El informe del Supremo: clave para el indulto al «procés»

La petición de indulto presentada por UGT de Cataluña para la ex consejera del Gobierno de Puigdemont Dolors Bassa tardará no pocos meses en resolverse. De hecho, a día de hoy la solicitud sigue en el Ministerio de Justicia, donde se presentó el pasado mes de junio y todo se realizará según los «trámites habituales». El hecho de una posible vuelta a la «Mesa de negociación» entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez o la más que probable convocatoria electoral anticipada en Cataluña no hará que el Gobierno imprima una mayor celeridad a su tramitación, aunque esa fuese su intención, y ello porque no están tasados los plazos en los que debe informar tanto la Fiscalía como el tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo. Lo primero que debe producirse es el envio desde Justicia al Tribunal Supremo de tal solicitud, el cual pedirá el correspondiente informe a la Fiscalía, y en la misma sí puede fijar el tiempo máximo para que emita el correspondiente dictamen. Después, sin que existe una plazo determinado, la Sala Penal del Tribunal Supremo emitirá su opinión. Ninguno de los dos informes son vinculantes.

Pero antes de la petición de indulto para Dolors Bassa se encuentra la petición de indulto de un abogado barcelonés para todos y cada uno de los 13 condenados por el «procés», nueve de los cuales lo fueron por el delito de sedición a penas que en algún caso llegaba a 13 años de cárcel. Esta solicitud fue presentada el pasado mes de marzo ante el Ministerio de Justicia, según confirmaron a este periódico fuentes jurídicas, el Tribunal Supremo no la ha recibido.

En todo caso, y pese a que los informes de la Fiscalía y del Tribunal Supremo no son vinculantes, sí tienen un extraordinario peso. De hecho, si, en el caso de Bassa, los dos fuesen negativos, el Gobierno tendría muy difícil adoptar una postura contraria y otorgarle un indulto, ya sea total o parcial; o, al menos, le resultaría muy complicado explicar las causas por las que se separa tanto de la Fiscalía –la cual solicitó que fuesen condenados por rebelión y se fijase en la sentencia que deberían cumplir al menos la mitad de la pena para acceder al tercer grado– como de la Sala.

En relación con el informe que tenga que emitir la Fiscalía del Tribunal Supremo, Dolores Delgado deberá abstenerse también de cualquier relación con mismo, ya que los afectados pertenecen a un partido y, además, ocupaba la cartera del Ministerio de Justicia cuando se dictó la sentencia, llegando incluso a pronunciarse sobre un eventual indulto a los condenados. Lo hizo el 21 de octubre de 2019, pocos días después de la sentencia, para afirmar, sobre un eventual indulto para los condenados por esa causa que las «sentencias están para cumplirlas y acatarlas».

En cuanto a la postura en sí que pueda mantener la Fiscalía en esta petición de indultos, u otras similares para otros condenados, fuentes próximas al Ministerio Público señalaron a LA RAZÓN que «es muy difícil que pueda ser favorable», y ello por dos motivos centrales: La Fiscalía pidió que se condenara por rebelión –delito más grave que la sedición– y que se recogiese en sentencia que los condenados no podrían acceder al tercer grado antes de cumplir la mitad de condena. «Si se pidió esa condena y la aplicación del 36.2 del Código Penal...y, además, la Fiscalía informa a favor del indulto en raras, raras, rarísimas ocasiones, sólo cuando es de clara o clamorosa justicia o piedad humanitaria», se esgrime al respecto.

Respeto a la importancia de contar con informes favorables a la concesión de indulto, la misma viene recogida, sin ir más lejos, en el «Informe de indultos. Años 2018 y 2019» elaborado por el Ministerio de Justicia, al que ha tenido acceso este periódico, donde se destaca cómo en el primer semestre del pasado año el Ejecutivo se concedieron 39 indultos de los que 30 de esos expedientes tenían informes favorables tanto del tribunal sentenciador como del fiscal, el 77 por ciento. En total, el 95 por ciento de los indultos concedidos en ese tiempo tuvo los dos informes favorables o alguno de ellos, y sólo el cinco por ciento fue concedido por el Gobierno pese a la oposición tanto de Fiscalía como de tribunal sentenciador. En el segundo semestre de 2019 no se concedió ningún indulto.