Querella contra Iglesias por «acoso» a una veintena de vecinos que protestaron en su chalet

Una veintena de vecinos de Galapagar (Madrid) sancionados por las protestas en las inmediaciones del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero tienen intención de querellarse en las próximas horas contra el vicepresidente del Gobierno por un delito contra el ejercicio de derechos cívicos cometido por autoridad, por coacciones y denuncia falsa con el agravante de prevalerse de su cargo público.

La plataforma Sancionados por Pablo Iglesias presentará, además, una segunda querella contra varios agentes de la Guardia Civil que han formado parte del dispositivo desplegado por Interior para proteger la vivienda del líder de Podemos y de la ministra de Igualdad, en este caso por delitos de lesiones leves, coacciones y, también, por impedir supuestamente el ejercicio de derechos individuales con el agravante de abuso de autoridad, delito este último castigado con penas de inhabilitación de uno a cuatro años.

Las dos querellas se presentarán previsiblemente hoy mismo de forma telemática, una ante el Tribunal Supremo (dado que Iglesias es aforada en razón de su cargo) y otra ante los juzgados de instrucción de Collado-Villalba, partido judicial de Galapagar.

Las concentraciones frente al chalet se incrementaron en protesta por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus, lo que llevó al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska a reforzar el pasado mayo el dispositivo de la Guardia Civil en las inmediaciones de la vivienda, con órdenes incluso de retirar banderas españolas y pancartas. Una de las vecinas que firmarán las querellas, Claudina G., denuncia que los agentes «si paseas con una bandera de España te piden el DNI y si vuelves a pasar te imponen una propuesta de sanción porque dicen que nos estamos manifestando». «Tenemos ya un montón de propuestas de sanción y a algunos ya les están empezando a llegar a sus domicilios», asegura.

Dos de esas denuncias –cuyas multas ascienden a 600 euros– ya están archivadas, confirma la abogada Polonia Castellanos, presidenta de la asociación Abogados Cristianos, que firmará las querellas, aunque precisa que lo hará a título particular «para ayudarles» y «sin ánimo de lucro».

El resto de las propuestas de sanción se encuentran actualmente en vía administrativa, donde serán recurridas antes de hacerlo en vía contenciosa, explica a LA RAZÓN. La mayoría se han impuesto por negarse a identificarse a la autoridad o por ocupación de la vía pública. «Su único fin es disuasorio –se queja–, porque son personas pacíficas y todo el mundo tiene derecho a pasear con la bandera de España, que es constitucional». «No van a llegar a ningún sitio. No hay una base mínima para que prosperen», advierte.

Para el vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, esas concentraciones son «escraches» que alteran su vida familiar y se inmiscuyen en su intimidad, por lo que ya se ha querellado por varios delitos –entre ellos acoso, coacciones y alteración del orden público– contra el que considera el cabecilla de las protestas.

El pasado mayo, la Unión de Guardias Civiles (UGC) criticó al Ministerio del Interior por redoblar la seguridad en torno a la vivienda de Iglesias a consecuencia de las protestas a las puertas de su domicilio. El portavoz de esta asociación profesional, Francisco Javier Nodar, incidía en el hecho de que el aumento de la «conflictividad» frente al chalet por las críticas a la gestión sanitaria del Gobierno no implicaba necesariamente que fuese violenta o pusiese «en peligro la integridad de nadie». Además, criticaba el cierre de la calle donde se encuentra el chalet y ponía de relieve el «malestar» de varios agentes que integraban el dispositivo policial al situarlos «entre el político y el ciudadano» y dar la sensación de que estaban «posicionando».

Jupol, sindicato mayoritario de Policía, calificó de «ilegal» el pasado 19 de julio la decisión de Interior de desplegar a agentes del cuerpo para la vigilancia perimetral de la vivienda de Iglesias y Montero. En un comunicado, su secretario general, José María García, hizo patente la «oposición frontal y absoluta» a la misma, por considerar que solo acarrearía «consecuencias negativas para la imagen» de la Policía Nacional.

El representante sindical afirmó no entender los motivos por los que el Ministerio realizaba esa «modificación en las funciones de vigilancia del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, sin ni siquiera dignarse a relatar los motivos», un despliegue que según Jupol conllevaría «un perjuicio para la imagen pública que tiene actualmente la Policía Nacional, y que se había visto reforzada durante la pandemia sanitaria del Covid-19».

Desde la organización sindical se instó incluso a los mandos policiales a mostrar su oposición a una decisión «unilateral y sin sentido del ministro Grande-Marlaska» que, según Jupol, obligaba a los agentes a «acatar una orden completamente contraria a la ley».