El PP presenta su plan “B” frente a los rebrotes mediante

El líder del PP, Pablo Casado ha presidido la comisión de seguimiento de la Covid-19 de su partido donde advirtió de que el Gobierno vuelve a ir por detrás del virus y ha llamado a que deje de “lavarse las manos”.

Ante el aumento de los rebrotes, los populares han anunciado su plan “B” para atajarlos, unas medidas que se sustenta en tres materias: la sanitario, jurídica y económica, haciendo incidencia en el sector turístico.

Casado recordó que “la salud de muchos españoles está en riesgo y el Ejecutivo se ha estrellado contra los rebrotes”. “Queremos que quien pueda se vaya de vacaciones, se reúna con sus familias, o esté con sus hijos jugando en el parque”, y no un Gobierno “desbordado o pasivo” frente a los más de 800 nuevos focos de la Covid. Subrayó que el plan “B” que proponen cuenta con “el factor tiempo” y se tiene que asumir “ya”. Por ello Casado pidió “menos autobombo, menos pasillos de aplausos y menos decir que el Gobierno lo ha hecho todo bien, porque 45.000 muertos no es hacerlo todo bien”.

El líder del PP ha vuelto a tender la mano al Gobierno para legislar o acordar las medidas urgentes y recordó que el “plan Cajal” que propuso durante el estado de alarma, aún se puede llevar a cabo.

Reforzar la legislación

En materia sanitaria, los populares proponen reforzar Ley de Salud Pública, una aplicación estricta de las alertas internacionales con carácter vinculante de las alertas de la OMS, plan de acceso a los profesionales sanitarios a los EPIs, transparencia sobre los datos de las víctimas y conocer el número real de fallecidos o una política nacional de vacunas, porque, advirtió, “se van a juntar los rebrotes con la campaña de la gripe común” y consideró que se debe saber quién se tiene que vacunar de la gripe a la espera de la vacuna de la Covid.

En la Ley General de Sanidad apuesta por reforzarla con medidas para garantizar la igualdad territorial efectiva en el acceso de prestaciones en crisis y en normalidad, la garantía de la asistencia sanitaria en centros de mayores así como la colaboración efectiva en la red de oficinas de farmacia y la cooperación entre Centros sanitarios de diferentes comunidades.

En el ámbito del turismo, Casado destacó que las cifras turísticas “son muy preocupantes”; ya que se ha desplomado el 80% del negocio turístico nacional, sólo hay un 30% de los hoteles abiertos y un 50% de las agencias operando. Por ello, plantea un plan de choque alternativo en el sector turístico en el que proponen que el Gobierno asuma el coste de las PCR a los turistas que llegan, la reducción del IVA en el sector y bajada de tasas aeroportuarias, mejorar los fondos de liquidez o prorrogar los ERTEs incluso hasta el primer trimestre de 2021.

En cuanto a materia jurídica, el PP apuesta por un “plan alternativo” al estado de alarma que se basa en el derecho a la salud, en concreto la Ley Orgánica del 86 que limita derechos fundamentales sin necesidad de acudir al estado de excepcionalidad. Pablo Casado apuntó a que son modificables algunos de los artículos de esta norma. En concreto, su artículo tercero destaca dicha ley que “con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”. Apunta que también se pueden facultar medidas para evitar la transmisibilidad y propone una modificación de ese artículo tercerdo para que incluya la realización de medidas preventivas y sometimiento de cuarentena, sometimiento a aislamiento y tratamiento cuando así proceda, además de la localización de las personas que han estado cerca y el control de movimiento en dicha zona.

También plantean una modificación de la ley contenciosa administrativa que diferencia entre la limitación de un derecho y otra la privación. Por ello, cuando se decida el internamiento forzoso de un paciente, apuestan porque la jurisdicción tiene que seguir autorizando esos procedimientos. Más allá del control efectivo ante recursos o tutela judicial efectiva, esa limitación se puede hacer en base a la ley orgánica. “La privación de un derecho tendrá que estar autorizada por un tribunal y la privación en base a esa Ley del 86 que debería completarse”, apuntó el líder del PP. Además, añaden dos apartados de manera que, cuando sea una comunidad o el Gobierno de la nación los que limiten esos derechos, se pueda acudir al tribunal de Justicia o al Supremo, algo que, apuntó, “da garantías”. “Queremos garantía de los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo seguridad, protección”.

De esta manera ofrece al Ejecutivo una propuesta legislativa, apuntando incluso las leyes que se podrían incluso cambiar, por lo que el líder del PP no entendería que el PSOE “no se sienten desde hoy mismo a legislar” con ellos.