Torra plantea celebrar las elecciones catalanas el 15-N

Los despachos de la Generalitat son un hervidero. El coronavirus, con sus polémicas internas; las ideas-ocurrencias de Torra para meter con calzador a las Cámaras de Comercio, sobre todo la de Barcelona, dominadas por los independentistas, en el reparto de la representación institucional de empresas y sindicatos; el proceso de Junts per Catalunya para engullir al PDeCAT y la fecha de las elecciones, se están llevando la palma en los debates bajo mano, en despachos y en reuniones no oficiales. Con este escenario, el presidente Torra con una gestión irrelevante e ineficiente se ha convertido en imprescindible, porque, al fin y al cabo, él es quien convoca las elecciones.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, intentó en vano consensuar una fecha con Torra. No lo consiguió. Se reunieron discretamente mientras el líder de ERC gozó del tercer grado. Y es que Torra sigue barajando diferentes escenarios, centrando en su figura toda la atención. El primero que barajó y mantuvo en vilo a todas las fuerzas políticas, fue fijar las elecciones para el 4 de octubre. LA RAZÓN lo publicó, pero la pandemia con más de mil contagios diarios y más de cien mil infectados en el cómputo global, aconseja retrasar la cita. Todos los partidos, incluido Junts per Catalunya, deshojaban la margarita, ante esta posibilidad. Al final, Torra mantuvo el suspense hasta el final y agotó los plazos. Las elecciones no serán el 4 de octubre. Más de uno, respira, aunque nadie pone la mano en el fuego. No se convocarán aunque Torra puede convocarlas de forma sorpresiva a lo largo del día de hoy, siempre que el DOGC recoja su publicación hoy mismo. No parece, pero nadie se atreve a adelantar acontecimientos.

Torra no está dispuesto a abandonar este protagonismo y nada más lejos de su intención que seguir moviendo los hilos. La última quiniela del equipo de Torra es anunciar la fecha el 18 de septiembre. La idea de los asesores del president es fijar el pleno del debate de política general para el 16 de septiembre, el día antes de la revisión del caso de Torra en el Supremo, haciendo coincidir el debate político catalán con la vista del Supremo el 17. Objetivo, calentar el momento político y, sobre todo, los sentimientos de los votantes de Junts per Catalunya. Y el último día del pleno, fijar la fecha de las elecciones. La fecha elegida: el 15 de noviembre.

Torra quiere aprovechar el momento político en beneficio propio. Este momento se inicia con la conmemoración de fechas «históricas» del independentismo: el 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlament aprobó las leyes de desconexión; el 11 de septiembre, la Diada; el 1 de octubre, referéndum ilegal; y 3 de octubre, huelga de país contra «la represión del Estado». Además, el independentismo quiere impulsar la movilización tras el mes de agosto para reactivar a sus electores, aprovechando estas fechas «históricas», pero implementando movilizaciones a lo largo del territorio en reivindicación del 1-O y aprovechando la coyuntura para criticar y erosionar al verdadero adversario electoral: Esquerra Republicana.

Así las cosas, las fuentes consultadas, de toda solvencia, afirman que Torra podría anunciar la fecha de las elecciones el último día del debate de Política General, el 18 de septiembre. Anunciar, que no convocar. Dos verbos que Torra conjuga en su propio interés, aunque su margen se estrecha. Con este movimiento, Torra intenta garantizarse que será el presidente de la Generalitat quién convoque las elecciones y no el Tribunal Supremo el que las fuerce si confirma la sentencia que lo inhabilita. De esta forma, Torra podría ser presidente hasta la celebración de las elecciones porque sus abogados intentarán dilatar lo máximo posible la decisión del tribunal con «todo tipo de tretas jurídicas». Asimismo, Torra acepta las exigencias de Puigdemont de esperar a convocar elecciones hasta que Junts per Catalunya sea un proyecto político consolidado y el PDeCAT sea sólo un recuerdo. La intención de Puigdemont es que el congreso de su formación finalice el 3 de octubre, después de elegir el núcleo duro de la dirección este mismo fin de semana, con capacidad para confeccionar las listas electorales si Torra, que va de por libre, tuviera una nueva ocurrencia.

Retrasar las elecciones permitirá también a Puigdemont decidir quién será el candidato. El mismo lo podría ser, pero surgen voces en su entorno –la última la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas– que cuestionan su liderazgo con afirmaciones como esta: «Si Carles Puigdemont no puede venir para ser president, difícilmente podrá ser el candidato de JxCAT». Según algunas fuentes consultadas, alargar la legislatura que está «muerta» e inactiva aporta un ingrediente más favorable a los intereses de Puigdemont, la vuelta a la cárcel de Oriol Junqueras, lo que deja a los republicanos sin su voz con más carisma en un periodo pre-electoral, donde se jugará una partida de posicionamiento. Así se añade otro ingrediente. Puigdemont puede ser un reclamo, pero no el candidato, quedando obligado a señalar a un delfín.

La situación ha provocado que ERC apueste definitivamente por lanzar la corrupción como debate electoral. Pere Aragonés quiere que la Generalitat se persone como acusación particular para «recuperar hasta el último euro». Es un aspecto que puede comprometer electoralmente a JxCat porque dos de sus consejeros, Damià Calvet y Jordi Puignerò, este último muy bien situado para ser el candidato del partido de Puigdemont, están afectados por la última sentencia del caso 3% por su gestión en el Ayuntamiento de Sant Cugat que fue condenado por estos hechos. El Ayuntamiento, ahora dirigido por ERC, se ha personado en la causa y ha pedido la dimisión de ambos consellers.

El movimiento de Torra solamente podría verse truncado si el Supremo se adelanta a sus intenciones, ya que, según se estima en círculos judiciales, podría tardar poco tiempo –para principios de octubre– en resolver, siempre que la estrategia jurídica del president no lo retrase o que las elecciones ya estén convocadas –generalmente, el Alto Tribunal evita publicar las resoluciones para no interferir–. En el caso que se adelante, Torra utilizará un vacío legal: el Supremo puede confirmar su sentencia de inhabilitación, pero Torra tiene 48 horas hasta que les sea notificada.

Ese tiempo entre la sentencia y su notificación es el que puede aprovechar para convocar. Las fechas se situarían en el 15 o el 22 de noviembre, siendo el 15 la fecha que tiene más posibilidades. Además, si Joaquim Torra convoca se mantendrá en la presidencia y Pere Aragonés, su vicepresidente, no ocuparía la presidencia de forma interina, situación que Junts per Catalunya, y Torra, quiere evitar de todas las maneras posibles porque no es baza apetecible en una contienda electoral «a cara de perro» para liderar el independentismo.