Sánchez evita tomar el control pese a la alarma en Europa

Preocupación en Moncloa, que trabaja para excluir a las islas de la cuarentena británica y trata de trasladar un mensaje de confianza al resto de países europeos

El Gobierno aceleró la desescalada presionado por las malas previsiones económicas, la campaña turística y su soledad parlamentaria. El final del estado de alarma se anticipó a los planes que manejaba inicialmente el Ejecutivo y se fue diluyendo en cada votación que, a duras penas, conseguía superar en el Congreso de los Diputados. Con el inicio del mes de julio y la evolución favorable del coronavirus se reabrieron las fronteras, pero solo cuatro semanas después, los rebrotes que están surgiendo de manera indiscriminada a lo largo del territorio han puesto en alerta a algunos países de nuestro entorno, que han optado por ponernos en cuarentena.

El primer paso lo dio Francia con la advertencia a sus ciudadanos de los peligros de desplazarse a algunas zonas de Aragón y Cataluña. Más estricta se mostró Bélgica, que directamente prohibió cualquier viaje no esencial a Lérida y Huesca y recomendó una cuarentena a todos los viajeros que regresasen desde Aragón, Cataluña, Extremadura, La Rioja y País Vasco. También Noruega nos ha impuesto a los españoles un confinamiento de diez días cuando aterricemos en tierras nórdicas, pero ha sido la medida impulsada por Reino Unido de imponer 15 días de aislamiento a quienes lleguen desde España la que ha colmado el vaso y ha hecho saltar todas las alarmas.

En Moncloa existe preocupación por el fuerte impacto que estas decisiones pueden acarrear para el turismo y reconocen que estaban en conversaciones con las autoridades británicas antes incluso de que trascendiera un anuncio que ha pillado desprevenidos a muchos viajeros en el mismo aeropuerto. En este sentido, están trabajando principalmente en dos frentes. En primer lugar, y de manera más prioritaria, se negocia con Reino Unido establecer un «corredor seguro» para viajar a Baleares y Canarias, de manera que las islas –principales receptoras de visitantes británicos– puedan excluirse de la cuarentena impuesta a los turistas. Los esfuerzos se orientan en este punto, exhibiendo la especificidad de ambos territorios insulares, muy controlados y con buenos datos epidemiológicos, que están, además, muy por debajo de los que registra actualmente el Reino Unido. En estas negociaciones no solo está participando el Gobierno central, sino que también se ha hecho partícipe a los ejecutivos autonómicos de Canarias y Baleares, con la esperanza de que «en breve» se pueda llegar a un entendimiento en este asunto.

En paralelo a la cuestión estricta de «salvar» a Canarias y Baleares de la cuarentena británica, Moncloa también está intensificando los contactos con el resto de países de nuestro entorno con el objetivo de trasladar un mensaje de «seguridad, tranquilidad y confianza» para seguir siendo receptores de sus ciudadanos. En este sentido, Exteriores está haciendo en las últimas horas un esfuerzo de información para que los gobiernos europeos conozcan de primera mano las medidas que se están tomando en España.

Se hace especial hincapié, según reconocen fuentes gubernamentales, en que la aparición de rebrotes entraba dentro de lo previsible, después de una pandemia de estas características para la que todavía no se ha encontrado una vacuna, y se expone el «gran esfuerzo que se está haciendo para controlar estos rebrotes». «Un esfuerzo ingente en identificar los casos en los que las personas sean positivas por coronavirus», señalan desde Exteriores, puntualizando inmediatamente que «la mitad de los casos detectados son de personas asintomáticas». Esto –resuelven– responde al concienzudo trabajo de testeo que se está haciendo y una vez detectados los casos, se ponen en marcha medidas de aislamiento para cortar la cadena de posible contagio comunitario.

En el Gobierno reconocen que, a pesar de existir tres grandes focos, en lo relativo a rebrotes, ubicados en Barcelona, Zaragoza y Lérida; los tres «están controlados y se están aplicando protocolos de detección precoz, en coordinación con el Ejecutivo central, dentro de un plan de respuesta temprana acordado hace días con las Comunidades Autónomas».

