El plan imposible de la izquierda: un revocatorio contra Felipe VI

Nunca ha ocultado Podemos su deseo de introducir en el ordenamiento jurídico español el referéndum revocatorio. Se trata de una figura legal prevista en algunos países que permite a los ciudadanos iniciar un procedimiento que puede llegar a de-sembocar en la destitución de un cargo político electo antes de que finalice su mandato. Los de Pablo Iglesias incorporaron, de hecho, esta propuesta a su programa electoral con el que concurrieron a las elecciones general del 28 de abril de 2019. En concreto, la propuesta de la formación morada consistía en alumbrar la posibilidad de iniciar un proceso revocatorio cuando el 15 por ciento del censo electoral entendiese «que el Gobierno le había dado la espalda». El proceso culminaría con un referéndum vinculante para decidir si el presidente del Gobierno debe dimitir y convocar nuevas elecciones generales. Se trata, en definitiva, de dar a los electores la posibilidad de interrumpir una legislatura si se diera un escenario en el que existiese un clamor contra el Gobierno. Este procedimiento esta en vigor en algunos cantones de Suiza y en determinados estados de EE UU. También en regiones de Argentina. A nivel nacional, está regulado en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador o México.

Sin apoyo entre los demás partidos, ni Podemos ni ninguno de los partidos que confluyen con la marca morada en las urnas lo han llegado a plantear nunca fuera del contexto electoral. Ayer, sin embargo, el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida lo sugirió como receta democrática en mitad del debate abierto a raíz de la decisión de Don Juan Carlos de trasladar su residencia fuera de España. Garzón achacó la situación del anterior jefe del Estado con la falta de controles de la Monarquía y, frente a ello, puso como ejemplo «la tradición republicana». A juicio del titular de Consumo, la democracia debería consistir en «tener normas y reglas que impidan que cualquiera, por bueno que parezca al principio, pueda convertirse en corrupto» y ser revocado del cargo, no en «exigir moralidad a los dirigentes y representantes públicos».

Deslizar la idea de establecer algún mecanismo similar al del referéndum revocatorio –teniendo en cuenta que esta figura jurídica está prevista para cargos electos y no, por tanto, para reyes– o la apertura del debate en torno a una reforma constitucional que amenazase la continuidad de Felipe VI parecen haberse convertido en una prioridad para los dirigentes de Unidas Podemos. Tanto el vicepresidente Iglesias como la ministra de Igualdad, Irene Montero, se han mostrado partidarios en los últimos días de abrir el debate en torno al modelo de Estado y han recalcado la necesidad de que el Ejecutivo de coalición sea «sensible» en torno a la discusión que, según ellos, se viene suscitando en la opinión pública en torno a la continuidad de la Monarquía parlamentaria o la posibilidad de abrir paso a una república. De esta forma, ambos desafiaban la posición oficial fijada por Sánchez en su apoyo a la Monarquía parlamentaria y al pacto constitucional. El propio Garzón se alineó ayer en esta misma línea crítica respecto a la postura de Sánchez. El titular de Consumo aseguró que, más allá de las irregularidades que pudiera haber cometido Juan Carlos I cuando era el Jefe del Estado, el problema en España es la monarquía, que impide apartar del cargo a quien participa en prácticas corruptas. Garzón contradecía así al presidente del Gobierno, que la pasada semana trató de diferenciar la situación del Rey Emérito de la figura del Jefe del Estado recalcando que «no se juzgan instituciones, sino a personas». Garzón, sin embargo, hizo el análisis contrario: «La clave no es si Juan Carlos es buena persona, sino cómo y, sobre todo, por qué pudo hacer lo que hizo. Instituciones, no personas», subrayó.