“Caso 3%”: la Audiencia propone sentar en el banquillo al PdeCAT por la financiación ilegal de CDC

De la Mata procesa a tres ex gerentes de Convergencia y a otras 28 personas por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los ex gerentes de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Daniel Osácar, Andreu Viloca y Germá Gordó y a otras 28 personas -entre ellas el ex responsable jurídico de la formación Francesc Xavier Sánchez Vera y varios cargos políticos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas catalanas- por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el denominado "caso del 3%", por haber financiado al partido "ilegalmente y en forma encubierta".

El magistrado propone también que se sienten en el banquillo los representantes de 16 personas jurídicas, entre ellas la propia CDC, el PdeCAT y diversas empresas señaladas por nutrir supuestamente las arcas de CDC con comisiones ilegales. y varios cargos políticos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas catalanas.

En julio de 2016, recuerda el juez, se toma la decisión en el seno de CDC de cesar en su actividad para fundar el PdeCAT, pese a lo cual según De la Mata existe “una aparente identidad” entre ambas formaciones, pues advierte indicios de que la creación del PdeCAT “lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido, se corresponde con la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC”.

Para el magistrado, el PdeCAT es una “mera transformación o cambio de apariencia” de CDC, por lo que define su supuesta disolución como “actor político” de Convergencia y la creación del nuevo partido como “meramente aparente, al conservarse en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales, con los que contaba el anterior partido y que, en muchos casos, son titularidad de CDC”.

Con la resolución de pase a procedimiento abreviado, de 304 páginas, el instructor pone punto y final a cinco años de investigación, que comenzó en 2015 centrada en determinadas actuaciones irregulares de personas vinculadas al Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona).

De la Mata señala que altos cargos de CDC, en connivencia con responsables públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña y con distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político de forma supuestamente ilegal. Entre las sociedades procesadas figuran TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras y Copisa.

El montante total de licitaciones que, según el magistrado, habrían estado condicionadas por el pago de donaciones a las fundaciones afines a CDC suma 218 millones de euros y el de las adjudicaciones y modificaciones de proyectos bajo sospecha asciende a 175 millones, a las que De la Mata vincula el pago de más de un millón de euros en “donaciones” irregulares.

En lo más alto de la organización, el juez incluye a los responsables de la coalición Gordó, Osácar y Viloca, quienes llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones del ámbito territorial catalán, todas bajo la esfera de poder de CDC (ayuntamientos, diputaciones u organismos dependientes de la propia Generalitat), e “influían en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a este pacto criminal”. Ellos, según el magistrado, llevaban las cuentas, materializaban el seguimiento de deudas pendientes, en las adjudicaciones dadas y “por supuesto recibían los pagos”.

En un segundo escalón, el magistrado sitúa a las autoridades de estas administraciones que, de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron presuntamente concursos públicos con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia los empresarios que nutrían la contabilidad opaca del partido.

En el tercer escalón, el instructor incluye al grupo de empresarios que, sistemáticamente, se habrían concertado con altos cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas a CDC: Catdem y Fundació Fórum Barcelona.

Según De la Mata, todos ellos eran necesarios “para cerrar el círculo de la actividad delictiva” y llevaron a cabo estas actuaciones con un solo fin, “subvertir el estado de derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una “financiación ilegal” para el mismo, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio al propio erario público”.

Tras el análisis exhaustivo de los documentos intervenidos al ex tesorero de CDC Andreu Viloca sobre licitaciones y adjudicaciones, el juez detalla todas las adjudicaciones y donaciones investigadas a lo largo de estos años, identificando las empresas a las que se adjudicaron los contratos y examinando las reuniones de los tesoreros del partido con los empresarios, así como las donaciones de dichas empresas a Convergencia.

De la Mata destaca la "íntima relación temporal y causal" entre los anuncios y publicaciones de los concursos y esas reuniones bajo sospecha, la adjudicación del contrato de obra o servicio investigado y las consiguientes donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC.

