“Operación jaque mate” a Felipe VI

La bandera republicana va ligada al partido morado y ni una vicepresidencia ni cuatro ministerios en el Gobierno pueden borrar esa huella. Es más, Unidas Podemos quiere aprovechar ese altavoz mediático, el de formar parte del Ejecutivo, para hacer que cale su discurso antimonárquico y poner un debate sobre la mesa, que en la Moncloa no tienen intención de avivar. Mientras que el propio presidente del Gobierno y varios ministros socialistas han desligado por completo la figura del actual Jefe del Estado de los presuntos negocios opacos del Rey emérito, la cuota morada en la coalición quiere rentabilizar el escenario judicial que acecha sobre Don Juan Carlos para poner en marcha sus planes de tratar de acabar con la Monarquía.

Los avisos de Unidas Podemos llegaron primero por parte de sus principales portavoces, con un objetivo claro de preservar al vicepresidente segundo del Gobierno de esta batalla, más identitaria que real -–sobre todo en unos días en los que la figura de Pablo Iglesias se debilita dentro de la coalición por su relación con el robo de la tarjeta de su ex asesora, Dina Bousselham–. Era el portavoz morado en el Congreso de los Diputados el que hasta ahora había llevado la batuta de las intentonas del partido de crear una comisión en la Cámara Baja para investigar al rey Don Juan Carlos y el que cuestionaba día tras día la legitimidad de la Corona, a la que ayer se unía la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, pidiendo abiertamente abrir el debate sobre la utilidad de la Monarquía. De hecho, fuentes del partido morado aseguraban este jueves que no podía desvincularse la figura de Felipe VI de la de Don Juan Carlos.

Sin embargo, tras la posición marcada por el presidente del Gobierno, asegurando que las informaciones sobre el padre del Rey eran «inquietantes», pero respaldando las actuaciones del Rey tras renunciar a la herencia de su progenitor, el vicepresidente ha abandonado ese perfil bajo y ha decidido marcar el paso, interpretando a su modo la posición que ha adoptado Sánchez respecto a la Monarquía. Mientras que el presidente se abre a la revisión de la inviolabilidad del Rey y a limitar su aforamiento, para el vicepresidente es un acto de «valentía», y, de hecho, es utilizado por Iglesias para asegurar que ha sido el propio Sánchez el que ha abierto el debate de la «utilidad de la Monarquía». En una carta abierta en sus redes sociales, Iglesias apunta a que el presidente «ha manifestado una posición respecto a los escándalos que afectan a la monarquía española que supone una novedad muy importante respecto a la posición que tradicionalmente han adoptado los líderes del PSOE y los presidentes del Gobierno de España sobre la Corona y que creo que hay que poner en valor por su valentía y su sentido de Estado», aduce.

Para Iglesias «resulta complicado ignorar que la Monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa precisamente en la filiación», aseguró para después –aprovechando su condición de ser miembro del Consejo de Ministros– lanzar un órdago a su propio Gobierno: «Un Gobierno democrático no puede ser ajeno a los debates que preocupan a su pueblo, un pueblo que ya no está dispuesto a tolerar ni ciertos privilegios, ni la corrupción ni la impunidad».

Sin embargo, el Gobierno no va a secundar el debate que ha decidido abrir Iglesias y que deriva en la figura de Felipe VI. Tanto en el sector socialista como en el morado asumen que esta cuestión tiene un abordaje complejo que no se llevará a cabo en el corto ni en el medio plazo. El motivo del estudiado silencio no busca dar conformidad a las palabras del vicepresidente, sino evitar un nuevo choque público –después del escenificado a cuenta de los ataques a la prensa– por lo que entienden es una discrepancia entre ambos partidos. Hasta ahora en el seno de la coalición se han pactado este tipo de posturas contrarias sobre cuestiones controvertidas como las que afectan a la Jefatura del Estado y que han derivado, entre otras situaciones, en que PSOE y Podemos hayan roto la unidad de voto en el Congreso de los Diputados.

En Moncloa han abierto sorpresivamente la puerta a la crítica a las cuestiones que afectan a Don Juan Carlos, pero como una forma de blindaje a la figura de Felipe VI y de la propia Monarquía. Una institución del Estado que, consideran, no está en cuestión y que como Gobierno deben asegurar su funcionamiento. Además entienden que el trabajo que está haciendo la Monarquía parlamentaria encarnada en la figura del actual Rey «funciona» y está siendo «absolutamente correcto». «Está haciendo una labor muy importante para este país», destaca una ministra. En el Ejecutivo se esfuerzan en establecer un cortafuegos en torno a Don Felipe, repitiendo insistentemente que estas cuestiones son «causa del pasado» y que, en todo caso, será él quien tome las medidas o dé los pasos que considere para diseñar el futuro del rey emérito dentro de la Casa Real.

En el Gobierno reconocen que han tenido que «marcar perfil» ante informaciones «graves» que se estaban conociendo sobre Don Juan Carlos, porque no hacerlo sería tanto como vivir «de espaldas a la realidad». «Lo que dijo el presidente –en alusión a que son noticias «perturbadoras» e «inquietantes»– es lo que muchos ciudadanos piensan», aseguran en Moncloa. Pero de reconocer esto a abrir una causa general contra la Monarquía existe un abismo que el Gobierno no está dispuesto a transitar.

Es más, el propio vicepresidente ya asume que es más una estrategia mediática que de peso real, y abandona la idea de poder liderar desde el Ejecutivo su ofensiva contra la Corona. En la misma misiva aceptaba que el debate sobre la utilidad de la monarquía o incluso la de realizar una consulta legal es inverosímil. «Ante la actual correlación de fuerzas en la política española y los procedimientos que fija nuestro ordenamiento jurídico hacen que un debate de esta naturaleza difícilmente pueda traducirse en cambios a corto plazo en nuestro sistema político».