Casa Real
Delgado refuerza con más especialistas al fiscal que investiga al Emérito
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha decidido arropar al fiscal Juan Ignacio Campos en la investigación al Rey emérito en relación al supuesto pago de comisiones, por parte de las empresas adjudicatarias españolas, en el proyecto de construcción del AVE entre Medina y La Meca, en Arabia Saudí. Según informó ayer en un comunicado el Ministerio Público, «dada la complejidad técnica y la trascendencia institucional» de la investigación, se ha optado por asignar a la misma, bajo la dirección del fiscal de Sala jefe de lo Penal del Supremo, a los fiscales «de la más alta categoría y mayor especialización dentro de las materias afectadas».
Como se había anunciado, tres fiscales del Tribunal Supremo especialistas en Derecho penal económico se incorporan a este equipo. Serán finalmente Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López Coig. Además, añade el comunicado, «en atención a las implicaciones internacionales de la investigación» contarán igualmente con el apoyo de la Unidad Especializada de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado, que dirige la fiscal de Sala Rosa Ana Morán.
El pasado junio, la Fiscalía del Alto Tribunal asumió las diligencias iniciadas por Anticorrupción relativas a la Fase II de la construcción del llamado «AVE del desierto», «al resultar de las mismas que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces Rey, hoy Rey emérito, D. Juan Carlos de Borbón». Fue entonces cuando Delgado asignó a Campos, fiscal especializado en Delitos Económicos, para ponerse al frente de dicha investigación esgrimiendo su «dilatada experiencia, extraordinaria cualificación y exhaustivo conocimiento de la materia».
Anticorrupción reclamó el pasado marzo a las autoridades suizas toda la información relativa al presunto pago de comisiones en el proyecto del AVE a la Meca. Una parte de la misma, pendiente de traducir, ya ha sido remitida desde el país helvético, que según fuentes jurídicas aún debe enviar un segundo bloque de datos referidos, fundamentalmente, a la titularidad de determinadas cuentas bancarias en Suiza vinculadas presuntamente con esas comisiones.
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