En estos casos concretos, se resalta además que se han impuesto «medidas muy contundentes» de distanciamiento social, como restricciones en el número de personas que pueden reunirse o el refuerzo de la obligatoriedad de llevar la mascarilla. En Cataluña, por ejemplo, las autoridades pidieron hace diez días a los residentes del área metropolitana de Barcelona no abandonar su domicilio salvo extrema necesidad y el viernes se ordenó el cierre de todas las discotecas, salas de baile y de fiestas en Cataluña, una medida que ya se había adoptado antes en Murcia.

«España es segura»

Se hace especial hincapié en este «escenario de control». «España es un país seguro», sentencian. Y para ello, se exhiben algunas de las cifras de los últimos días, como es la de fallecidos, que en la última semana solo suman 10 decesos. También se destaca que la presión hospitalaria, que en marzo obligó a imponer el confinamiento, se mantiene baja. «Las camas de agudos están por debajo de 1.500 pacientes y las camas de críticos, en torno a 160», informan fuentes gubernamentales. Además, se quiere trasladar que el afloramiento de nuevos casos, la mitad de ellos asintomáticos, se debe en gran medida a la capacidad de testeo que se tiene en la actualidad. En España se han hecho más de 4 millones de PCR.

En todo caso, el Gobierno sigue manteniendo que la situación que se está viviendo no puede identificarse como una «segunda ola», sino que se encuadra dentro de los rebrotes que eran previsibles dada la magnitud de la pandemia del coronavirus. Un escenario con el que habrá que lidiar, no en vano, el Gobierno mantiene el real decreto que sustituyó al estado de alarma, mientras persista la emergencia sanitaria y hasta que llegue la vacuna.

Moncloa descarta tomar el control pese a los rebrotes

El Gobierno se enfrenta a la oleada de rebrotes que han surgido en España en las últimas semanas sin variar un ápice su hoja de ruta. El Consejo de Ministros aprobó el real decreto de la «nueva normalidad» que sustituyó al estado de alarma y que es la norma que rige mientras persista la emergencia sanitaria, esto es, hasta que llegue una vacuna que permita bajar la guardia. Entretanto, en Moncloa se mantienen alerta y vigilantes ante la evolución «dinámica» del virus, pero sin tener sobre la mesa la posibilidad de volver a establecer un confinamiento generalizado, esto es, de recurrir al estado de alarma.

El Ejecutivo no ha cumplido el compromiso al que llegó con partidos como Ciudadanos cuando se aprobó la última prórroga de la excepcionalidad para alumbrar un «plan B» que pudiera entrar en juego en caso de que la situación se complicase. En el Gabinete aseguran que, aunque no lo tienen en mente, en caso de que la situación se agravara «drásticamente», no les «temblaría el pulso» para volver a sumir el país en una suerte de hibernación. Sin embargo, estas declaraciones de intenciones –que en su día proclamó la propia vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo– tienen un efecto devastador en la economía y también generan incertidumbre en la sociedad.

Por el momento, en Moncloa consideran que la situación está «controlada», a pesar de los rebrotes, y que las comunidades autónomas están actuando de manera adecuada y coordinada, en base a protocolos de detección precoz, con el Ejecutivo central, dentro de un plan de respuesta temprana acordado hace días entre ambos niveles de la Administración. Un contexto que les permite augurar que, a pesar de haber focos activos, podrán estar bajo control «próximamente» o aplicar «confinamientos quirúrgicos» en caso de que sea necesario. En Moncloa creen que no estamos ante una «segunda ola» y mantienen una actitud «vigilante, pero cauta».

Sin embargo, esta excesiva cautela no tranquiliza a la oposición, que demanda insistentemente en los últimos días que se tomen medidas más ambiciosas contra los rebrotes. El líder del PP, Pablo Casado, anunció este fin de semana que su partido registrará durante esta semana en el Congreso de los Diputados su propuesta jurídica alternativa al estado de alarma, con el objetivo de dar tranquilidad a los españoles ante la reactivación del virus y cubrir el vacío que ha dejado el Gobierno. En el PSOE critican que demande ahora un «mando único» para lograr una «acción sanitaria coordinada», al que se opuso hasta en dos ocasiones en las votaciones de la prórroga del estado de alarma en el Congreso.

Lo más parecido al «plan B» que prometió Sánchez ha sido el «Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19», una guía remitida esta semana a las regiones en forma de protocolo a seguir para hacer frente a los rebrotes. El documento recoge el marco normativo al que se puede recurrir para adoptar medidas restrictivas frente al virus, en concreto se citan tres leyes que a día de hoy no han sido reformadas por el Gobierno: la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.