No obstante, el instructor recalca que no siempre existía una exacta concatenación temporal entre los pagos y las 31 adjudicaciones supuestamente irregulares que detalla, porque las donaciones no estaban necesariamente vinculadas a adjudicaciones concretas, sino a mantener la buena relación con el partido y "situar o mantener a la empresa en posición de acreedor con vistas a futuras adjudicaciones".

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 sitúa a Gordó, Osácar y Viloca al frente de una estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por los responsables del área económico-financiera de CDC, para financiar ilícitamente al partido político mediante la "venta" de influencias en la adjudicación de contratos públicos. Una organización que tilda de criminal y a la que se habría sumado posteriormente Sánchez Vera desde su incorporación a CDC como responsable económico y jurídico.

De la Mata hace hincapié en la trascendencia que tenía esta estructura paralela de financiación presuntamente irregular en CDC, pues los ingresos que obtuvo provenientes de sus fundaciones significaron, dice, una fuente de financiación que supuso, entre 2008 y 2012, una media del 11,5% de la “financiación privada” de la formación y un 7,7% de la financiación total.

Se trataba, según ha puesto de relieve la investigación judicial, de “una operativa sostenida en el tiempo, de carácter sistémica, que permanece inalterable con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de las estructuras en el seno de las cuales se ejecuta”. De hecho, subraya, “los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos objeto de investigación, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos”.

Al menos durante once años

No en balde, añade, esa operativa se mantuvo incluso después de los hechos investigados en el “caso Palau”, por lo que deduce que los responsables del partido no pusieron en marcha “ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante once años”.

Para el juez resulta clave la influencia que ejercían los responsables de las finanzas del partido con los funcionarios, "una relación con suficiente peso o fuerza para poder exigirles llevar a cabo determinadas actuaciones, pues todos ellos eran conscientes de las consecuencias que seguir o no las indicaciones del tesorero o responsable de finanzas o gerente del partido podría tener sobre las perspectivas futuras en su carrera profesional o política".

Respecto a las 16 personas jurídicas procesadas, De la Mata señala que se concertaron con altos cargos de CDC "para alterar en perjuicio de los intereses públicos los procesos de contratación pública, recibiendo adjudicaciones de licitaciones y concursos públicos de las distintas administraciones gobernadas por CDC a cambio de efectuar pagos al partido". Unas donaciones, indica, que se intentaban difuminar por un lado mediante su ingreso a través de diferentes empresas pertenecientes al mismo holding y, por otro lado, efectuando los pagos a través de las fundaciones vinculadas a CDC.

Asimismo, el instructor resalta que CDC no disponía de un protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos, como ya advirtió el Tribunal de Cuentas en sus informes en relación a los pagos realizados al partido a través de donaciones.

Infraestructuras de la Generalitat

El magistrado propone igualmente juzgar a 18 personas en la pieza en la que se investigó al área de Infraestructuras de la Generalitat, también vinculada al “caso del 3%”, por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias y malversación. En esta pieza, procedente del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendell (Tarragona), se ha investigado la adjudicación de determinados contratos, principalmente ingenierías, a cambio del pago de comisiones entre 2008 y 2015.

El juez explica en un auto de 146 páginas que ciertas empresas de ingeniería, en el entorno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca), habrían pactado durante esos años los precios que ofertaban en concursos públicos licitados por ciertas administraciones y empresas públicas, con el objetivo de evitar la libre competencia y obtener un contrato más beneficioso que aquél que habrían obtenido en condiciones de igualdad.

Una práctica que acarreó, añade, "la alteración de las cuantías desembolsadas por la Administración Pública por los proyectos de obra pública ofertados en los que las referidas empresas se presentaban, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas".

Se trata, señala De la Mata, de una “estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por las personas indicadas, para direccionar la adjudicación de contratos públicos en beneficio de una serie de empresas de su confianza”.