El PP no apoyará «jamás» los PGE

El Gobierno se ha quedado sin excusas para no afrontar de inmediato los Presupuestos de 2021, una vez que la Cumbre Europea ha sentado las bases del Acuerdo de Reconstrucción. Éste será el primer gran desafío del Gobierno de coalición en un nuevo marco en el que la satisfacción por el desbloqueo del pacto comunitario no puede tapar que incluye condicionalidad, un severo control y reformas, aunque la mercadotecnia del Gobierno de coalición, sobre todo de la parte morada, se esfuerce en negarlo.

El acuerdo europeo, y el aplauso general de empresarios y sindicatos, eleva asimismo la presión para que en el ámbito doméstico se avance en acuerdos que vayan mucho más allá del pacto de mínimos que ayer sellaron los grupos en el Congreso para salvar la cara ante la opinión pública. Gobierno y el Partido Popular confirmaron finalmente el acuerdo sobre las propuestas en materia de Sanidad y también en relación a Europa, y la negociación de los Presupuestos será el siguiente escalón en el que volverá a examinarse la capacidad del Gobierno de promover consensos.

Sin conocer todavía la letra de esos Presupuestos, la dirección nacional del Partido Popular niega categóricamente que pueda apoyarlos. «Jamás». La razón es un axioma político que, a su juicio, no se ha llevado por delante la pandemia: ellos son la alternativa al Gobierno y, en ningún caso, tampoco en una situación excepcional como ésta, pueden renunciar a ese papel de oponerse y presentar su propia alternativa a la política económica porque estarían regalándole ese puesto a Vox.

El problema es que el programa electoral de la coalición se lo han llevado por delante la pandemia y las condiciones para acceder al Fondo de Reconstrucción europeo. Y los Presupuestos tendrán que ajustarse a la esencia de la política económica y fiscal de Bruselas si Pedro Sánchez quiere aprovechar la oportunidad de tiempo y oxígeno que le ofrece el complicado pacto sellado por los líderes de la Unión Europea (UE). Cuando se conozca la letra del proyecto de cuentas públicas, si éste se atiene a las líneas fijadas por la UE el PP tendrá muy difícil justificar su «no». Aunque Génova no deja margen para la duda. Es un «no» rotundo, a día de hoy, haga lo que haga Ciudadanos, y lo justifican en el principio político de que no oponerse a los Presupuestos les haría cómplices de la política económica del Gobierno y les anularía en la oposición.

Para ellos, la posibilidad de que Ciudadanos sí busque el acuerdo es «un suicidio político» porque se unirán «a la mayoría independentista y comunista que sostiene a Sánchez». La política impositiva o la posición ante la reforma laboral son de los grandes argumentos de los populares para oponerse de antemano a los Presupuestos, pero también en estos dos ámbitos tan simbólicos el acuerdo europeo ata de manos al Gobierno de coalición. Igual que también está atado por la negociación de los agentes sociales.

La cúpula popular mueve sus piezas sobre la base del análisis de que Pedro Sánchez caerá más pronto que tarde por los efectos desestabilizadores de las condiciones y reformas que tendrá que implementar en los próximos meses para conseguir que llegue a España el dinero pactado con los socios europeos. El Gobierno de coalición estallará, Sánchez caerá porque Podemos dejará de hacerle de muleta, y habrá elecciones anticipadas, dicen en Génova. No piensan así en muchas de las organizaciones territoriales del partido, donde ven vida a Sánchez para posiblemente los cuatro años.

El Gobierno tendrá que presentar planes de recuperación y refuerzo de la economía, que tienen que recibir el visto bueno de los socios europeos. Y el PP tendrá campo abierto para la oposición si los planes son rechazados por ellos, pero si son aceptados tendrá más difícil justificar que hagan tema de contienda política el que España cumpla con los compromisos asumidos para recibir estas ayudas. Porque, precisamente, lo que está en juego es que Es a confirme que a diferencia de otras ocasiones sí es capaz de ser un socio fiable.

La condicionalidad europea ata de manos el programa electoral de la coalición de Gobierno, y, en consecuencia, todos los planes de derrumbar el legado del Gobierno de Rajoy, desde la reforma laboral a la revolución impositiva pregonada por la parte morada del Gobierno. La fiscalidad tendrá que revisarse de acuerdo con la ortodoxia comunitaria, y así con todas las demás reformas que se promuevan.

Uno de los puntos más delicados es el futuro de las pensiones. El Gobierno de coalición derogó la reforma de las pensiones de 2013, que en una situación de emergencia promovió el partido que ahora preside Pablo Casado, y que fue muy elogiada por los socios europeos. La derogación se produjo sin ofrecer a cambio ninguna solución para el problema del déficit de la Seguridad Social. La Comisión Europea insiste en que el Gobierno español debe liderar una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema, y ésta será una de las cuestiones determinantes en la recepción de las ayudas. Pero el Movimiento de Pensionistas por pensiones dignas está muy organizado y ha demostrado su capa cidad de resistir incluso al cambio de Gobierno y a la llegada a La Moncloa del Gobierno de coalición. Sus protestas son incómodas para la derecha, pero para la izquierda, sobre todo para Podemos, tienen un coste inasumible si van dirigidas contra ellos.