Iglesias: Sin luz ni taquígrafos

Hubo un tiempo pasado en el que Podemos agarraba el altavoz para denunciar los casos de corrupción que afloraban en otros partidos políticos. Denunciaba el silencio de los mismos ante las acusaciones de financiación irregular, como en el caso del PP con la trama Gürtel y exigía hasta la saciedad las dimisiones de sus cargos de sus responsables. Sin embargo, hoy la máxima que impera en el partido es la del silencio de su líder Pablo Iglesias tras que la Justicia haya puesto el foco en la posible financiación irregular que puede rodear al partido, al que el juez de instrucción número 42 de Madrid ya ha imputado como persona jurídica, a la vez que ha hecho lo propio con parte de su cúpula tras la denuncia de su ex abogado, José Manuel Calvente, por posibles delitos de malversación y administración desleal.

Desde que saltaran las sospechas sobre financiación irregular, el vicepresidente del Gobierno ha desconectado sus redes sociales, a las que habitualmente recurre día a día para hacer valoraciones políticas, principalmente. Esta es la misma hoja de ruta que han impuesto desde su equipo de comunicación que ha cerrado la puerta a cualquier tipo de intervención en medios de comunicación hasta ahora, cuando cotidianamente suele atender semanalmente a una radio o televisión. El mismo camino ha seguido la ministra de Igualdad, Irene Montero, que apenas ha dado difusión a dos tuits en esta semana. De hecho, desde el partido morado creen que Iglesias todavía no se pronunciará al respecto. Preguntado ayer por la cuestión el fundador Juan Carlos Monedero en «el programa de AR» de Telecinco, aseguró que «no tendrá problema en salir» pero será, «cuando las aguas se calmen».

Ante el señalamiento judicial, la dirección de Podemos ha decidido delegar el peso de la defensa en dos figuras, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique y el portavoz del partido, Rafael Mayoral. Son las dos personas encargadas de poner en marcha la operación mediática destinada a salvar al socio minoritario del Gobierno, mientras que desde el PSOE no ha salido a la defensa de sus compañeros, unos pasos medidos que conducen a la intención de los socialistas de que los morados acusen dentro del Gobierno el desgaste judicial. Para la parte morada, la investigación corresponde a un intento de desmantelarlos de Moncloa, mantra en el que se han instalado para defenderse de las sospechas que les acechan, tanto por el «caso Dina», como por el caso de financiación irregular. El partido trata de cuestionar la solidez del testimonio de su ex letrado y asegura que se trata de una campaña mediática «de difamación».

Mientras, desde el PP piden la comparecencia de Iglesias en el Congreso en un pleno extraordinario, para informar de cómo «afecta al desempeño de su cargo como vicepresidente, las actuaciones judiciales. Se suman a la petición que hizo Ciudadanos para que comparezca en comisión.