Moncloa buscará a Cs a pesar del veto de Iglesias

El escenario que dibujó el miércoles la votación en el Congreso de los Diputados de los dictámenes de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica fue desolador para el Gobierno y se tradujo en una suerte de advertencia sobre las dificultades a las que se enfrentará el Ejecutivo en la negociación y posterior aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), si no centra el tiro y sigue jugando a la geometría variable. Esta filosofía –que algunos socios han renombrado ya con cierta sorna como «promiscuidad variable»– está orientada a «consolidar la mayoría de la investidura, ampliándola con otras fuerzas». Sin embargo, lejos de conseguir el objetivo que se persigue, los «escarceos» del Gobierno con partidos a su derecha solo han logrado mermar los precarios números con los que, a duras penas y tras una ardua negociación con ERC, consiguió llegar al poder en enero de este año.

Moncloa tenía ya encarriladas las cuentas públicas de este ejercicio con la aprobación a finales de febrero de los objetivos de estabilidad presupuestarios, gracias a sus socios de Esquerra Republicana. Sin embargo, el azote del coronavirus no solo trastocó sus planes económicos –dejando el proyecto de PGE en papel mojado–, sino que supuso de facto un cambio de socios, con el rol que decidió asumir Ciudadanos durante la vigencia del estado de alarma. Junto al PNV se convirtió en el baluarte del Gobierno para mantener la excepcionalidad, dejando a los soberanistas de ERC en la intrascendencia. Lo que había sido imposible con Albert Rivera –compatibilizar a morados y naranjas– se convirtió en una realidad con Inés Arrimadas y esta fórmula de éxito –o, más bien, de supervivencia– es la que tienen en la recámara en Moncloa como seguro para que no decaigan las cuentas.

El fin es que los Presupuestos se aprueben «a la mayor brevedad posible» y los medios para conseguirlo –o por medio de quien se consigan– dependerá del papel que quiera jugar cada uno de los actores políticos concernidos. En Moncloa sostienen que no hay tiempo que perder y que el país necesita un proyecto presupuestario que le permita reconstruirse y reactivar la economía tras la pandemia. En ese «no hay tiempo que perder» trasluce que, en esta ocasión, el Gobierno no modulará su agenda al compás que marquen sus socios, especialmente ERC en perpetua campaña electoral en Cataluña. La idea original –casi ideal– que mantienen en el Ejecutivo es que los PGE salgan adelante con los números de la investidura, una amalgama de partidos entre los que existe cierta sintonía y existe una mayoría «progresista».

No obstante, la volatilidad de Esquerra Republicana, que podría enfrentarse a unas elecciones inminentes y que ya dejó en la estacada al Gobierno en 2019, invita a manejar otras alternativas en las que la plena disponibilidad que demuestra Ciudadanos, para exhibir de nuevo su utilidad, allanan el camino. Además, los naranjas pueden ser el compañero perfecto en caso de que el Ejecutivo tenga que acometer las reformas que exige Europa para inyectar recursos. El problema que plantea Ciudadanos es que su convivencia con el PNV no es pacífica y aún menos con los socios de la coalición: Unidas Podemos. El vicepresidente Pablo Iglesias ya advirtió el miércoles que ve «incompatible» pactar cuestiones «trascendentales» de los Presupuestos Generales del Estado con formaciones de la derecha como el PP y Cs, que «gobiernan con la ultraderecha» en algunas comunidades.

Estas declaraciones van contra el discurso mantenido por el Gobierno hasta ahora, que se ha abierto a modificar incluso su hoja de ruta de la coalición para dar entrada a otros partidos a su derecha, que pudieran sentirse incómodos con algunas de sus propuestas iniciales. La portavoz María Jesús Montero no escatima en llamamientos al principal partido de la oposición desde la mesa del Consejo de Ministros cada martes para que el PP juegue «un papel fundamental» en la aprobación de las cuentas. La estrategia del sector socialista del Gobierno es situar toda la presión sobre los populares, pese a ser consciente de que el acuerdo es prácticamente imposible, y ganarse así el respaldo de Ciudadanos como alternativa.

«Sin líneas rojas»

Por ello, Montero no dudó ayer en desautorizar públicamente al vicepresidente segundo, asegurando que no existen esas «líneas rojas» y que «nadie sobra». «Es un momento singular, inédito. Nos tiene que obligar a aparcar los vetos cruzados y sentarnos en una mesa común para ver las necesidades del país y las preocupaciones de los ciudadanos», destacó. En Moncloa creen, no obstante, que Iglesias tendrá que ceder y aceptar a Ciudadanos porque «lo importante es sacar adelante los Presupuestos» y a nadie más que a él le interesa ahora que la legislatura dure cuatro años.

Los planes del Gobierno son presentar el proyecto para las cuentas públicas «a finales de septiembre o principios de octubre» para que puedan estar aprobados antes de final de año. El «esqueleto» de ese proyecto, según reconocen en Hacienda, estaba ya «avanzado», pero necesitaban concretar el montante de ayudas y préstamos europeo (140.000 millones de euros) para acabar de perfilarlo. «Estábamos pendientes de las partidas que pudiéramos incorporar a partir de la negociación que venía de Bruselas», reconoció Montero. En todo caso, los tiempos del Gobierno estarán sujetos a que puedan ahormar una mayoría suficiente, en la que comenzarán a trabajar inmediatamente, durante este mismo mes de agosto.