados, lo que confiere de facto a PP y Vox la capacidad de veto a la iniciativa, ya que ambos grupos parlamentarios suman 140 escaños.

De la complejidad que requiere el proceso da buena muestra que no se haya llevado a cabo en los más de 40 años de vigencia de la Carta Magna. Hasta ahora, solo se ha modificado en dos ocasiones, y en ambas por la vía del procedimiento ordinario, que también requiere mayoría de dos tercios pero no exige ni referéndum ni disolver las Cortes.