Francia avala la libertad de “Josu Ternera” con control telemático

El histórico ex dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, quedará en libertad a la espera de que las autoridades francesas se pronuncien sobre su extradición a España. El Tribunal de Apelación de París ha avalado que el ex jefe de ETA -que se encuentra encarcelado en Francia desde junio del pasado año tras ser detenido en el país vecino- abandone la prisión parisina de La Santé y quede en situación de arresto domiciliario con control telemático para evitar una posible fuga.

Según las fuentes consultadas, la salida de prisión del ex jefe de la banda terrorista se producirá en las próximas horas.

El pasado día 2, el tribunal francés ya dio el visto bueno a la medida a la espera de constatar, como así ha sucedido, la fiabilidad de los medios tecnológicos para garantizar ese control del ex jefe de ETA, que se realizará mediante una pulsera telemática que permitirá a “Josu Ternera” salir de su domicilio, por ejemplo para sus visitas médicas por el cáncer que padece, ciñéndose a un cuadro de horarios.

La Audiencia Nacional reclama a Urrutikoetxea por cuatro causas, pero el Tribunal de Apelación de París descartó hace un mes entregarle para que sea juzgado por un delito de lesa humanidad por los crímenes cometidos por la banda terrorista mientras “Josu Ternera” fue uno de los jefes de ETA.

La Justicia francesa sí accedió el pasado enero a la entrega del terrorista para que responda en España por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, que causó once muertos, entre ellos seis niños, y decenas de heridos, pero la defensa del ex dirigente etarra, que ejerce en España el letrado Gonzalo Boye, recurrió esa decisión.

Además, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene abierto un sumario en el que se investiga la posible responsabilidad del ex dirigente etarra en el asesinato de Luis Maria Hergueta, directivo de Michelín en Vitoria, de un tiro en la nuca, el 25 de junio de 1980, y el titular del Juzgado de Instrucción número 5, José de la Mata, mantiene como investigado a Urrutikoetxea por delito de integración en organización terrorista en la macrocausa por la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas”. En total, España ha tramitado dos demandas de extradición y dos euroórdenes contra “Josu Ternera”.

Tras ser imputado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, “Josu Ternera” se dio a la fuga en noviembre de 2002, eludiendo así la citación del Tribunal Supremo, que había asumido la causa por la condición de diputado del Parlamento vasco del terrorista en esas fechas.

“Implicado” en el “proceso de paz”

En su comparecencia ante el magistrado Christophe Seys tras su detención en Francia, el ex dirigente de ETA negó que desde su fuga en 2002 estuviese en la clandestinidad y aseguró que todo ese tiempo estuvo «implicado activamente» en el «proceso de paz». El magistrado consideró entonces la prisión de “Josu Ternera” como “la única forma de garantizar el mantenimiento de dicha persona a disposición de la justicia, dado que es objeto de búsqueda en España en el marco de tres procedimientos relativos a hechos de extrema gravedad, castigados con penas muy elevadas”.

La acusación de lesa humanidad por la que Francia se niega a entregar a “Josu Ternera” -a quien se le atribuyen dos asesinatos durante el periodo en el que fue uno de los jefes de la banda terrorista- fue impulsada por la asociación Dignidad y Justicia y culminó con el procesamiento del terrorista en 2015 junto a otros tres antiguos dirigentes de ETA: Garikoitz Aspiazu, “Txeroki”, Mikel Carrera Sarobe y Ángel Iriondo. La Audiencia rechazó sin embargo procesarles también por genocidio y limitó la imputación de lesa humanidad únicamente a partir de octubre de 2004, cuando el Código Penal incorporó este delito, que desde 2015 está castigado con la pena de prisión permanente revisable.

En el auto de procesamiento se considera a los cuatro ex responsables de la banda terrorista de la estrategia de «persecución sistemática de amplios sectores de la población» que suponían un obstáculo para la consecución de los fines de ETA al ordenar a los “comandos” cometer los atentados. Todos ellos tenían, según el instructor, “perfecto dominio de la organización”, por lo que “deberían responder de los hechos delictivos que han dirigido o respecto de los cuales han decidido”.