La Fiscalía pide nuevas diligencias en el caso de Borrás en el Supremo

Se la investiga por adjudicar 18 contratos. El fiscal pide que se analicen los expedientes

Apenas 20 minutos estuvo la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borrás, en el despacho del magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres, justo el tiempo en que éste le leyese sus derechos y manifestara a continuación que no pensaba declarar hasta que practicara una prueba pericial que vendría a acreditar que su actuación al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) fue correcta. De esta forma, el instructor se quedó sin conocer su versión sobre los 18 contratos menores por valor de 259.863 euros adjudicados a su amigo e investigado también en esa misma causa Isaías Herrero. El magistrado investiga Borrás por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La dirigente nacionalista catalana, asistida por el abogado Gonzalo Boye –el mismo que defiende a Carles Puigdemont– aseguró a su salida del Tribunal Supremo que los contratos puestos en duda fueron en todo momento «correctos en tiempo, forma, calidad y servicio público», y que con la prueba pericial solicitada espera «poder demostrar» que esos trabajos se realizaron, el autor, el precio objetivo «o incluso la unidad funcional de los mismos». Una vez que se practique esa prueba y se remita al Supremo, aseguró, será cuando solicite declarar voluntariamente.

En este punto, arremetió contra la juez de Barcelona que realizó las primeras investigaciones sobre estos hechos, que calificó de prospectiva , «que se ha hecho a una aforada de un modo secreto», en el transcurso de la cual «se cometieron ilegalidades», y que remitió la causa al Supremo al constar indicios de delito en Borrás: «El Tribunal Supremo lo que hace cuando recibe esa causa, en vez de reprobar a la juez incompetente que lo llevó a cabo, lo acepta y me cita a declarar incluso antes de pedir el preceptivo suplicatorio».

Por otro lado, el fiscal Javier Zaragoza pidió ayer al instructor que cite a declarar como testigos a Arturo Rosell, relacionado con Isaías Herrero, y a Yolanda Pelegrí (responsable de proyectos y actividades de la ILC cuando Borrás la dirigía). Además, pide que se inste a la Guardia Civil para realizar un informe sobre el material informático intervenido a Isaías Herrero; y que se analicen expedientes de contratación y demás documentación intervenid. Además, solicita que se reclamen los presupuestos de la ILC desde 2013 a 2017, y la partida presupuestaria de la Generalitat de la que se nutre la misma.