La Iglesia no tiene miedo de que revisen sus bienes inmatriculados: «Si hay algo mal, que se corrija»

«Si hay algo mal, que se corrija». Es la máxima de la Conferencia Episcopal Española frente a la constante amenaza de Moncloa de revisar los bienes inmatriculados. Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez esperaba encontrarse un muro clerical que impidiera investigarlo, se equivocaban. Es más, los obispos están dispuestos a que se revisen una a una las más 30.000 propiedades que el Colegio de Registradores estima que la Iglesia puso a su nombre en las dos últimas décadas.

Así se lo han manifestado al Gobierno en los dos encuentros mantenidos hasta la fecha para abordar la cuestión. El primero, justo hace un mes, entre la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella. El segundo, este miércoles, entre el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Antonio Hidalgo, y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, que estuvo acompañado por el vicesecretario general para Asuntos Generales, Carlos López Segovia, y el vicesecretario general de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal.

En principio, el motivo de la reunión era la entrega de la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica en 2018, en la que se detalla a qué se destina lo recaudado anualmente de manos de la ciudadanía a través de sus aportaciones particulares, así como a través de la declaración de la renta. Sin embargo, la cita fue más allá y sobre la mesa volvió a salir la hoja de ruta de Moncloa: inmatriculaciones y fiscalidad. Es más, ya se están ultimando los nombres de quienes van a formar las comisiones técnicas para abordar todos estos asuntos.

Según ha podido confirmar LA RAZÓN, el Ejecutivo de coalición ya tendría prácticamente elaborado el listado de propiedades, que incluiría desde catedrales y ermitas a casas parroquiales, pasando por casas y terrenos. Un hecho que no preocupa a la Iglesia. Entre otras cosas, porque desde el Episcopado están convencidos de que se hicieron las cosas bien, o lo que es lo mismo, conforme a la reforma de la Ley Hipotecaria promovida por José María Aznar en 1998, que impulsó estas anotaciones registrales hasta 2015, cuando fue derogado el artículo que permitía esta práctica. Algunos de los edificios que se inmatricularon en este periodo son tan significativos como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la basílica del Pilar de Zaragoza.

«Es verdad que siempre puede haber algún fallo procedimental o que estén mal instrumentados técnicamente. Incluso que realmente se haya inscrito de forma errónea algún edificio o algún terreno. Si es así, no tendremos ningún problema en devolver a quien se demuestre que es su propietario. Pero jurídicamente tiene poco recorrido», explican fuentes eclesiales. Hasta tal punto que estiman que este margen de error no superaría, tirando por lo alto, ni tan siquiera el 0,5 por ciento de lo registrado, esto es, no más de 150 bienes. Desde Moncloa admiten que no se esperaban ni la disponibilidad de la Iglesia ni el exhaustivo análisis previo de la cuestión por parte de los obispos.

En cualquier caso, toda vez que se pusiera en duda la titularidad, habría que demostrarlo. Entre otras cosas, porque la inmatriculación por sí sola no da el acceso a la propiedad, sino a protegerla. La propiedad de una capilla no derivaría solo del papel sellado en el registro en un momento determinado, sino que habría que valorar otros elementos, como el acto de adquisición o el paso del tiempo que acreditan ser el dueño.

Batalla legal

De ahí que no haya temor a que el Ejecutivo pusiera en marcha un proceso de impugnación o se abriera la puerta a una batalla legal promovida por Ayuntamientos o particulares, en caso de que no se llegara a un acuerdo en la futura comisión técnica. Y todo, bajo la máxima socialista de que cualquier bien de dominio público no puede ser inmatriculado. Entre otras cosas, porque ya ha tenido lugar algún que otro litigio al respecto, con dispares resultados.

Tampoco hay miedo a una posible desamortización. Sobre todo, si la mirada se pone en la laica Francia, donde el Estado es el propietario de todos los edificios religiosos, pero se responsabiliza de la conservación y se compromete a mantener su finalidad eclesiástica, un extremo que podría minar las arcas públicas españolas si se llevara a cabo.

Sin embargo, a pesar de ello, sí que temen que este número reducido de casos pueda llegar a airearse mediáticamente de tal manera que se tome el todo por la parte y, de esta forma, «se saquen a la luz precisamente los casos más extremos o con más aristas para presentar a la Iglesia como una entidad que se apropia de lo que no es suyo, cuando no hay mala fe en este sentido ni en ninguno».

Lo que está claro es que la vicepresidenta Calvo no quiere demorar más sus planes eclesiales para apuntalar la laicidad del Estado con una línea roja: no quiere tocar los acuerdos Iglesia-Estado. Pero incluso a este respecto, los obispos no ven problema, teniendo en cuenta que ya en el año 2006 se llevaron a cabo algunos cambios, capitaneados por María Teresa Fernández de la Vega, que contentaron tanto a los socialistas como a los propios obispos.