Feijóo ultima su alternativa a 17 estados de alarma

El ofrecimiento del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar un estado de alarma individualizado en cada comunidad autónoma no ha gustado a practicamente ningún líder autonómico. El último en alzar la voz fue ayer el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que, volvió a tomar la iniciativa y ofreció al Ejecutivo una reforma de la ley de Salud Pública.

Tras reunirse con el comité clínico que asesora a su Ejecutivo, Feijóo anunció que ultima una nueva ley orgánica de salud que remitirá al Gobierno central y también al Parlamento gallego, como paso previo a que este texto, con la formulación de proposición de ley, pueda ser remitido al Congreso para su debate.

Según anunció en rueda de prensa, el borrador calcula que podría estar listo en la primera semana de septiembre y una vez redactado se lo remitirá al Ejecutivo central a modo de alternativa a lo 17 mini estados de alarma en el conjunto del país.

El presidente gallego subrayó la necesidad de un texto legal que permita decidir «con rapidez» las medidas que son necesarias «en cada caso, cada lugar y cada territorio».

Según avanzó el proyecto legislativo permitirá a una comunidad tomar decisiones sin necesidad de ratificación judicial y que, en alguna ocasión podría, afectar a los derechos fundamentales. Se trataría de evitar situaciones como la de la semana pasada cuando un juzgado de lo contencioso administrativo tumbó una orden de la Consejería de Sanidad de Madrid.

Con este anunció, el presidente gallego vuelve a tomar la iniciativa en la lucha contra la pandemia como ya sucedió cuando prohibió fumar en espacios públicos si no se guardan los dos metros de distancia. También fue el primero que promovió que los niños de seis años lleven mascarilla de forma obligatoria, de cara a la vuelta a las aulas en septiembre. Ambas medidas fueron posteriormente asumidas por otras comunidades, incluida el Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa.

En su intervención, Feijóo recordó que el estado de alarma es una medida «excepcional» y que no es «útil» para la gestión de una pandemia que requerirá la toma de decisiones durante «meses, semestres o años». Por ello, insistió en que la «mayor parte» de comunidades, con independencia de su signo político, demandan «desde hace meses» el impulso de instrumentos «jurídicos» adecuados que faciliten la toma de decisiones.

Su propuesta sigue la línea del Partido Popular que desde el mes de julio reclama al Ejecutivo central una modificación del marco jurídico que permita tomar decisiones sin necesidad de adoptar, de nuevo, un estado de alarma en todo el país, y que permita adaptar el ordenamiento a la situación epidemiológica de cada territorio.